El presidente Javier Milei vetó este miércoles la ley de financiamiento universitario, una norma que había sido aprobada con amplia mayoría en la Cámara de Diputados y que proponía actualizar automáticamente los gastos de funcionamiento de las universidades por inflación, además de reabrir paritarias y mejorar las becas estudiantiles.
Un veto con argumento fiscal y tensión política
El Decreto 647/2025, publicado en el Boletín Oficial, sostiene que la ley no cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige identificar claramente la fuente de financiamiento para cualquier incremento presupuestario. El Ejecutivo criticó la falta de precisión en el proyecto, que proponía como fuente mayores ingresos tributarios o reasignaciones de partidas, a las que calificó de “genéricas e insuficientes”.
El Gobierno estimó que la implementación de la ley implicaría un incremento de más de un billón de pesos en el gasto público para 2025, y advirtió que ese desembolso solo podría financiarse con emisión monetaria, lo cual —según argumentó— “afectaría la sostenibilidad macroeconómica y aumentaría la inflación”, perjudicando especialmente a los sectores más vulnerables.
Reacción universitaria y estrategia opositora
La ley vetada había sido impulsada por el bloque Democracia para Siempre junto al Consejo Interuniversitario Nacional. Su aprobación contó con 158 votos afirmativos, pero no alcanzó los dos tercios necesarios para blindarse ante un eventual veto presidencial.
Tras conocerse la decisión de Milei, gremios docentes universitarios convocaron a un paro nacional y la UBA anunció movilizaciones para exigir la reversión del veto. “Si no se revierte, vamos a dejar de ver a las universidades públicas tal cual las conocemos”, señalaron autoridades académicas.
En el Congreso, los bloques opositores más duros evalúan convocar a una sesión especial el próximo miércoles para intentar rechazar el veto y reinstalar el proyecto original. Sin embargo, el desafío de alcanzar los dos tercios se presenta como un escollo significativo.
Un patrón repetido: otros vetos en la mira
La ley de financiamiento universitario no fue la única en la mira del Ejecutivo. Durante la misma sesión legislativa en que se aprobó esa norma, también se dio luz verde a otras dos: la declaración de emergencia en pediatría —por la situación crítica del Hospital Garrahan— y el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Ambas serán también vetadas, aunque al cierre de esta edición aún no se habían remitido formalmente al Congreso.
La situación refuerza la creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, en un contexto en el que el Gobierno de La Libertad Avanza busca preservar su programa económico de ajuste fiscal, incluso a costa de enfrentamientos con sectores sensibles como el educativo y el sanitario.
