En un movimiento que promete sacudir los cimientos patrimoniales de los implicados, el Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia ha puesto en marcha el complejo mecanismo para determinar el monto final del fraude perpetrado en la causa Vialidad. La cifra de base, notificada por el juez Jorge Gorini y sujeta a actualización, asciende, según la sentencia firme, a la sideral suma de $86.085.463.548,25.
Fuentes judiciales, consultadas al calor de los despachos más reservados, anticipan que el monto definitivo podría alcanzar una cifra escalofriante, cercana a los 600 millones de dólares. ¿Un detalle? Cuando este número finiquite su proceso de gestación, los nueve condenados, incluyendo a la expresidenta Cristina Kirchner, dispondrán de diez días hábiles para efectuar el depósito. De no ser así, la maquinaria de ejecución de bienes comenzará a girar sin miramientos.
La danza de los miles de millones y la actualización que marea
Hace escasas semanas, el magistrado Gorini, en su rol de presidente del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) —el mismo que dictó la primera condena por corrupción contra la exmandataria— instruyó al Cuerpo de Peritos Tasadores para que se abocara a la actualización de esos más de 86 mil millones de pesos. Una tarea que, lejos de ser meramente contable, se erige como la concreción tangible del resarcimiento al Estado.
«La efectiva ejecución del decomiso en el caso que nos ocupa, adquiere una particular relevancia habida cuenta de que los comprobados hechos de corrupción con la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz, provocaron un daño social inconmensurable y sin precedentes», había subrayado el fiscal general Diego Luciani en un dictamen de 40 páginas, donde desnudó con precisión quirúrgica el patrimonio de cada condenado.
El juicio de la causa Vialidad, recordamos, validó la existencia de irregularidades flagrantes en los 51 contratos viales asignados al Grupo Austral de Lázaro Báez. Direccionamiento de procesos, simulación de concursos y sobrecostos, fueron las herramientas de una maniobra que inició su contabilidad con 46 mil millones de pesos, cifra que representaba el costo de las licitaciones amañadas en favor del empresario. Este valor fue actualizado provisionalmente mediante el uso de índices oficiales del INDEC posteriores a 2017 y de precios al consumidor para años anteriores, según el estudio «Online and official price indexes: Measuring Argentina’s inflation» del MIT Sloan Research Paper, llegando a los $84.835.227.378,04 al 6 de diciembre de 2022. Sin embargo, el punto de partida para la actual tasación, como ya se mencionó, supera los 86 mil millones de pesos.
Patrimonios bajo la lupa: Quiénes ponen y cuánto
Con todas las partes, incluido el Ministerio Público Fiscal, designando peritos de parte, el Cuerpo de Peritos de la Corte ha comenzado la ingente tarea de definir el decomiso definitivo. Las primeras estimaciones extraoficiales, según fuentes judiciales que conversaron con Clarín, orbitan los mencionados 600 millones de dólares. Una vez que esta cifra final sea oficializada, los nueve condenados, con la expresidenta a la cabeza, serán notificados para que, en un lapso de diez días hábiles, depositen el monto que se determine.
Esta etapa se realizará bajo una rigurosa advertencia: el incumplimiento del depósito, ya que los acusados deben responder de forma solidaria, activará la ejecución de los bienes que cada uno posee. En este tablero, Cristina Kirchner y Lázaro Báez son quienes acaparan la mayor parte de las propiedades inmuebles. Por ello, el fiscal Luciani solicitó una nueva tasación de todas estas fortunas, buscando su valor actualizado.
Al momento de delinear la estructura defraudatoria, se hizo hincapié en una «alianza delictiva de funcionarios públicos de distinta jerarquía que, paradójicamente, tenían a su cargo el cuidado de estos intereses estatales, debe ser juzgada con la rigurosa eficacia que exige el cumplimiento de los compromisos internacionales que ha adoptado nuestro país en materia de lucha contra la corrupción». En este contexto, el decomiso no es solo una consecuencia judicial, sino una clara forma de resarcir al Estado por el daño irrogado.
Respecto a la ex vicepresidenta, se reafirmó el pedido de mantener el embargo trabado sobre el dinero cedido por «Cristina Elisabet Fernández a Florencia Kirchner, consistente en la suma de U$S 4.664.000 que se encuentra en la caja de seguridad, U$S 1.032.144,91 obrante en la caja de ahorro en U$S y $ 53.280,24 de la caja de ahorro en pesos. Todo ello, con los respectivos intereses que se hubieren devengado». Adicionalmente, el fiscal Luciani incluyó los 25 inmuebles que la ex vicepresidenta transfirió en marzo de 2016 a sus hijos en partes iguales. También se requirió una actualización del valor accionario de Los Sauces SA y Hotesur SA, las dos compañías familiares cuyos accionistas son Máximo y Florencia Kirchner, y que serán el foco del próximo juicio por lavado de dinero. Asimismo, se pidió una valuación de COMA SA, una empresa sin actividad pero con un terreno en El Calafate.
La lista más extensa de bienes detallados por el Ministerio Público Fiscal corresponde, previsiblemente, a propiedades de Lázaro Báez, incluyendo más de 130 inmuebles, mayoritariamente ubicados en Santa Cruz, junto al valor accionario de Austral Construcciones, Loscalzos y Del Cierto, Sucesión Adelmo Biancalani y Kank y Costilla, un entramado de constructoras que sirvieron de andamiaje para la maniobra defraudatoria.
