El presidente Javier Milei firmó el Decreto 534/2025 con el cual vetó tres leyes sancionadas recientemente por el Congreso: el aumento a las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. La decisión, que provocó un nuevo foco de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, se justifica en el impacto fiscal de las medidas y cuestionamientos sobre la validez del procedimiento parlamentario.
Qué necesita el Gobierno para mantener los vetos
Para que los vetos presidenciales queden firmes, el oficialismo no requiere mayorías abrumadoras: le alcanza con reunir un tercio de los votos en al menos una de las cámaras legislativas. Concretamente, necesita 86 diputados sobre 257, o 25 senadores sobre 72. Esta cifra bloquea cualquier intento opositor de insistir con la ley original, la cual exige dos tercios de los votos en ambas cámaras para ser ratificada.
El proceso se inicia en la cámara de origen de cada proyecto. Si logra los dos tercios, pasa a la cámara revisora. Pero si el oficialismo logra el piso mínimo en cualquiera de ellas, los vetos se consolidan y no se puede insistir durante ese período parlamentario.
Los argumentos del Poder Ejecutivo
El Gobierno justificó su decisión en dos grandes ejes. Primero, el impacto económico: según la estimación oficial, el paquete legislativo significaría un aumento del gasto de $7 billones en 2025 (0,90% del PBI) y $17 billones en 2026 (1,68% del PBI). En este contexto, el Ejecutivo advirtió que aprobar estas leyes comprometería la estabilidad fiscal y el sistema previsional.
Además, el decreto denuncia irregularidades en el trámite legislativo, particularmente en el Senado, donde sostiene que se omitieron la citación formal y la habilitación por dos tercios para incluir los proyectos en el temario. Por este motivo, se calificó el procedimiento como una «violación de reglas básicas del mecanismo legislativo».
El debate en el Congreso
El Congreso deberá decidir ahora si insiste o no con las leyes vetadas. La oposición baraja dos estrategias: tratar los tres proyectos en conjunto o por separado. La primera opción preocupa a varios bloques, que temen que el rechazo a la moratoria previsional afecte también al aumento a jubilados o la emergencia en discapacidad, iniciativas con mayor consenso.
En esta instancia legislativa no hay posibilidad de modificar los textos originales ni se convocan comisiones. La votación es directa en el recinto y binaria: cada legislador debe decidir entre respaldar el veto o insistir con la ley original.
Antecedentes recientes muestran que el Gobierno ha logrado sostener vetos importantes, como ocurrió con la ley de financiamiento universitario en octubre de 2024. Por ahora, el tablero político sigue moviéndose, y el equilibrio de fuerzas en el Congreso será clave para definir el desenlace.
