La justicia argentina, siempre con ese no sé qué de tango y burocracia, ha decidido ponerle un freno, al menos temporalmente, al proceso de extradición de cinco ciudadanos brasileños. ¿El motivo de su «tour» por estas pampas? Están acusados, y ya condenados en su país, por la intentona golpista que, el 8 de enero de 2023, buscó desestabilizar al gobierno de Luis Inacio Lula da Silva, apenas siete días después de su asunción a la presidencia. Un timing digno de una comedia negra, o de una película de terror, según se mire.
Según información confirmada, el quinteto bajo la lupa judicial está conformado por Wellington Luiz Firmino, Ana Paula de Souza, Joelton Gusmão de Oliveira, Rodrigo de Freitas Moro Ramalho y Joel Borges Correa. A estos prófugos, la justicia brasileña les impuso condenas que oscilan entre los 13 y los 17 años de prisión. Se los imputa de delitos tan variopintos como “intento de golpe de Estado”, “destrucción de propiedad pública” y “asociación para delinquir”. Un CV digno de un prontuario, ¿no?
Inicialmente, el pedido de extradición de Brasil a la Argentina incluía a 62 personas. Sí, leyó bien, sesenta y dos almas. La mayoría, con una visión estratégica de bajo presupuesto, cruzó a la Argentina por tierra. Y varios de ellos, con una habilidad para la huida que envidiaría hasta el Correcaminos, volvieron a desaparecer de estas latitudes. Es decir, algunos vinieron, hicieron turismo exprés por la clandestinidad y se fueron. Se ve que acá no encontraron la tranquilidad que buscaban para sus delicadas aspiraciones políticas.
El periplo judicial y las «tobilleras rotas»
Esta causa pende del escritorio del juez federal Daniel Rafecas, quien a fines del año pasado solicitó a Interpol el arresto de 61 de estos ejemplares de la flora bolsonarista, muchos de los cuales, en un giro dramático, pidieron ser reconocidos aquí como refugiados políticos. ¿Refugiados? ¿Después de intentar un golpe de Estado? Digamos que su concepto de «persecución política» es, cuando menos, elástico.
Si bien se especuló, con cierta malicia, que la relación amistosa entre Javier Milei y los Bolsonaro —y la conocida inquina presidencial hacia Lula da Silva— podría favorecer a los prófugos, el Gobierno argentino, con una inesperada neutralidad que casi rompe el molde, no se involucró en este caso. La justicia, para sorpresa de propios y extraños, siguió su curso inmutable, cual río Gualeguaychú. Así fue como se detuvo a los cinco mencionados, varios de ellos en la tranquila ciudad de La Plata. ¿Será que buscaban refugio en un buen lomito con papas?
Por ahora, estos cinco son los únicos que enfrentan un proceso de extradición. Rafecas, cual árbitro que pide pausa, suspendió la decisión a pedido de las partes. Desde el juzgado del magistrado, explicaron que aún hay planteos pendientes por resolver, especialmente en la Cámara de Casación. Una vez que se resuelvan esos vericuetos legales, se fijará una nueva fecha para el juicio de extradición. Paciencia, que la telenovela recién empieza.
Pruebas contundentes y postergaciones con historia
Las pruebas contra estos individuos son, según fuentes judiciales, «suculentas». Incluyen el detalle casi poético de que tenían tobilleras electrónicas puestas en Brasil, las rompieron con dudosa elegancia y huyeron como alma que lleva el diablo hacia Argentina. Ni Rafecas, ni el fiscal Carlos Rivolo, ni la Cámara Federal, con una contundencia digna de un juicio final, hicieron lugar a los pedidos de libertad. Habían sido detenidos a fines de 2024, tras la solicitud del juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, quien parece tener la paciencia de un santo, pero la mano dura de un verdugo.
El juicio de extradición ya se postergó varias veces. Un capítulo ocurrió el pasado 18 de junio, en una coincidencia cósmica, porque la fecha se superpuso con una presentación de la ex presidenta Cristina Kirchner ante los tribunales. Nada perturba más el orden judicial que una aparición estelar. Otra vez, el 24 de junio, la postergación fue porque la Procuraduría General de la República designó abogados para representar al Estado brasileño, que anteriormente estaba representado por el Ministerio Público argentino. Un clásico de las burocracias, ¿viste? Siempre se puede complicar un paso más.
Aquel día de furia, el 8 de enero de 2023, el llamado a asalto a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia dejó una estela de caos y televisores rotos. Siete días después de que Lula asumiera el poder, partidarios de Bolsonaro, que habían acampado con un entusiasmo inversor inusual, decidieron que era hora de dar un «golpe de efecto». Atacaron y destrozaron el Senado, Diputados e intentaron invadir el Palacio del Planalto, la mismísima sede del Gobierno. Un «tour» por el corazón de la democracia que, digamos, no terminó con una foto para Instagram.
Bolsonaro, por su parte, está acusado, entre otras exquisiteces, de ser el mentor de una conspiración que culminó en este violento asalto, con rasgos «similares» al del 6 de enero de 2021 en Estados Unidos. Aquella vez, una turba de trumpistas, con sus gorras rojas y poca paciencia, atacó el Capitolio en protesta por la victoria del demócrata Joe Biden. Parece que la importación de modelos de «rebelión» está de moda entre ciertos sectores políticos. Qué cosa, ¿no? Siempre queriendo copiar lo peor.
