Procesa a 16 funcionarios santacruceños por la corrupción en la obra pública
A días de que la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad llegue a la Corte Suprema, el juez federal Julián Ercolini procesó a 16 funcionarios de Santa Cruz por corrupción en la obra pública vial durante el kirchnerismo. La figura penal: administración fraudulenta en perjuicio del Estado, el mismo delito por el que fue condenada la exmandataria.
Ercolini, en una extensa resolución de más de 280 páginas, procesó a exfuncionarios de la Agencia de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz en el marco de la causa Vialidad III, un desprendimiento del caso principal. Este tramo se centra en las autoridades provinciales y se espera la indagatoria de los exgobernadores Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta.
El rol de la Vialidad Provincial y la responsabilidad de los funcionarios
La justicia investiga el rol de la Vialidad Provincial en el entramado de corrupción que «benefició a Lázaro Báez». Según la resolución, los funcionarios «habrían actuado a sabiendas y voluntariamente», facilitando la maniobra delictiva desde sus cargos. El procesamiento alcanza también a dos integrantes del Grupo Austral, Juan Carlos Pistan y Manuel Parras. A todos los acusados se les trabó un embargo de 100 millones de pesos.
La fiscalía, representada por Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, argumentó que los funcionarios realizaron «contribuciones -activas u omisivas-, fundamentales» para la implementación y el sostén de la maniobra durante el período 2004-2015. Se les atribuye responsabilidad penal también a quienes, desde el Grupo Báez, «colaboraron con el proyecto delictivo».
La «matriz de corrupción» en Santa Cruz
El Tribunal Oral Federal 2, en los argumentos de la sentencia contra Cristina Kirchner, señaló la intervención de «integrantes de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional» y la «connivencia con un empresario de la construcción», en referencia a Lázaro Báez. La finalidad, según los jueces, fue «asegurar un beneficio económico» tanto a Báez como a la sociedad conyugal Kirchner.
La fiscalía describió un circuito de irregularidades administrativas que favorecieron al Grupo Austral, incluyendo la publicación de obras con pocos días de anticipación, pagos de anticipos del 30% y la omisión de trámites. Ercolini, en la causa Vialidad III, se ocupa ahora de las autoridades provinciales que contribuyeron a que ese «esquema de beneficios no se interrumpiera». La investigación apunta a que la «matriz de corrupción» se replicó en el ámbito provincial con la participación de exgobernadores y sus ministros de Economía, quienes «contribuyeron al plan criminal». Se espera que sean citados a indagatoria próximamente.
