Un dramático giro en la investigación por el suicidio de un soldado destinado a la Residencia Presidencial de Olivos ha colocado nuevamente en el centro del debate la seguridad en los establecimientos penitenciarios. Tras confirmarse que el joven fue víctima de una extorsión sistemática coordinada desde el interior de una cárcel, el Gobierno Nacional endureció su postura respecto al uso de tecnología por parte de los internos.
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue tajante al respecto: «Permitir que un preso tenga teléfono celular es equivalente a permitir que un preso tenga un arma». Esta declaración marca el inicio de una política de tolerancia cero frente a los dispositivos móviles en los penales, buscando frenar el crecimiento de delitos como la ingeniería social y el chantaje operado intramuros.
El modelo tecnológico en San Juan
En este contexto, la provincia de San Juan ha tomado la delantera con un programa de modernización para el Penal de Chimbas. El Servicio Penitenciario Provincial anunció que durante el primer semestre de 2026 comenzarán las pruebas de un sistema de inhibidores de señal focalizados. Esta tecnología permitirá bloquear las comunicaciones exclusivamente dentro de los pabellones, evitando afectar la señal de los vecinos residentes en las zonas aledañas.
Como alternativa para garantizar el contacto con sus allegados, el plan incluye la instalación de terminales de telefonía fija controlada en los accesos de los pabellones. Todas las llamadas serán bajo turnos programados y estarán sujetas a registro y supervisión por parte de las autoridades correspondientes.
Lucha contra la impunidad digital
La tragedia en Olivos reveló la peligrosidad de las estructuras criminales que utilizan el anonimato digital para gestionar robos, estafas virtuales y amenazas desde sus celdas. «No se puede permitir que la cárcel sea una oficina de delitos a distancia», indicaron fuentes del Ministerio de Seguridad.
El éxito del plan piloto en el Penal de Chimbas podría definir el estándar nacional para el resto de los servicios penitenciarios federales y provinciales. El objetivo es cerrar definitivamente la brecha tecnológica que hoy permite a los internos continuar con sus actividades delictivas a pesar de encontrarse privados de la libertad.
