El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, concluyó una intensa jornada de consultas en el Senado de la Nación, donde expuso con vehemencia el respaldo de la provincia al proyecto del Poder Ejecutivo Nacional sobre la Ley de Glaciares. Su intervención marcó el cierre de una etapa crucial antes de la emisión de los dictámenes y el posterior tratamiento de la iniciativa en el plenario de la Cámara alta.
El mandatario sanjuanino se presentó en el emblemático salón Arturo Illia del palacio legislativo, en el marco de una reunión plenaria de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles. Ante los senadores, Orrego fue enfático: «vengo en primer lugar a manifestar de manera taxativa y terminante, que en San Juan queremos proteger los glaciares y geoformas del ambiente periglacial, en tanto resulten ser reservas de agua relevantes y estratégicas».
«Por eso necesitamos de una Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares, pero que ella se aplique en armonía con el desarrollo sostenible y la razonable explotación de nuestros recursos naturales», agregó, subrayando el equilibrio que busca la propuesta. El gobernador remarcó que el texto no implica una regresión en los estándares ambientales actuales, ni modifica el objeto protegido por la ley vigente, sino que busca una «adecuación aclaratoria» para su aplicación armónica.
Las facultades provinciales en el centro del debate
Un punto nodal de la exposición de Orrego fue la reivindicación de las facultades provinciales. El gobernador destacó que la nueva redacción no delega competencias, sino que «viene a reparar un avasallamiento de competencias y reconocer facultades originarias y constitucionales de las provincias para cuidar, habilitar y explotar sus recursos naturales», reservando a la Nación la fijación de presupuestos mínimos y la definición del objeto de protección.
En este sentido, el titular del Poder Ejecutivo sanjuanino explicó que «con el nuevo texto propuesto, las formas de relieve del ambiente glacial seguirán protegiéndose de la misma manera, pero ahora, en el ambiente periglacial se aporta mayor precisión con la posibilidad de realizar una evaluación ambiental especifica y exhaustiva, incluso por parte de la autoridad competente provincial, para demostrar que tiene una función hídrica relevante y, en caso negativo, retirarla del inventario de glaciares y solo ante esa circunstancia permitir actividades lícitas».
Capacidad técnica y concertación federal
Orrego enfatizó la capacidad de San Juan para ejecutar estas facultades. Resaltó la «experiencia y disponibilidad de profesionales especializados en la materia», así como la colaboración con «institutos y gabinetes de la Universidad Nacional de San Juan» para una articulación efectiva con las autoridades ambientales provinciales.
A su lado, brindando un espaldarazo federal a la iniciativa, estuvo el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Orrego, como presidente de la Mesa del Cobre (que congrega a San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy), y Jalil, al frente de la Mesa del Litio (que integra a su provincia junto a Salta y Jujuy), realizaron una sólida defensa del proyecto del Ejecutivo, del cual se declararon promotores y coautores. Esta labor, explicaron, se enmarca en las expresas instrucciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, invocando su doctrina de Concertación Federal, instruyó a las jurisdicciones provinciales y nacional a buscar «acuerdos interpretativos» para la Ley de Glaciares vigente.
