Este martes 21 de octubre, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 27.795 de financiamiento universitario y la Ley N° 27.796 de emergencia sanitaria pediátrica, ambas previamente vetadas y luego ratificadas por el Congreso. Sin embargo, su aplicación quedó oficialmente suspendida hasta que se asignen fondos específicos en el Presupuesto Nacional.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial a través de los Decretos 759/2025 y 760/2025, replicando la estrategia adoptada con la Ley de Emergencia en Discapacidad hace un mes. El argumento central es el alto costo fiscal que implicaría su ejecución inmediata sin partidas asignadas.
Financiamiento universitario: una ley que espera fondos
La norma busca asegurar el funcionamiento de las universidades públicas mediante la actualización automática de sus gastos operativos, según la variación bimestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. También establece una recomposición salarial para docentes y no docentes.
Según el decreto, la variación del IPC entre mayo y diciembre de 2024 fue del 34,89 %, generando un costo adicional estimado de $123.358 millones. Para el año 2025, se proyecta un impacto de $1,06 billones, y para 2026, de $2,01 billones.
En el plano salarial, se estima que se debería otorgar un incremento del 40,25 % para equiparar los sueldos al nivel inflacionario, más un 37,55 % adicional para ciertos cargos no docentes. Solo esta medida implica $179 mil millones en 2025 y $490 mil millones en 2026.
Además, la ley dispone la actualización automática de becas estudiantiles como el Programa Manuel Belgrano y las Becas Progresar, cuyo ajuste total representaría otros $149.455 millones.
Emergencia pediátrica: una ley clave sin aplicación inmediata
La Ley N° 27.796 declara la emergencia sanitaria pediátrica por un año en todo el país. Propone garantizar el acceso a servicios de salud infantil, fortalecer hospitales públicos y residencias médicas, y mejorar las condiciones laborales del personal.
Entre sus ejes, prevé la exención del impuesto a las ganancias para trabajadores de salud que presten servicios críticos, así como la asignación prioritaria de insumos, vacunas, infraestructura y personal especializado.
El costo estimado de esta ley asciende a $196.270 millones, cifra que el Gobierno considera inviable para el actual presupuesto del Ministerio de Salud, que ya presenta un déficit de $102.400 millones.
Fundamento legal y suspensión
El Ejecutivo justificó la suspensión en que el Congreso no identificó con claridad la fuente de financiamiento, tal como exige la Ley N° 24.156 de Administración Financiera. Sin esa previsión, alegan, se comprometería el equilibrio fiscal y la sostenibilidad económica.
En septiembre, al vetar inicialmente estas leyes, el Gobierno sostuvo que detrás de propuestas loables había un riesgo real de aumentar el gasto público sin respaldo, lo que “podría acelerar la inflación y afectar a los sectores más vulnerables”.
Pese a esos argumentos, el Congreso ratificó ambas leyes. Ahora, aunque promulgadas, su ejecución depende de lo que ocurra en el debate presupuestario en el Parlamento.
