El juez Gorini le puso los puntos a los legisladores K: La casa no es un club social
Luego de que legisladores kirchneristas anunciaran su intención de visitar a Cristina Kirchner en su domicilio sin autorización judicial, el magistrado Jorge Gorini, a cargo de los permisos, les respondió con un contundente pronunciamiento judicial, recordándoles las pautas de comportamiento impuestas a la expresidenta bajo su arresto domiciliario. La decisión judicial dejó en claro que ni la exmandataria ni sus visitantes están exentos de cumplir con las reglas establecidas por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) para el beneficio de la prisión en su hogar.
El juez Gorini, ante la avalancha de más de mil correos electrónicos y las peticiones de los legisladores, enfatizó que «por más repetitivo que parezca, ya en la resolución del 17 de junio pasado se estableció como pauta de conducta que (Cristina Kirchner) debía informar una nómina de personas» que podrían acceder a su domicilio «sin necesidad de autorización judicial». Clarín accedió a esta resolución, que subraya la necesidad de requerir habilitación para cualquier persona que no figure en dicho listado. Esto es, el arresto domiciliario no es un «pase libre» para reunions políticas multitudinarias.
La línea que separa la política de la justicia
El magistrado fue tajante al analizar el pedido de los legisladores, considerándolo «manifiestamente impertinente» la pretensión de «establecer y adelantar un criterio judicial sobre circunstancias futuras». En otras palabras, el Poder Judicial no se presta a ser asesor político ni organizar calendarios de visitas de figuras públicas. La función es aplicar la ley a hechos concretos, no especular sobre posibles encuentros. Gorini reiteró que las solicitudes de autorización deben ser presentadas por los abogados y serán atendidas con la diligencia que cada caso amerite, canalizadas «a los señores defensores particulares a sus efectos».
El desafío de los diputados y senadores de Unión por la Patria, que presentaron un escrito ante el TOF 2 argumentando tener «derecho a visitar a Cristina Kirchner» cuando lo consideraran pertinente, se da en un contexto de discusiones legales. La defensa de la ex vicepresidenta, a cargo del abogado Carlos Beraldi, defiende la idea de que la prisión domiciliaria no debería tener restricciones de visitas. No obstante, los jueces del TOF 2, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, han sido claros: «sin excepción», toda persona no incluida en las categorías de familiares, médicos, custodios y abogados, debe contar con autorización judicial.
El argumentario político y la audiencia que se aproxima
En su presentación, los legisladores kirchneristas señalaron que Cristina Fernández de Kirchner, como presidenta del Partido Justicialista, es una «persona de consulta permanente en los asuntos que tienen que ver con la administración de la República». Afirmaron que limitar su contacto «afectaría nuestra labor parlamentaria» y «menoscabaría nuestra representación de todas aquellas personas que vemos a la doctora Fernández de Kirchner como una líder política indiscutida». Un argumento que suena más a un intento de justificar un “lobby” político que a una necesidad genuina de función legislativa.
Este 7 de julio, la Cámara de Casación, con los camaristas Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, escuchará a la defensa en una audiencia clave. Será entonces cuando la Sala IV resuelva si el régimen de visitas de Cristina Kirchner debe ser irrestricto o si se avala el criterio impuesto por el TOF 2, ratificando que las reglas del arresto domiciliario no son un mero decorado, sino pautas ineludibles. La justicia parece dispuesta a reafirmar que, por muy «líder indiscutida» que se sea, las reglas son para todos.
