El nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) será fijado por decreto luego del fracaso de la negociación en el Consejo del Salario, donde las partes involucradas —sindicatos y cámaras empresarias— no lograron alcanzar un acuerdo.
Divergencia de cifras en la mesa de negociación
Durante el encuentro, que terminó sin avances, las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) presentaron propuestas disímiles. La CTA de los Trabajadores, alineada con la CGT, propuso llevar el salario mínimo a $553.000 a partir de abril de 2026. En tanto, la CTA Autónoma fue más contundente al reclamar un piso de $736.000, cifra que calificaron como «por encima de la línea de indigencia».
La contrapropuesta del sector empresarial fue considerablemente menor: $326.000 ahora y $349.000 desde abril. Las partes no lograron acercar posiciones y, tras un cuarto intermedio sin modificaciones, el Gobierno nacional resolvió dar por cerrada la discusión y anunciar que determinará la nueva cifra de manera unilateral.
Críticas al Ejecutivo y movilización en las calles
Desde la CTA Autónoma, su secretario general Hugo “Cachorro” Godoy expresó duras críticas al oficialismo, al que acusó de actuar «en acuerdo con la UIA, CAME, AEA y la Sociedad Rural» para impedir una mejora real. “Habilitan que el Ejecutivo resuelva con el despotismo que maneja desde el comienzo de su mandato”, sostuvo. También calificó el escenario como “una vergüenza que sigue hundiendo el SMVM y los ingresos de los trabajadores”.
En paralelo a la reunión, las dos CTA y diversas organizaciones sociales se movilizaron frente a la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, para exigir que el salario mínimo iguale el valor de la Canasta Básica Total. También reclamaron un bono de fin de año, actualizaciones en los programas sociales y el reconocimiento al trabajo socio-comunitario.
El atraso del salario mínimo y su impacto social
Actualmente, el haber mínimo permanece en $322.200 desde agosto para quienes trabajan 48 horas semanales. En el caso de los trabajadores jornalizados, el piso es de $1.610 por hora. Esta actualización, vigente desde hace cuatro meses, no logró acompañar la inflación acumulada y, según estimaciones sindicales, dejó el ingreso básico por debajo del nivel del año 2001. Además, se ubicó como el más bajo de la región si se mide en dólares.
El retraso salarial no solo afecta a los trabajadores formales. También tiene un impacto directo en las prestaciones sociales que se calculan en función del SMVM, como así también en los ingresos de los trabajadores informales. Desde los gremios denunciaron que los programas de acompañamiento social están congelados y alertaron que eventuales cambios en la movilidad contemplada en el Presupuesto 2026 podrían agravar la situación.
De este modo, el nuevo salario mínimo será otra vez definido sin consenso, en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo y creciente tensión social.
El Gobierno nacional fijará por decreto el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil tras el fracaso de la última reunión del Consejo del Salario, donde las centrales sindicales y las cámaras empresariales no lograron llegar a un acuerdo. Mientras que la CTA de los Trabajadores propuso un mínimo de $553.000 y la CTA Autónoma exigió $736.000, las patronales ofrecieron apenas $326.000 ahora y $349.000 desde abril. El Ejecutivo volverá a alinearse con esta última cifra. Sindicatos denuncian el deterioro del ingreso real y el congelamiento de los programas sociales.
Resumen generado automáticamente por inteligencia artificial
Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
El nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) será fijado por decreto luego del fracaso de la negociación en el Consejo del Salario, donde las partes involucradas —sindicatos y cámaras empresarias— no lograron alcanzar un acuerdo.
Divergencia de cifras en la mesa de negociación
Durante el encuentro, que terminó sin avances, las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) presentaron propuestas disímiles. La CTA de los Trabajadores, alineada con la CGT, propuso llevar el salario mínimo a $553.000 a partir de abril de 2026. En tanto, la CTA Autónoma fue más contundente al reclamar un piso de $736.000, cifra que calificaron como «por encima de la línea de indigencia».
La contrapropuesta del sector empresarial fue considerablemente menor: $326.000 ahora y $349.000 desde abril. Las partes no lograron acercar posiciones y, tras un cuarto intermedio sin modificaciones, el Gobierno nacional resolvió dar por cerrada la discusión y anunciar que determinará la nueva cifra de manera unilateral.
Críticas al Ejecutivo y movilización en las calles
Desde la CTA Autónoma, su secretario general Hugo “Cachorro” Godoy expresó duras críticas al oficialismo, al que acusó de actuar «en acuerdo con la UIA, CAME, AEA y la Sociedad Rural» para impedir una mejora real. “Habilitan que el Ejecutivo resuelva con el despotismo que maneja desde el comienzo de su mandato”, sostuvo. También calificó el escenario como “una vergüenza que sigue hundiendo el SMVM y los ingresos de los trabajadores”.
En paralelo a la reunión, las dos CTA y diversas organizaciones sociales se movilizaron frente a la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, para exigir que el salario mínimo iguale el valor de la Canasta Básica Total. También reclamaron un bono de fin de año, actualizaciones en los programas sociales y el reconocimiento al trabajo socio-comunitario.
El atraso del salario mínimo y su impacto social
Actualmente, el haber mínimo permanece en $322.200 desde agosto para quienes trabajan 48 horas semanales. En el caso de los trabajadores jornalizados, el piso es de $1.610 por hora. Esta actualización, vigente desde hace cuatro meses, no logró acompañar la inflación acumulada y, según estimaciones sindicales, dejó el ingreso básico por debajo del nivel del año 2001. Además, se ubicó como el más bajo de la región si se mide en dólares.
El retraso salarial no solo afecta a los trabajadores formales. También tiene un impacto directo en las prestaciones sociales que se calculan en función del SMVM, como así también en los ingresos de los trabajadores informales. Desde los gremios denunciaron que los programas de acompañamiento social están congelados y alertaron que eventuales cambios en la movilidad contemplada en el Presupuesto 2026 podrían agravar la situación.
De este modo, el nuevo salario mínimo será otra vez definido sin consenso, en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo y creciente tensión social.