Luego de la trascendente decisión judicial de la jueza Loretta Preska en Nueva York, que ha puesto en el ojo de la tormenta las acciones de la petrolera estatal YPF, el fiscal Ramiro Gonzalez se encuentra evaluando la profundización y reiteración de una serie de medidas de prueba en la causa que investiga presuntas irregularidades en la reestatización de la compañía, impulsada por la entonces presidenta Cristina Kirchner en el año 2012.
El juez Ariel Lijo, quien arrastra un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura por su dilatada gestión en la «planchada» de esta causa, que ya acumula más de trece años sin definiciones de fondo, no ha delegado la investigación en el fiscal Gonzalez. Por el contrario, ha solicitado una vasta serie de peritajes y ha enviado exhortos a jurisdicciones como España y Estados Unidos, manteniéndose a la «espera» de esas respuestas para adoptar medidas de peso. Mientras tanto, el magistrado aguarda informes adicionales de diversos organismos para determinar si procede al archivo de la causa o si convoca a indagatoria a los imputados.
En el ámbito legislativo, los diputados de la Coalición Cívica, fuerza política liderada por Elisa Carrió y primera denunciante en esta causa desde 2006, como Paula Oliveto, Juan López y Maxi Ferraro, dedicaron la jornada de ayer al análisis de las acciones a impulsar para reactivar el expediente y, consecuentemente, evitar que los actores locales de la maniobra gocen de impunidad.
Las medidas que el fiscal Gonzalez y los diputados de la Coalición Cívica soliciten revestirán una importancia capital, especialmente considerando que la Oficina Anticorrupción (OA), que actuó como querellante durante la gestión de Laura Alonso en el gobierno de Mauricio Macri, se retiró de la causa durante la administración de Alberto Fernández. En este escenario, el dirigente de Contadores Forenses, Andrés Popritkin, cuya entidad es la única que mantiene el rol de querellante en la causa, se encuentra en la delicada posición de decidir su próximo movimiento ante el prolongado retraso del proceso.
Popritkin, hijo del fallecido fundador de la ONG, Alfredo, detalló a Clarín que la acción más relevante adoptada recientemente en la causa fue el envío, por parte del juez Lijo, en 2023, de un exhorto a la jueza Preska, solicitando una copia de su fallo que condenó a la Argentina al pago de 16 mil millones de dólares. En dicho exhorto, Lijo detalló que los delitos bajo investigación incluyen el artículo 268 del Código Penal (uso en beneficio propio de bienes exigidos con abuso de cargo), el artículo 172 (estafas y defraudación al Estado), y el artículo 248 (abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público), entre otros.
La madeja de las imputaciones y las dilaciones
En diez requerimientos de instrucción presentados por el fiscal Gonzalez al juez Lijo, se ha imputado al ex viceministro de Economía y actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof; al ex secretario de Planificación Federal y hombre de confianza de Julio De Vido, Roberto Baratta; y al secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. La investigación también incluye a Sebastián y Matías Eskenazi, mientras que Enrique Eskenazi, quien falleció a principios de año, vio extinguida la acción penal en su contra, según fuentes judiciales.
El fiscal también ha imputado a ex directores de YPF, tales como Miguel Galuccio (quien asumió la presidencia de la compañía después de las maniobras investigadas), José Iván Brizuela, Luis García Del Rio (ciudadano español), Jorge Marcelo Soloaga, Sebastián Uchitel, Nicolás Marcelo Arceo, Carlos María Tombeur, Gustavo Adolfo Mazzoni, María de las Mercedes Archimbal y Enrique Alfredo Fila, quienes se desempeñaron como directores y/o síndicos de YPF entre 2012 y 2015.
En 2006, Carrió y Paula Oliveto Lago, entre otros, denunciaron inicialmente la descapitalización y vaciamiento de YPF a raíz de la venta del 25% de las acciones al grupo Petersen, impulsada por el entonces presidente Néstor Kirchner. Sin embargo, en 2012, las denunciantes ampliaron la causa al delito de defraudación al Estado, tras la controvertida ley de «soberanía hidrocarburífera» que Cristina Kirchner logró que el Congreso respaldara en medio de un discurso de supuesta épica. Incluso, Carrió solicitó la indagatoria de Kicillof y de la propia expresidenta.
Adicionalmente, existe una causa conexa contra los entonces miembros del Tribunal de Tasaciones de la Nación, debido a que no constaba que al momento del acuerdo entre Kicillof e YPF-REPSOL «se haya valuado el pasivo de la empresa, ni las deudas contingentes». Esta denuncia penal apunta contra Daniel Eduardo Martín, Presidente de la sala Ad Hoc YPF del Tribunal de Tasaciones de la Nación, creada por la resolución TTN 9/13, y Galdino Alberto Cattaneo.
La teoría del árbol envenenado y un ‘Discovery’ abortado
En declaraciones a Clarín, la diputada Paula Oliveto explicó que «el retraso del juez Lijo permitió este nuevo fallo de la jueza Preska, porque podría haber demostrado que hubo un acto de corrupción en este largo proceso y así aplicar la llamada Teoría del Árbol Envenenado. Si el tronco está podrido (el ingreso del grupo Petersen), las ramas también».
Por su parte, el ex Procurador General del Tesoro, Bernando Saravia Frías, relató a este diario que, en ese sentido, los abogados de Argentina durante la gestión de Macri habían solicitado a la jueza Preska un «Discovery», una búsqueda de pruebas para esclarecer el origen de la compra de los Eskenazi y la adquisición de los derechos de litigar por parte del grupo Burford en España. Durante el proceso de «Discovery», hubo un pulso entre Argentina y Burford. El gobierno de Macri «quería el testimonio de los Eskenazi. Burford decía que Argentina podía tener toda la documentación de los Eskenazi en sus manos, y que estaba inventando excusas».
A pesar de que los Eskenazi, quienes siempre han negado cualquier imputación, fueron citados a declarar por la justicia estadounidense, brindaron su testimonio en Argentina a través de cartas intercambiadas con la justicia de aquel país. Ante la jueza Preska, las partes no alcanzaron un acuerdo sobre el alcance de esas declaraciones, realizadas por cuatro miembros de la familia empresaria. Sin embargo, Saravia Frías lamentó que durante el gobierno de Alberto Fernández «cerraron el Discovery, en acuerdo con Burford. Lo hicieron restringido a aspectos banales para cerrarlo rápido», impidiendo así la búsqueda de pruebas que hubiesen sido útiles para la causa que tramita el juez Lijo.
Al salir a aclarar «las falsedades del gobernador Kicillof», Oliveto diferenció: «Una cosa es la expropiación de YPF, que no fue bien instrumentada; y otra es el acuerdo para el pago a Repsol, que también fue mal hecho y para mí, de manera dolosa». El acuerdo en cuestión estableció que el Estado pagaría a Repsol, bajo la dirección de Antonio Brufau, mediante la emisión de bonos por 6.000 millones de dólares y otros 5.000 millones en concepto de intereses hasta 2033, a cambio de que la empresa española no iniciara juicios contra el Estado. En un contraste llamativo, Cristina Kirchner «ordenó que no se le pague nada» al grupo Petersen por el 25% de las acciones, según indicaron fuentes judiciales.
«Ni estúpidos ni error: lo de YPF fue corrupción. Y los que se afanaron el patrimonio de la Argentina hoy están siendo protegidos por el juez Lijo y hasta por algunos medios, que no informan la causa dormida en la Justicia Federal», sentenció Oliveto.
En 2012, la causa fue tomada por el fiscal Ramiro Gonzalez, quien ya ha presentado diez requerimientos de instrucción al juez Lijo, como se mencionó previamente. Paralelamente, el fiscal Carlos Stornelli presentó una denuncia para que se investigue el rol de Baratta, entonces representante del Gobierno en YPF, acompañada de un detallado informe sobre la maniobra.
Tres años después, el administrador concursal de la quiebra de dos empresas del grupo Petersen en España reclamó que el gobierno de Cristina Kirchner indemnice también a esas compañías, además de a Repsol. En una nota apostillada y enviada por Armando Betancor Alamo a la entonces presidenta Cristina Kirchner, se expuso el daño económico causado a Petersen Energía SAU y Petersen Inversora SAU por la falta de pago por el 25% de las acciones que habían adquirido durante la presidencia de Néstor Kirchner. La nota del administrador español advertía que si «Argentina no soluciona rápidamente la controversia mediante un acuerdo, los inversores comenzarán un procedimiento de arbitraje», lo que finalmente derivó en la compra de las acciones de esas empresas radicadas en España por parte del fondo buitre Burford.
Sin embargo, el Gobierno de Cristina Kirchner también desaprovechó esa oportunidad que habría evitado el juicio de los fondos buitre y que, según la oposición, no fue por negligencia, sino por corrupción.
