Desde este jueves 1 de enero, el sistema de transporte público de pasajeros en San Juan ha implementado una actualización integral en su esquema de costos. Según lo dispuesto por las autoridades provinciales, «el boleto de colectivo urbano pasó a costar $1.070», lo que representa un ajuste significativo respecto al valor anterior de $810 que regía hasta la fecha.
Subsidios y sostenimiento del sistema
A pesar del incremento en la tarifa, desde el Ejecutivo provincial aclararon que el precio final que abona el usuario sigue estando fuertemente subsidiado por las arcas públicas. De acuerdo con los informes técnicos presentados, «la Provincia destina mensualmente más de $5.000 millones para cubrir parte de los costos operativos». Este desembolso tiene como objetivo mitigar el impacto de la inflación y el aumento de los insumos básicos del sector, evitando que el pasaje alcance valores que comprometan la movilidad de la población.
En este sentido, se destacó que el esquema de protección social sigue siendo una prioridad para la gestión de transporte. Se remarcó que «más del 45% de los usuarios del sistema accede a algún tipo de beneficio o descuento». Dentro de este universo de beneficiarios se encuentran jubilados, trabajadoras de casas particulares y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), quienes cuentan con el respaldo de programas nacionales y aportes directos del Gobierno de San Juan.
Nuevas condiciones para el boleto escolar
Uno de los puntos centrales de la comunicación oficial refiere a la continuidad y los cambios en el régimen del boleto escolar gratuito. Si bien se confirmó que el beneficio mantendrá su gratuidad y no tendrá límite de viajes, se introducirán modificaciones administrativas importantes para el próximo año. Estos cambios no son de aplicación inmediata, sino que comenzarán a regir «a partir del inicio del ciclo lectivo 2026».
A partir de esa fecha, «será obligatorio que los estudiantes tengan sus datos personales correctamente registrados y vinculados a la tarjeta SUBE» para poder hacer uso de la franquicia. Desde la cartera de gobierno explicaron que esta medida tiene como finalidad exclusiva «mejorar los controles y optimizar la administración del sistema de transporte público», asegurando que los recursos lleguen de manera efectiva a quienes realmente integran el sistema educativo provincial.
