La administración pública provincial está sacudida por una presunta irregularidad de gran magnitud. Se afirma que la Ministerio de Hacienda de la Provincia de San Juan detectó alrededor de 8.000 recibos de sueldo que “no tendrían respaldo en una prestación laboral efectiva”. Personas que casi no se presentaban, otras que solo firmaban asistencia y se retiraban, y legajos sin rostro visible en ningún sector.
El impacto económico: millones que podrían cambiar destino
El número no es simbólico: 8.000 cargos “fantasma” equivaldrían a llenar varias oficinas públicas completas con beneficiarios que, aseguran fuentes del gobierno, no estarían cumpliendo una tarea visible. Sueldos que se pagarían todos los meses con impuestos de ciudadanos que trabajan, mientras se despliega una masa salarial que, al menos públicamente, “no se ve”.
Tomando un sueldo promedio “modesto” de $700.000 mensuales, esos 8.000 recibos implicarían:
- Approx. $5.600 millones por mes.
- Approx. $67.200 millones por año.
Con ese volumen se podrían financiar ejemplos concretos:
- Más de una docena de escuelas nuevas: en Santa Fe, los edificios de escuelas secundarias se presupuestan entre $4.000 y $4.900 millones cada uno. Con el monto señalado se podrían levantar unas 13‑14 escuelas. Fuente
- Sueldos para miles de docentes: con $5.600 millones al mes, se podría pagar el salario de unos 8.000 docentes de grado inicial, equiparando el número de “puestos fantasmas” que hoy se investigan.
- Cientos de tomógrafos para hospitales: el precio promedio de un tomógrafo ronda los US$85.000 (≈ $125‑130 millones al dólar financiero de ~ $1.500). Con $67.200 millones se podrían adquirir más de 500 equipos. Fuente
- Obra pública básica: pavimentación de barrios, ampliación de hospitales, construcción de centros de salud equipados, o mejoras salariales para empleados que sí trabajan.
Los ascensos y recategorizaciones bajo la lupa
Buena parte de estos nombramientos se habrían producido durante la gestión de Sergio Uñac, aunque lo más sensible, según fuentes consultadas, habría ocurrido en el tramo final y en los últimos meses: ascensos acelerados, inesperados y en algunos casos “calificados como escandalosos puertas adentro”. Empleados con categorías bajas habrían sido promovidos a niveles superiores sin concursar, sin antigüedad y sin acreditar experiencia, mientras otros trabajadores de carrera quedaban fuera de ese ascensor express.
En al menos un expediente administrativo interno se describe que se otorgaron más de dos categorías de golpe a determinados agentes —llegando incluso a nueve categorías en un solo acto—. El documento considera el proceso “injusto, desproporcionado y desajustado a la lógica”, y advierte que el consumo de “puntos” para esas promociones dejó sin posibilidad de ascenso a otros del mismo organismo.
Las revisiones no se limitan al Poder Ejecutivo: también se inspeccionan movimientos de personal y recategorizaciones en la órbita judicial, donde ascensos habrían impactado fuertemente en la masa salarial, “a espaldas de quienes llevan años esperando una oportunidad legítima”.
El malestar que se respira en los pasillos
El malestar no necesita palabras: se nota en los rostros de quienes trabajan a diario, los que atienden al público, los que están en el mostrador, los que “ponen el hombro”. Muchos describen esta situación como una mezcla de indignación y cansancio: mientras ellos cumplen, otros habrían cobrado sin trabajar o habrían escalado categorías sin respetar la fila.
En el gobierno provincial, por ahora reina el hermetismo. No se ofrecen cifras ni nombres. Las respuestas oficiales son breves: “se está revisando”, “es un tema sensible”, “no podemos adelantar nada”. Pero puertas adentro, reconocen que, de confirmarse la magnitud de los datos, el impacto político y social podría ser enorme: no solo por el monto, sino porque la sensación de injusticia pega de lleno en una sociedad con el bolsillo vacío y poca tolerancia para los privilegios.
¿Quiénes pagan el costo real?
Los empleados públicos que cumplen —y son muchos— serían posiblemente los primeros en cargar con el costo moral: tienen que soportar la crítica social cuando ven que el Estado parece sinónimo de acomodo, de sueldos sin esfuerzo. Cada recibo pagado sin trabajo visible ensucia también el nombre de quienes sí se presentan, cumplen horarios, enseñan, curan, limpian, administran.
La investigación administrativa ya está en marcha, y algunos expedientes habrían comenzado su camino hacia la vía judicial. El desenlace dependerá no sólo de informes técnicos, sino también de la decisión política de llevar el tema hasta las últimas consecuencias: porque si un gobierno detecta anomalías de esta envergadura y no las denuncia, acaba siendo cómplice.
Este proceso apenas empieza, pero ya desnuda un problema estructural: si miles de sueldos se pagan sin trabajo visible y los ascensos se convierten en una montaña rusa personalizada, no hablamos sólo de un problema administrativo. A medida que la auditoría avance, es probable que aparezcan nuevos casos y que se conozcan con precisión los mecanismos que permitieron semejante situación.
El resultado final depende de dos factores: qué dicen los informes, qué resuelven los tribunales y, sobre todo, si la voluntad política existe para que la función pública vuelva a ser sinónimo de servicio y no de privilegio.
