La Justicia sanjuanina avanza en la investigación por la amenaza de bomba durante el recital de Lali Espósito en el Estadio del Bicentenario. El fiscal Alejandro Mattar confirmó que se logró geolocalizar una antena clave en Marquesado y que el número utilizado está radicado en Buenos Aires. Se manejan tres figuras penales, con penas de hasta 10 años de prisión.
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Lali Espósito no explotó el escenario sola: alguien más quiso sumarse al show, aunque con un guion bastante más siniestro. Durante su recital en San Juan, una amenaza de bomba obligó a evacuar el Estadio del Bicentenario, sembró el pánico y puso a prueba a todo el sistema de seguridad. Spoiler: no hubo explosión, pero sí mucho trabajo policial y judicial.
El fiscal Alejandro Mattar está al frente de una investigación que parece sacada de un thriller con antenas, geolocalización, celulares fantasmas y llamadas desde Buenos Aires. La pista clave: una torre en Marquesado que captó la señal. El problema: el dispositivo no tiene geolocalización, como si lo hubiera diseñado Q de James Bond.
Mientras los fans de Lali recuperan la voz después del susto, en Tribunales estudian tres posibles delitos, todos con penas que pueden ir hasta los 10 años de cárcel. “No creo que esto termine con probation”, avisó Mattar, con tono de quien ya olfatea que esto no fue una broma escolar.
San Juan quedó golpeada por un hecho inédito en su historia reciente. Y aunque la bomba nunca apareció, la onda expansiva ya llegó a la Justicia. Ahora sólo falta que alguien cante… y no precisamente sobre un escenario.
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La Justicia sanjuanina continúa investigando la amenaza de bomba que obligó a evacuar el Estadio del Bicentenario durante el show de Lali Espósito. Aunque el artefacto explosivo nunca fue encontrado, la causa avanza con una pista concreta: la señal telefónica del llamado fue captada por una antena en Marquesado, y el número está radicado en la provincia de Buenos Aires.
Geolocalización parcial y un celular sin rastreo
En diálogo con Demasiada Información (Radio Light), el fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Alejandro Mattar, explicó que el dispositivo utilizado para la amenaza “no tiene geolocalización”, lo que complica el rastreo. No obstante, se identificó una antena clave y ya se solicitó información a las compañías telefónicas para avanzar sobre la identidad del autor o autores.
“El caso es atípico, no tenemos antecedentes en San Juan de una amenaza de este tipo durante un evento masivo. Y el lenguaje utilizado tampoco se asemeja a otros registros anteriores”, agregó Mattar.
Figuras penales y penas posibles
El Ministerio Público trabaja sobre tres figuras delictivas posibles, que podrían derivar en penas que van desde los 2 hasta los 10 años de prisión. “Si se configura como amenaza anónima grave, no se podrá acceder a una suspensión del juicio a prueba”, advirtió el fiscal.
Impacto en la seguridad y respuesta institucional
Más allá de lo judicial, el hecho generó repercusiones en la seguridad provincial. Según Mattar, la Secretaría de Seguridad ya inició tareas preventivas para evitar futuros episodios similares. “La provincia quedó mal parada tras este hecho, y necesitamos una respuesta judicial pronta y firme”, concluyó.
