Este martes 27 de mayo, desde las 6 de la mañana, remiseros y taxistas sanjuaninos realizarán cortes simultáneos en puntos estratégicos de la ciudad. El objetivo es claro: lograr la prohibición total de las plataformas digitales Uber y DiDi, a las que consideran una competencia desleal que amenaza su subsistencia. La situación escaló en las últimas horas con la difusión de un audio que, según trascendió, amenaza con violencia explícita contra autos y conductores de las aplicaciones, elevando la preocupación social y política en la provincia.
El comunicado interno que circuló anoche entre permisionarios y choferes llama a estar «TODOS en la calle» porque «es ahora o nunca«, y advierte: «si no hacemos ruido, si no mostramos fuerza, vamos a desaparecer uno por uno, en silencio«. Este llamado a la acción, que legitima la violencia («romper autos») como recurso defensivo, marca un punto de inflexión en el conflicto local, que hasta ahora se había manifestado principalmente a través de reclamos y operativos de control.
Los cortes en las calles serían:
- Coll y Paula
- Mendoza y Circunvalación norte
- Hipólito Yrigoyen y Circunvalación – Santa Lucia
- Casa de Gobierno
- Las Heras y Libertador
- San Lorenzo y Circunvalación
El Ministerio de Gobierno de San Juan calcula que existen unas 2.010 licencias habilitadas para taxis y remises en la provincia, según datos de abril de 2024. Sin embargo, la propia cartera reconoce que el 90% de esa flota opera con habilitaciones vencidas por diversos problemas administrativos. Sobre esos mismos asfaltos circulan hoy entre 1.500 y 2.000 autos vinculados a Uber o DiDi, según estimaciones del gremio y datos aportados por las propias plataformas. Este número, según el gremio taxista, llegó a picos de 8.000 conductores registrados en los sistemas de apps en agosto de 2024.
La llegada de Uber el 9 de octubre de 2023 y, más recientemente, de DiDi el 14 de mayo de 2025, intensificó una disputa que se venía gestando en silencio. El gremio tradicional argumenta que las plataformas operan en un limbo legal, sin cumplir con las exigencias de seguros, permisos y cánones que sí rigen para taxis y remises. Las plataformas, por su parte, se amparan en vacíos legales de la Ley provincial 814-A (2015) que regula el transporte pero no contempla la tecnología digital, y señalan que sus conductores son monotributistas o trabajadores independientes que usan sus vehículos particulares.
La cronología del conflicto en San Juan
La tensión entre el sector del taxi/remís tradicional y las plataformas digitales en San Juan es relativamente reciente pero ha escalado rápidamente:
- 9 de octubre de 2023: Uber inicia operaciones en San Juan. El Gobierno provincial responde con operativos de control y multas inmediatas.
- 10 de octubre de 2023: Primeros controles de Tránsito y Transporte. Se retienen 4 vehículos y se suspende la licencia de conducir a los choferes por 24 meses, en lo que se presentó como un «castigo ejemplar».
- Octubre-noviembre 2023: Continúan los operativos. Se confirman más de 20 multas con valores de hasta $400.000 cada una, y «radiación» (prohibición de circular) de vehículos.
- Enero-febrero 2024: El sindicato de taxis y remises denuncia públicamente una caída del 80% en la demanda de sus servicios tras tres meses de operación de Uber.
- Agosto 2024: El número de autos registrados en las plataformas digitales en San Juan se dispara, pasando de 2.300 a 8.000 en ocho meses, según cifras del propio gremio taxista. Esto evidencia el crecimiento exponencial de la oferta de transporte vía app.
- 14 de mayo de 2025: La plataforma DiDi desembarca en la provincia, aumentando la competencia y la tensión en el sector tradicional.
- 22 de mayo de 2025: Choferes de Uber y DiDi realizan una marcha en San Juan, reclamando el fin de las multas y una legalización formal de su actividad.
- 27 de mayo de 2025 (convocatoria): El gremio de taxis y remises anuncia seis cortes simultáneos en puntos clave y la amenaza explícita de violencia contra vehículos y conductores de plataformas.
Este último punto marca la primera vez que, en San Juan, la protesta del sector tradicional incluye una amenaza abierta de violencia física y daños materiales como parte de su estrategia de presión.
El espejo de Argentina: 10 años de conflictos con resultados diversos
San Juan no es la primera provincia argentina en enfrentar este conflicto. La llegada de las plataformas digitales ha generado disputas similares en las principales ciudades del país, con un patrón recurrente: protestas del sector tradicional, respuestas judiciales o políticas, y una tendencia general hacia la convivencia, no la erradicación de las apps.
- Buenos Aires (desde 2016): La capital fue el primer escenario de choque masivo. Desde abril de 2016, los taxistas porteños realizaron decenas de bloqueos en puntos neurálgicos como el Obelisco y la 9 de Julio, algunos con quema de neumáticos. Aunque un juzgado porteño ordenó «bloquear» la app, la medida nunca fue plenamente efectiva y el Enacom no logró implementar el filtrado. La Justicia porteña ha declarado inconstitucional cerrar la plataforma y reclama una ley específica que aún no llega. Hoy, Uber sigue operando «a riesgo del chofer», con multas millonarias (imposibles de cobrar masivamente) y comparte el mercado con taxis y otros servicios: se estima que 1 de cada 3 viajes ya se pide por app. La flota de taxis tradicionales perdió un 23% de sus viajes entre 2016 y 2024.
- Mendoza (desde 2018): La protesta mendocina de junio de 2018 fue una de las más duras, con un paro de 48 horas y quema de cubiertas frente a la Casa de Gobierno. Paradójicamente, esta presión aceleró el debate legislativo y resultó en la sanción de la Ley 9086 de Movilidad. Esta norma creó un «sandbox» regulatorio que habilitó el uso de Uber y Cabify bajo condiciones específicas: inscripción provincial, seguro obligatorio, aporte impositivo y permisos especiales. En 2021, la Corte mendocina ratificó la legalidad de la ley. Hoy, la convivencia es un hecho: se estima que un tercio de los taxis tradicionales mendocinos utiliza la app Cabify en «modo taxi» para sumar carreras, evidenciando un «mestizaje» del servicio.
- Rosario (desde 2019): La ciudad santafesina vivió picos de tensión con violencia explícita. En octubre de 2019 hubo rotura de parabrisas de autos de Uber, y episodios más recientes incluyeron quema de neumáticos y retención de choferes. El Concejo Municipal endureció las multas, que hoy alcanzan $1,2 millones y el secuestro del auto. Sin embargo, la demanda impulsó la oferta: se estiman unos 6.000 conductores de plataformas operando y las apps ya tienen un 30% del mercado, mientras el gremio taxista perdió un tercio de sus licencias activas. La violencia generó fuertes críticas y dañó la imagen pública del taxi.
- Córdoba (desde 2019): La capital cordobesa fue escenario de piquetes intermitentes durante años, algunos frente al Palacio Municipal. El conflicto judicial se extendió hasta abril de 2025, cuando el Tribunal Superior de Justicia dictaminó que Uber puede operar si cumple 14 requisitos, incluyendo seguro de Responsabilidad Civil, registro municipal y domicilio legal. Aunque el municipio todavía realiza secuestros, la puerta legal quedó abierta y se espera una ordenanza definitiva antes de fin de año.
La lección que surge de estos casos argentinos es clara: la protesta callejera, incluso con picos de violencia, no logró la prohibición total de las plataformas. En cambio, presionó a los gobiernos a regular, y esas regulaciones terminaron incorporando a las apps, no expulsándolas. Además, la violencia sistemáticamente perjudicó la imagen pública del sector del taxi tradicional.
El espejo global: la misma pelea, resultados similares
La disputa entre taxis tradicionales y plataformas digitales es un fenómeno mundial. En grandes ciudades de Europa, América y Asia, los taxistas protagonizaron protestas masivas con características similares a las vistas en Argentina. Y los resultados, en su mayoría, apuntan a un patrón repetido: la coexistencia regulada, no la prohibición total.
- París (2016): Taxistas protagonizaron bloqueos periféricos y quema de neumáticos, con decenas de arrestos. El gobierno francés prohibió el servicio UberPOP (sin licencia), pero mantuvo UberX, que opera con licencias de «vehículo de alquiler con chofer» (VTC) que los taxistas consideran caras.
- Madrid (2019): Una huelga de 16 días con choques leves puso en jaque el transporte. La Comunidad de Madrid impuso una medida para proteger al taxi: los viajes de apps debían pre-contratarse con 15 minutos de antelación. Las apps, aunque protestaron, siguieron operando y ganando mercado, especialmente en el sector turístico.
- Londres (2019): La autoridad de transporte (TfL) revocó la licencia de Uber por fallas de seguridad. Uber apeló, corrigió los problemas señalados y, tras un proceso, recuperó su licencia, aunque bajo un monitoreo estricto del regulador. No fue una prohibición por competencia, sino por seguridad, y la app regresó.
- Nueva York (2018): Tras marchas y un fuerte lobby del sindicato de taxis, el Concejo Municipal congeló la emisión de nuevas licencias para vehículos de plataformas y fijó un salario mínimo para sus conductores. No prohibió las apps, sino que limitó su crecimiento y reguló las condiciones laborales.
- Delhi (2017): Una huelga de 12 días con hostigamiento a conductores de Uber y Ola (otra app) buscó frenar las plataformas. El gobierno intervino, revisó las tarifas mínimas, pero las apps continuaron operando en la capital india.
- Jakarta (2016): Un día de furia con golpizas a choferes y destrucción de autos resultó en 83 detenidos. El gobierno prometió regulación y, a pesar de la violencia, Uber (hoy parte de Grab, una app local dominante) sobrevivió y creció en el mercado indonesio.
La conclusión en los hechos es contundente: en ninguna gran capital o ciudad del mundo donde hubo protestas masivas (incluso violentas) se logró una prohibición total y permanente de las plataformas digitales de transporte. La disputa terminó, invariablemente, en alguna forma de regulación parcial o coexistencia, obligando al sector tradicional a adaptarse.
Lo que está en juego en San Juan hoy
La protesta de este martes 27 de mayo pone sobre la mesa varios puntos críticos para San Juan, más allá del reclamo puntual del gremio de taxis y remises:
- Impacto en el transporte y la movilidad: Los cortes afectarán arterias clave, generando caos en el tránsito en horario pico y perjudicando a miles de sanjuaninos que necesitan movilizarse para ir a trabajar, estudiar o realizar trámites.
- Riesgo real de violencia: La amenaza explícita de «romper autos» y «golpear conductores» es un delito. La incitación a la violencia y el daño agravado pueden acarrear penas de hasta 6 años de prisión, según abogados penalistas. Además, cortar rutas nacionales (como la Circunvalación) es un delito federal. Si hay heridos o destrozos, las consecuencias legales para los organizadores y participantes pueden ser severas.
- La imagen pública del sector: La experiencia de otras ciudades argentinas y del mundo demuestra que los episodios de violencia, aunque generen impacto mediático inicial, se vuelven un boomerang reputacional. La opinión pública tiende a rechazar la violencia y a percibir al sector que la ejerce como obsoleto o intransigente, impulsando a más usuarios a buscar alternativas como las apps.
- La legalidad confusa: La Ley provincial actual no regula las plataformas. El Gobierno aplica multas y secuestros basados en interpretaciones de normas de tránsito, una base legal frágil que ha sido cuestionada en otras jurisdicciones. La protesta podría forzar un debate legislativo necesario.
- La economía de los conductores: Detrás de la disputa gremial, miles de familias dependen de estos ingresos. Tanto los taxistas tradicionales (que ven caer su trabajo) como los conductores de plataformas (que enfrentan multas y secuestros) están en una situación de vulnerabilidad que requiere una solución de fondo. La tarifa del taxi subió un 65% en 2024, pero la demanda siguió cayendo, mientras Uber ubica a San Juan en el Top 3 nacional en calificaciones de usuarios.
Las lecciones de la historia: ¿cuál es el camino posible?
La evidencia documentada de los últimos 10 años en Argentina y el mundo sugiere fuertemente que la prohibición total y la confrontación violenta no son estrategias efectivas para el sector del taxi tradicional frente a la llegada de las plataformas digitales. Al contrario, suelen precipitar desenlaces que terminan legitimando (y a veces regulando) a las apps, al tiempo que dañan la propia causa del sector tradicional.
Las experiencias más «exitosas» (entendidas como aquellas que lograron algún tipo de equilibrio o marco legal) se basaron en la regulación y la adaptación:
- Regular, no prohibir: La tendencia global y nacional es crear marcos legales para las plataformas, exigiéndoles seguros, registros de conductores y vehículos, domicilio fiscal y, en algunos casos, cánones o impuestos específicos. Esto nivela la cancha con el taxi tradicional en cuanto a exigencias formales.
- Buscar la convivencia: Modelos como el de Mendoza demuestran que es posible que ambos servicios coexistan. Incluso, parte del sector tradicional en otras ciudades ha optado por usar las propias apps para conseguir viajes, combinando lo mejor de ambos mundos («mestizaje»).
- Proteger al trabajador: Algunas regulaciones (como en Nueva York) se enfocaron en garantizar condiciones laborales y salarios mínimos para los conductores de plataformas, abordando una preocupación legítima sobre la precarización.
- Mejorar el servicio: La competencia de las apps ha empujado al taxi tradicional en otras ciudades a mejorar la calidad del servicio, incorporar tecnología (apps propias, pagos digitales) y revisar tarifas para ser más competitivos.
La historia demuestra que el «volante» se gana hoy tanto en la calle (ofreciendo un buen servicio y estando disponible) como en la pantalla (adaptándose a las nuevas tecnologías y plataformas). Intentar frenar la tecnología con bloqueos y violencia, según la evidencia de París, Rosario o Buenos Aires, genera titulares ruidosos, pero no detiene las descargas de las apps y, a la larga, perjudica la reputación del sector que protesta.
El sector de taxis y remises tradicional enfrenta una competencia innegable, y su reclamo por un marco legal justo es legítimo. Sin embargo, la estrategia de los cortes masivos y, especialmente, la amenaza de violencia, ponen en riesgo no solo la convivencia social, sino también la propia causa que defienden.
La experiencia documentada –nacional e internacional– demuestra que los piquetes frenan autos por unas horas, generan caos y presión, pero nunca frenaron la tecnología ni lograron la prohibición total de las plataformas. Al contrario, a menudo aceleraron procesos regulatorios que terminaron reconociendo a las apps y obligando al sector tradicional a adaptarse, muchas veces con una imagen pública deteriorada por los métodos de protesta.
San Juan tiene la oportunidad de aprender de la historia reciente. La decisión pendiente es si se quedará atrapada en una guerra de desgaste que, a la larga, perjudica a todos (usuarios, taxistas, choferes de app, y la provincia misma), o si se sentará a diseñar reglas claras y justas que permitan la coexistencia y la competencia leal en el nuevo paisaje de la movilidad urbana. La evidencia sugiere que la regulación negociada, con criterios claros y condiciones parejas para todos los actores, es el camino que más ha beneficiado tanto a usuarios como a trabajadores en otras latitudes. Mañana, la calle hablará, pero la historia ya ha dado su veredicto.
