El Gobierno nacional oficializó el funcionamiento del Consejo de Mayo mediante el Decreto 382/2025, con el objetivo de implementar las reformas estructurales acordadas en el denominado “Pacto de Mayo”, suscripto por el presidente Javier Milei y 19 gobernadores. La medida, publicada en el Boletín Oficial, modifica el Decreto 617/2024 para sortear la falta de propuestas de representantes por parte de los sectores convocados originalmente.
Reformas para después de las elecciones
En su primera reunión, celebrada el martes por la mañana, el Consejo fue conformado por seis miembros: Federico Sturzenegger (Ejecutivo), Alfredo Cornejo (Provincias firmantes), Carolina Losada (Senado), Cristian Ritondo (Diputados), Gerardo Martínez (UOCRA, por los sindicatos) y Martín Rappallini (UIA, por el empresariado). La Secretaría Técnica quedó a cargo de María Cecilia Domínguez Diacoluca, también con carácter ad honorem.
Según lo anunciado, el Consejo se reunirá mensualmente y se espera que en diciembre se presente un documento final con las propuestas legislativas para reformas previsionales, laborales, fiscales y de coparticipación federal.
Una puesta en escena con tensiones políticas
Aunque el Gobierno considera estratégico este órgano para destrabar reformas clave, el contexto político es más áspero que en mayo de 2024. El vínculo con los gobernadores está tensionado por el recorte de transferencias y la falta de obras, mientras que en el Congreso las alianzas oficialistas muestran signos de desgaste.
El decreto publicado reemplaza el artículo 5º del anterior marco normativo y habilita la designación directa de los consejeros, prescindiendo de las propuestas previas exigidas. La medida busca evitar nuevas dilaciones y darle impulso a una agenda que, hasta ahora, había quedado en suspenso desde la firma del pacto en Tucumán.
Con esta movida, el Ejecutivo toma el control total del Consejo de Mayo y se encamina a definir, sin intermediarios incómodos, las bases de su proyecto reformista de cara al próximo año legislativo.
