En una sesión clave para el Gobierno, un grupo de gobernadores que formaban parte de Juntos por el Cambio anunció que no acompañará los proyectos con media sanción impulsados por la oposición. Sostienen que representan un alto costo fiscal y proponen dividir el debate para tratar de forma separada iniciativas con impacto presupuestario mínimo, como la coparticipación del fondo de ATN y la modificación del impuesto a los combustibles. La medida busca diferenciarse del kirchnerismo y marcar distancia del discurso presidencial que los acusó de querer destruir al gobierno.
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La escena es digna de una novela parlamentaria: gobernadores que antes marchaban al compás de un mismo bloque ahora hacen zooms estratégicos para calcular con precisión quirúrgica cuántos puntos del PBI pueden tolerar sin ser acusados de herejía fiscal. Esta vez, el grupo ex Juntos por el Cambio se levantó de la mesa del consenso total para decirle a Javier Milei: “No somos degenerados fiscales, pero tampoco sus peones”.
Rogelio, Ignacio, Alfredo, Maximiliano, Marcelo, Claudio, y otros nombres que suenan como una banda de pop federal con presupuesto ajustado, decidieron que no van a votar lo que ya votó Diputados. ¿La razón? Los proyectos vienen con etiqueta roja: “Alto en costo fiscal”. No quieren moratoria previsional ni aumentos masivos en jubilaciones. Dicen que todo eso pesa 2.5% del PBI. En cambio, quieren sus propios caramelitos: ATN coparticipables, combustibles más amigables y fondos con GPS federal, que apenas valen el 0.11%. Algo así como pedir gaseosa light en medio de una cena con asado triple.
En paralelo, Milei, que no se caracteriza por susurros, les recordó por cadena radial que “quieren destruir al gobierno nacional”. Con ese cariño, cualquiera se siente motivado a negociar. Sin embargo, los mandatarios replicaron con flema republicana: no, no votamos con el kirchnerismo, pero sí vamos a pelear por lo que nos deben. Porque el federalismo, dicen, no se reduce a memes ni a frases de ocasión.
Mientras tanto, en el Senado se juega una partida donde cada artículo, cada inciso y cada declaración puede reconfigurar alianzas. Lo único seguro es que los votos contados no son solo los que suman, sino los que se abstienen, se ausentan o se parten. Como la coalición original.
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Gobernadores que integraban la ex coalición Juntos por el Cambio acordó no apoyar los proyectos que ya tienen media sanción en Diputados y que se tratarán este jueves en el Senado. Se trata de las iniciativas de moratoria previsional, aumento de jubilaciones y emergencia en discapacidad, impulsadas por sectores opositores, que según estimaciones oficiales tendrían un costo fiscal de hasta 2,5% del PBI.
Entre los mandatarios que participaron del encuentro virtual con sus senadores y aliados parlamentarios se encuentran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Jorge Macri (CABA).
Estos gobernadores buscan tomar distancia tanto del kirchnerismo como de las acusaciones del presidente Javier Milei, quien los señaló como responsables de querer “destruir al gobierno nacional”. En ese marco, planean dividir la sesión para luego tratar, tras un cuarto intermedio, otros proyectos considerados de bajo impacto fiscal (0.11% del PBI), como la coparticipación del 50% de los ATN, la eliminación de fondos fiduciarios y modificaciones al impuesto a los combustibles líquidos.
Federalismo con letra chica
“Sí vamos a dar la pelea por los recursos que les corresponden a las provincias”, señalaron fuentes del grupo. También aclararon que están dispuestos a asumir las responsabilidades delegadas por el Presidente tras el corte de las transferencias discrecionales, pero exigen que eso venga acompañado de fondos garantizados por ley. “Eso es federalismo en serio”, remarcaron.
Un Senado dividido
El Senado debatirá 7 proyectos, con foco en los que generan tensión entre el Ejecutivo y las provincias. Entre ellos están el aumento del bono jubilatorio, la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad, el giro automático de los ATN, la coparticipación del impuesto a los combustibles, el veto a la emergencia de Bahía Blanca y una declaración sobre la situación judicial de YPF.
La vicepresidenta Victoria Villarruel fue notificada informalmente de la decisión de los gobernadores de impulsar la autoconvocatoria de la oposición, lo que confirma que el debate se desarrollará en un contexto de alta sensibilidad política, marcado por tensiones internas y acusaciones cruzadas.
