La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, vetó la ordenanza que modificaba el Reglamento Interno del Concejo Deliberante y reducía de tres a un año la antigüedad profesional requerida para ocupar la Asesoría Contable. El cambio había dejado en condiciones de avanzar con la designación de Karen Uriza para cubrir el cargo vacante.
Rodríguez ya había cuestionado la reforma durante su tratamiento legislativo y había planteado que podía entrar en conflicto con disposiciones de la Carta Orgánica municipal. Con el veto, la definición vuelve ahora al Concejo Deliberante.
El cambio que abrió la discusión
El conflicto comenzó tras la salida de Marcelo Ezeiza de la Asesoría Contable del Concejo. A partir de la vacante, comenzó la discusión sobre quién debía reemplazarlo y surgió el nombre de Karen Uriza.
El Reglamento Interno establecía como condición para ocupar ese puesto contar con tres años de ejercicio profesional. Uriza tenía alrededor de un año y medio desde que se había recibido, por lo que no alcanzaba la antigüedad establecida originalmente.
La mayoría del Concejo decidió entonces modificar ese requisito y reducir de tres años a uno el período de ejercicio profesional necesario para acceder al cargo. La reforma fue aprobada con seis votos: Leonela Yúdica, Ariel Rivero, Noelia Tortarolo, Ivana Cortez, Augusto Neyra y Eduardo Rodríguez. La votación y la reducción del requisito fueron informadas públicamente tras la sesión.
Griselda Chávez votó en contra, mientras que Eduardo Núñez, Luciano Cano y María Arredondo plantearon que la iniciativa regresara a comisión. También se había propuesto realizar una convocatoria para cubrir la vacante dejada por Ezeiza.
Con la modificación aprobada, Uriza quedó habilitada para acceder al puesto desde el punto de vista del requisito de antigüedad fijado por el Reglamento Interno. Sin embargo, la ordenanza llegó posteriormente al Ejecutivo municipal y Rodríguez resolvió vetarla.
El número que complica al Concejo
El veto coloca nuevamente la decisión en manos de los concejales, aunque la composición de la votación original presenta una dificultad para quienes pretendan insistir con la reforma.
El Concejo Deliberante de Chimbas está integrado por diez miembros y, para rechazar un veto del Ejecutivo e insistir con una ordenanza, se necesitan dos tercios, equivalentes a siete votos.
La modificación del Reglamento Interno obtuvo seis votos. Por lo tanto, si se mantuvieran exactamente las mismas posiciones expresadas durante la aprobación de la norma, no alcanzarían los sufragios necesarios para revertir el veto.
Un nuevo capítulo en la tensión institucional
Se trata del segundo veto de Rodríguez durante 2026, en un año marcado por diferencias entre el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante. El antecedente inmediato estuvo vinculado con el Presupuesto 2026.
En diciembre de 2025, el cuerpo legislativo había aprobado el Presupuesto enviado por la intendenta, pero introdujo modificaciones en la distribución de los recursos y elevó la participación correspondiente al Concejo. Rodríguez vetó posteriormente esos cambios y los ediles no reunieron los votos necesarios para insistir con la decisión legislativa.
Luego apareció otro intento de reforma del Reglamento Interno, esta vez vinculado con la forma de calcular los dos tercios necesarios para insistir ante un veto. Esa iniciativa finalmente no prosperó.
El nuevo rechazo del Ejecutivo vuelve a colocar en el centro de la escena la relación entre la intendenta y el Concejo. Ahora, quienes respaldaron la modificación deberán definir si vuelven a insistir con la ordenanza y, en ese caso, conseguir al menos un voto adicional respecto de los seis obtenidos originalmente.
