El titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, puso el grito en el cielo y denunció supuestas maniobras políticas detrás de un proyecto de ley impulsado por el kirchnerismo para declarar la emergencia nacional en materia de discapacidad en todo el país. En el ojo de la tormenta se encuentra el diputado Eduardo Valdés, a quien el funcionario acusó directamente de tener un «conflicto de intereses» entre su rol legislativo y su vínculo con “miembro de una fundación que recibe subsidios”.
Valdés ostenta el cargo de vicepresidente segundo de la comisión bicameral de Discapacidad y, además, fue miembro del directorio de la fundación Infancia, una de las prestadoras de servicios en el área, actualmente dirigida por su familia.
En declaraciones radiales, Spagnuolo manifestó su sorpresa por el plazo que abarca el proyecto de ley, declarando la emergencia desde el año pasado y hasta el 31 de diciembre de 2027. «Esto llama la atención el período por el este proyecto ley declara una un estado de emergencia en el sector de discapacidad. Desde el año pasado y hasta el 31 de diciembre del año 2027, es decir, lo que sería el primer mandato del presidente Javier Milei” y no la gestión de Alberto Fernández, ironizó el titular de la Andis.
Además, Spagnuolo advirtió que si la ley se aprueba y el gobierno se ve obligado a saldar una supuesta deuda con los prestadores, esto representaría “un un bombazo directo a la política económica, o sea, ataca la principal política económica que es el déficit cero”.
Sin rodeos, el titular de la Andis afirmó que el proyecto “es una ley hecha a medida de los prestadores, más que de las personas con discapacidad” durante una entrevista con el periodista Luis Gasulla.
Según Spagnuolo, el proyecto “establece gastos altísimos, pero no dice cómo se van a financiar. Es esto es una práctica muy común. Los legisladores kirchneristas pretendiendo atender una causa noble, como en su momento fue el financiamiento de las universidades o el aumento para los jubilados, esconden un ataque directo a una política del gobierno que hasta el momento demostró ser muy exitosa”.
Ante la pregunta sobre si Valdés actuaba “de los dos lados del mostrador”, Spagnuolo respondió con contundencia: “Sí, claramente. Esta ley eh establece un incremento muy significativo para los prestadores. Yo no sé cuál es la situación conyugal de Valdés. Pero lo cierto es que Valdés figura como miembro del del directorio”. Y agregó: “Es decir, que si esta ley se llega a sancionar y aplicar, la familia de Valdés va a recibir un incremento importantísimo en sus ingresos. Así que yo te diría que sí, que está de los dos lados del mostrador”.
Por su parte, Susana Re, desde la fundación Infancia, negó rotundamente otorgar pensiones y afirmó que Valdés ya no forma parte del directorio. Asimismo, consideró “injurioso” haber sido presentada como una “gerente de la pobreza” en un programa televisivo.
Spagnuolo redobló la apuesta y señaló que el presidente de la Comisión de Discapacidad de Diputados es Daniel Arroyo, de quien dijo que “cuando Daniel Arroyo era gobierno, no hizo absolutamente nada de todo esto que pretende hacer, absolutamente nada de todo esto que pretende hacer”.
En tono crítico, aseguró que “durante el gobierno anterior del que Arroyo y Valdés fueron parte no hicieron nada”.
El pasado que interpela
El titular de la Andis trajo a colación datos concretos: “en el año en el año 2023 los prestadores, mientras estaban en función de quienes hoy impulsan la declaración de esta emergencia, perdieron 110 puntos con respecto a la inflación. Y ahí no hicieron nada, no se les ocurría ni declarar la emergencia ni este tipo de iniciativas”, resaltó Spagnuolo.
Explicó que “el nomenclador es común, tanto para lo que es el el el estado nacional, el programa Incluir Salud, como para las obras sociales. Ahora si se aprueba este proyecto el incremento va a ser muy alto”.
Irregularidades y el fantasma de las pensiones
Spagnuolo no escatimó detalles al afirmar que “en todo el análisis que hicimos el año pasado del sistema de de pensiones, hemos encontrado miles de irregularidades en todo sentido”.
“Hoy estamos llevando a cabo una auditoría general de todo el sistema de pensiones y al largo de todo el país y por ejemplo, descubrimos que el está pagando una pensión no contributiva, por invalidez laboral a una persona que tiene pie plano”, ejemplificó, generando sorpresa.
Además, advirtió que la aplicación del proyecto de ley en cuestión podría significar la incorporación de hasta “700.000 pensiones más para cobrar una pensión. Hoy estamos revisando un millón doscientos mil pensiones”.
Según el funcionario, las personas con discapacidad “no demandan asistencia directa del Estado, decir que el Estado les dé el dinero. Lo que demandan las personas con discapacidad son políticas de accesibilidad y de inclusión, tanto en lo laboral, en lo social, en lo deportivo o en lo educativo”.
Crueldad vs. Auditoría
De esta manera, Spagnuolo salió a responder a las críticas de Valdés, quien había calificado la política de discapacidad del actual gobierno como «la de la crueldad» y había asegurado que se «usa la palabra ‘auditar’ como sinónimo de recortar derechos» de las personas con discapacidad.
Por su parte, el ex ministro de Desarrollo Social y actual diputado Daniel Arroyo, presidente de la comisión de Discapacidad, defendió el proyecto, asegurando que “tuvo mejoras sustantivas de varios bloques. Una, es la del cuidado del sistema de seguridad social. También, da claridad sobre la imposibilidad que una persona tenga a la vez jubilación y pensión por discapacidad, que estaba en el texto, pero quedó más claro”, explicó. Finalmente, afirmó que “necesitamos un sistema de pensiones lógico y razonable; este es un proyecto de humanidad, de pura racionalidad económica y de justicia”.
Tras la aprobación del proyecto, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) emitió un comunicado manifestando su enérgico rechazo. “Se trata de una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión”, sentenció.
El comunicado continuó: “Lejos de plantear soluciones sostenibles, esta propuesta multiplica promesas sin una sola mención a cómo se financiarían. Ampliar masivamente el alcance de pensiones o el valor de las prestaciones, sin indicar de dónde saldrán los recursos, es irresponsable”.
Además, la ANDIS apuntó contra quienes impulsan la ley: “quienes hoy impulsan esta supuesta emergencia son los mismos que durante la gestión anterior generaron atrasos en los valores de las prestaciones, desfinanciaron al sistema y permitieron utilizar las pensiones por invalidez para hacer política, sin importar que de esa manera perjudicaban a quienes sí realmente lo necesitaban”.
Los datos presentados en el comunicado buscan reforzar esta postura: “Los números hablan por sí solos: en 2003 había 80.000 pensiones por invalidez; en 2023, esa cifra superaba el 1.250.000. La gestión anterior flexibilizó los criterios de otorgamiento mediante decretos y resoluciones, habilitando el acceso a beneficios a personas que no cumplían con los requisitos médicos ni socioeconómicos. Al mismo tiempo, dejaron caer el valor real de las prestaciones: mientras la inflación en 2023 fue del 211,4%, los aranceles solo crecieron un 93%”, detalló.
En contraste, afirmó que hubo una “mejora sostenida de los valores prestacionales: en 2024 el aumento acumulado fue del 99%, frente a una inflación del 117,8%, revirtiendo la tendencia heredada”.
En paralelo a este cruce legislativo y administrativo, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a una movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación para reclamar la actualización de los aranceles de las prestaciones. La manifestación se realiza “ante la falta de respuesta del Director Ejecutivo de la ANDIS, Dr. Diego Spagnuolo, y del Ministro de Salud, Dr. Mario Lugones, quienes no han atendido el reclamo urgente de convocatoria a reunión de Directorio para actualizar los aranceles de las prestaciones”.
El foro advirtió que, de no resolverse la situación, “más de 250.000 personas con discapacidad corren riesgo de quedarse sin atención, debido al ahogo financiero que enfrentan los prestadores de servicios”.
