Investigan si la expropiación de YPF ocultó irregularidades y por qué se limitó el proceso de investigación en Estados Unidos

El fiscal Ramiro González solicitó al juez Ariel Lijo una serie de medidas probatorias para reactivar la pesquisa sobre supuestas anomalías en la expropiación de YPF en el año 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner. Asimismo, la indagación busca determinar por qué, durante la administración de Alberto Fernández, se habría restringido el proceso de “Discovery” en la justicia de Nueva York, mecanismo crucial para esclarecer posibles hechos de corrupción vinculados a estas operaciones.

La petición de González a Lijo, quien según declaraciones de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ha «cajoneado» la causa desde 2012, se centra en establecer si Carlos Zannini, ex secretario legal y técnico de la Presidencia de Alberto Fernández, limitó de manera deliberada el mencionado proceso de Discovery. Este había sido iniciado por el gobierno de Mauricio Macri con el fin de desvelar eventuales casos de corrupción.

El «árbol envenenado» y la deuda de 16 mil millones de dólares

Bernardo Saravia Frías, ex procurador general del Tesoro durante la gestión de Macri, declaró previamente que la decisión atribuida a Zannini habría impedido la aplicación de la «teoría del Árbol Envenenado» en el litigio que tramitaba ante la jueza Loretta Preska en Nueva York. Esta teoría sostiene que, si el ingreso del grupo Eskenazi a YPF en 2006 y el subsiguiente impago del 25 por ciento de las acciones a dicha empresa en 2012 resultaron irregulares, la posterior adquisición por parte del Fondo Burford estaría viciada de nulidad en su totalidad.

El requerimiento fiscal de González, que se suma a diez presentaciones anteriores, surge tras la orden de la jueza Preska al actual gobierno de Javier Milei, disponiendo la entrega del 51 por ciento de las acciones de YPF a Burford. Esta medida se fundamenta en la suma de 16 mil millones de dólares que Argentina, se estima, adeudaría a este fondo.

En la causa que tramita ante Lijo, se encuentran imputados, entre otros, Zannini, el ex viceministro de Economía, Axel Kicillof (actualmente gobernador), y Roberto Baratta, estrecho colaborador de Julio De Vido.

El nuevo requerimiento de instrucción, al que accedió Clarín, fue presentado por el fiscal Ramiro González en la causa nº 3518/06, caratulada “Infracción ley 22.415, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación contra la administración pública”.

Esta causa se originó en 2006, a partir de una denuncia formulada por Carrió y la diputada Paula Oliveto, a la cual se sumaron posteriormente otras presentaciones. Inicialmente, Carrió denunció un presunto vaciamiento de YPF por parte del grupo español Repsol y, más adelante, cuestionó el acuerdo por 6 mil millones de dólares que Kicillof susbcribió con la empresa española, posterior a la polémica expropiación de 2012, poniendo en tela de juicio la forma en que esta se llevó a cabo.

El fiscal solicitó al juez Lijo, quien ha requerido extensos peritajes sin haber indagado, procesado o sobreseído a persona alguna hasta la fecha, las siguientes medidas probatorias:

– Incorporar la certificación sugerida por la Fiscalía el 6 de diciembre de 2024, relacionada con la actuación del ex Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini. Esta información concierne al supuesto desistimiento de un proceso de Discovery que su antecesor, Bernardo Saravia Frías (procurador durante la gestión de Mauricio Macri), habría solicitado en el marco del litigio de Burford Capital contra el Estado Nacional ante la Corte del Segundo Distrito de Nueva York.

– Reiterar el oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a fin de que detalle el estado de trámite del exhorto librado al Reino de España el 12 de febrero de 2019, concerniente a la forma en que Burford adquirió la quiebra de las empresas de Eskenazi en ese país. Se evalúa la posibilidad de reiterar la solicitud de información, dado el tiempo transcurrido. En 2016, Clarín reveló que el administrador español de la quiebra propuso un acuerdo al gobierno de Cristina Kirchner, y el rechazo de este acuerdo por razones desconocidas permitió el ingreso del grupo Burford.

– Urgir la conclusión de los puntos pendientes de la pericia dispuesta oportunamente, relativos al Proceso de Valuación de la Compañía (YPF) en el marco de la sanción de la ley que ratifica el Convenio de solución amigable y avenimiento de expropiación celebrado entre la República Argentina, representada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y Repsol S.A., Repsol Capital S.L. y Repsol Butano S.A., suscripto el 27 de febrero de 2014.

– Con relación a este punto, se solicitó un análisis comparativo entre las valuaciones parciales realizadas por el Tribunal de Tasaciones de la Nación el 12 de diciembre de 2013 y la valuación final del 17 de febrero de 2014. Se pide informar si dichas valuaciones se ajustaron a la normativa vigente, en particular la Ley de Expropiaciones nº 21499 y la Res. TTN 10.2. Carrió cuestionó el valor que el gobierno de Cristina Kirchner asignó a YPF para indemnizar a Repsol y evitar un juicio en el CIADI.

– También se consultó sobre los criterios de valuación utilizados por el Tribunal de Tasación y si se incluyeron los intereses ya capitalizados del bono Discount 2033 y los pasivos ambientales y contingentes.

– La forma de valuación de los pasivos ambientales y si se utilizaron únicamente los balances de la compañía como referencia, o si se emplearon otros parámetros objetivos de valuación. Kicillof había manifestado su intención de que Repsol asumiera el costo de la contaminación ambiental que provocó en Argentina.

– Si al momento de determinar el monto indemnizatorio se consideraron las demandas iniciadas contra la compañía, especialmente aquellos procesos en los que la cláusula sexta dos (6.2.iii) del convenio mencionado garantiza indemnidad a Repsol en caso de un resultado adverso.

– La influencia en el valor de la indemnización del precio de las acciones de YPF, y si en el monto indemnizatorio debería haberse considerado el valor de las acciones a la fecha de la expropiación, o a la fecha de la valuación.

– Si coincide con el monto indemnizatorio calculado por el Tribunal de Tasaciones. Utilizando los criterios contables vigentes y toda otra norma de pertinencia, se solicita una valuación de la empresa YPF al momento del ingreso del grupo Petersen en 2008, al momento de la expropiación y al momento de la celebración del convenio.

– Incorporar el fallo dictado por la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, mediante el cual ordenó al Estado Nacional la entrega del 51% de las acciones que posee en la firma YPF para afrontar el pago de US$ 16 mil millones de indemnización al fondo Burford y otros demandantes.

– Solicitar a la Procuración del Tesoro de la Nación que informe si, a la fecha, se efectuaron presentaciones respecto al fallo referido en el punto anterior, y en su caso, remita copia de las mismas.

Con esta serie de medidas probatorias, el fiscal Ramiro González busca que el juez Lijo -quien fue candidato al gobierno a la Corte- adopte una decisión de fondo en esta causa, iniciada en 2012, pero con antecedentes de 2006. Se espera que esta resolución, aún pendiente de definiciones, podría haber influido favorablemente en el juicio que afronta Argentina en Nueva York.