Tras el rechazo del decreto de necesidad y urgencia (DNU) en ambas cámaras del Congreso, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) vuelve a ser un organismo descentralizado con autarquía, regido por su legislación fundacional. Esta decisión deja sin efecto, al menos por esta vía, cualquier intento de avanzar hacia su privatización o modificación estructural mediante decreto.
Vialidad Nacional: se restablecen las normativas previas
Otro de los decretos rechazados fue el DNU 48/2024, que impactaba directamente sobre la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La normativa impulsada por el Ejecutivo proponía desregular el marco normativo de la obra pública vial, con el objetivo de fomentar esquemas de participación privada y modificar los sistemas de contratación y gestión de corredores.
Con la anulación del decreto, el Gobierno queda obligado a restablecer el régimen legal anterior, por lo que la planificación, gestión y ejecución de las obras viales volverán a regirse por las leyes y procedimientos que el DNU intentaba reemplazar.
Contexto político y consecuencias institucionales
La caída de estos decretos representa una derrota política significativa para el gobierno de Javier Milei, que enfrenta su primer gran revés legislativo. La Constitución Nacional establece que un DNU queda invalidado si es rechazado por ambas cámaras del Congreso, lo que sucedió en este caso.
El episodio deja en evidencia los límites del poder presidencial para gobernar por decreto y resalta la importancia del Congreso como contrapeso institucional. Ante este escenario, el Poder Ejecutivo deberá buscar consenso y negociación parlamentaria si pretende avanzar con futuras reformas estructurales, tanto en estos organismos como en otros sectores del Estado.
El Congreso rechazó los decretos que buscaban modificar la estructura del INTA y Vialidad Nacional, marcando un revés clave para el gobierno de Javier Milei. Con la anulación de los DNU, ambos organismos deberán volver a regirse por sus marcos legales originales, quedando sin efecto los intentos de desregulación y privatización. La decisión parlamentaria obliga al Ejecutivo a replantear su estrategia y evidencia los límites del poder presidencial para legislar sin consenso.
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La motosierra institucional encontró su primer reductor de velocidad: el Congreso. Entre decretazos y promesas de desregulación exprés, el gobierno de Javier Milei tropezó con una realidad básica de toda república: los otros poderes también existen. Y ejercen. La caída de los DNU que apuntaban a reconfigurar el INTA y Vialidad Nacional no solo devuelve a estos organismos a su formato original, sino que sella la primera gran derrota legislativa del experimento libertario.
El INTA, que casi termina convertido en una “startup del agro” sin quererlo, vuelve a ser lo que siempre fue: un organismo descentralizado, con autarquía y leyes propias. En paralelo, Vialidad Nacional se salva —por ahora— de convertirse en una app de contratación vial sin regulación. Atrás quedaron los sueños de que las rutas se liciten como si fueran pasajes de avión.
El mensaje es claro: si Milei quiere reformar el Estado, va a tener que bajar de Twitter y subir al Congreso. Porque la gobernabilidad, a diferencia del dólar, no se puede dolarizar ni tercerizar. Y así, entre papelones reglamentarios y resurrección de leyes fundacionales, el Ejecutivo se enfrenta a esa palabra que tanto incomoda a los fanáticos de la verticalidad absoluta: negociar.
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