El lunes 27 de octubre, post elecciones los apoderados del peronismo formalizarán un pedido ante la Cámara Nacional Electoral con un reclamo puntual: que la Dirección Nacional Electoral (DINE) se abstenga de difundir una suma nacional consolidada de resultados durante el escrutinio provisorio de las elecciones legislativas.
La solicitud busca evitar confusiones en la opinión pública, ya que la alianza peronista Fuerza Patria no se presenta con ese nombre en todo el país. En 12 de las 24 provincias argentinas, el espacio liderado por el peronismo concurre a los comicios con otros sellos partidarios, muchos de ellos vinculados a liderazgos provinciales.
Un simulacro que encendió todas las alarmas
La preocupación se desató durante el simulacro de transmisión y recuento provisorio realizado el fin de semana por la DINE. En ese ejercicio, se observó que el sistema presentaba un total nacional de votos para la categoría de diputados nacionales, agrupando los datos según el nombre de la alianza, sin contemplar las variaciones locales de denominación.
Esta forma de presentar los resultados podría otorgar una ventaja artificial a La Libertad Avanza, que sí mantiene una nomenclatura unificada en los 24 distritos del país. El peronismo, por el contrario, quedaría disperso en los gráficos y proyecciones, generando una imagen distorsionada de la correlación de fuerzas.
Medidas legales en evaluación
Además del pedido ante la Cámara Electoral, se evalúan amparos judiciales en los 12 distritos donde el peronismo no compite bajo el nombre Fuerza Patria, así como una posible denuncia penal contra Luz Landívar, responsable de la Dirección Nacional Electoral. La acusación giraría en torno a un eventual intento de manipulación informativa que podría afectar la transparencia del proceso electoral.
El objetivo central del peronismo es que la difusión de los resultados se haga únicamente por provincia, sin sumatoria nacional, al menos en el recuento provisorio. De ese modo, se busca preservar la equidad en la presentación de los datos y evitar lecturas erróneas que podrían incidir en la percepción pública de los comicios.
El desenlace quedará en manos de la Justicia Electoral, que deberá resolver en tiempo récord si hace lugar al pedido o si, como en las peores noches electorales.
