El presidente Javier Milei presentó este jueves 2 de octubre el proyecto de reforma del Código Penal, que será enviado al Congreso de la Nación en los próximos días. El anuncio se realizó en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Necesitamos tolerancia cero y penas más duras”, afirmó Milei durante el acto. El mandatario aseguró que su gestión logró bajar los homicidios, combatir el narcotráfico y enfrentar los piquetes, pero que para consolidar esos cambios es necesario modificar la legislación penal.
Los puntos centrales del proyecto
La iniciativa propone un endurecimiento generalizado de penas, la supresión de beneficios a condenados y la implementación del sistema acusatorio en todo el país. Entre las principales modificaciones se destacan:
- Aumento de penas en homicidios simples (de 8-25 a 10-30 años) y agravados, lesiones, amenazas, estafas, hurtos y robos, incluyendo figuras específicas para robos en la vía pública y de “motochorros”.
- Nuevas tipificaciones agravadas para delitos cometidos contra menores, adultos mayores, funcionarios públicos o en lugares concurridos.
- Reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, bajo el argumento de que los adolescentes comprenden la criminalidad de sus actos.
- Incremento en las penas por delitos como abuso de armas, omisión de auxilio, injurias, pornografía infantil, trata de personas y usurpación.
- Supresión de beneficios para condenados, restringiendo libertades anticipadas y morigeraciones.
- Implementación obligatoria del sistema acusatorio, que otorga al fiscal la función de investigar y acusar, al imputado la defensa y al juez el rol de árbitro.
Un debate político en puerta
Milei advirtió que la aprobación dependerá de la voluntad del Congreso: “Si logramos aprobar estas reformas, quienes delinquen la van a pagar en serio, y los argentinos van a vivir en una sociedad más segura”, señaló. También apeló a los legisladores a “ponerse del lado de las víctimas”.
El proyecto promete abrir un intenso debate en el Parlamento, donde se cruzarán las posturas de quienes reclaman mayor mano dura frente al delito y quienes advierten sobre el impacto de estas medidas en derechos y garantías.
Con este movimiento, el Gobierno coloca la seguridad en el centro de la agenda política a pocas semanas de las elecciones del 26 de octubre.
