El presidente Javier Milei oficializó este lunes el veto total a tres leyes clave sancionadas por el Congreso el pasado 10 de julio. Se trata de las leyes 27.791, 27.792 y 27.793, que contemplaban aumentos en las jubilaciones y bonos, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de emergencia nacional en discapacidad.
Mediante el Decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial al límite del plazo constitucional, el Ejecutivo justificó su decisión por la falta de financiamiento adecuado y supuestas irregularidades en el tratamiento legislativo. El documento lleva la firma de Milei y de todos sus ministros.
Detalles del veto presidencial
La ley de jubilaciones vetada establecía un aumento real del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones —excepto los regímenes especiales—, la suba del bono mensual de $70.000 a $110.000 y su actualización por inflación. También incluía la restitución por dos años de la moratoria previsional para quienes no tengan los 30 años de aportes.
El Ejecutivo estimó que esta medida implicaría un gasto equivalente al 1,68% del PBI y señaló que fue aprobada en medio de una “creciente presión electoral”, en el marco de las campañas legislativas de octubre.
Emergencia en discapacidad, otro punto en conflicto
El proyecto 27.793, también vetado, declaraba la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026, creaba una pensión no contributiva compatible con el trabajo formal y garantizaba actualizaciones automáticas de aranceles y compensaciones para los prestadores de servicios.
Según el Gobierno, esta ley representaría un gasto de más de 2 billones de pesos en 2025 y de 4,7 billones en 2026, sin contemplar los efectos sobre programas como Incluir Salud.
Escenario legislativo: el oficialismo confía en sostener el veto
El oficialismo considera que tiene los votos necesarios para mantener el veto en la Cámara de Diputados, donde se requerirían dos tercios de los presentes para revertirlo. La Libertad Avanza y sus aliados buscarán alcanzar el tercio que impida ese desenlace. En votaciones previas, lograron entre 84 y 87 votos negativos.
La sesión prevista para este miércoles abordará una extensa agenda que incluirá el financiamiento universitario, la emergencia del Hospital Garrahan, el sistema científico nacional y varios decretos desreguladores que afectan a organismos como el INTI, INTA, el Banco de Datos Genéticos, la Marina Mercante y Vialidad.
Además, se debatirán iniciativas de gobernadores para eliminar fondos fiduciarios, coparticipar el impuesto a los combustibles y modificar el régimen de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La Casa Rosada analiza una propuesta para repartir parte de los ATN a las provincias como estrategia para contener el conflicto.
Desde el oficialismo, el clima es de «altísimo entusiasmo», ante lo que consideran una derrota casi inevitable para la oposición, que todavía no logra asegurarse los votos necesarios para invalidar el veto presidencial.
