¿Tuviste artefactos rotos por la luz? Naturgy deberá pagar $85 millones
Naturgy San Juan fue multada por el EPRE con $85.959.204,47 por demorar el pago de compensaciones a usuarios afectados por fallas en el servicio eléctrico. El monto se destinará al Fondo de Contención Tarifaria para beneficiar a los usuarios. La empresa tiene cinco días hábiles para depositar el dinero y puede apelar la decisión en la Justicia.
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Naturgy, esa empresa que nos provee de electricidad con la misma regularidad con la que un político cumple sus promesas, ha sido condenada a pagar la módica suma de 85 palos verdes. ¿El motivo? Parece que se olvidaron de compensar a tiempo a los usuarios que sufrieron daños en sus electrodomésticos por culpa de sus cortes de luz. O sea, no solo te dejan a oscuras y con el wifi caído justo en el momento cumbre de tu serie, sino que encima te hacen esperar una eternidad para que te paguen el arreglo de la tele. Un verdadero combo breaker, diría un millennial.
El EPRE, cual justiciero enmascarado pero con menos spandex y más papeleo, les aplicó una multa que equivale a 675.750 kWh. Para que se den una idea, eso es suficiente energía como para alimentar una tostadora industrial que produce medialunas durante 3 años seguidos. O para mantener encendida la lamparita de ideas de un funcionario público durante… bueno, mejor no hagamos cuentas.
Lo más gracioso del asunto es que la guita de la multa va a parar al Fondo de Contención Tarifaria. Es como si te robaran la billetera, te devolvieran la plata y te dijeran «tomá, usala para comprar un candado mejor». Una ironía digna de un capítulo de Black Mirror, pero en San Juan y con menos tecnología futurista (a menos que consideren futurista al lavarropas automático que se te quemó por la baja tensión).
Y como si fuera poco, el EPRE les tiró un ultimátum digno de película de mafiosos: «Si siguen con la joda, la próxima multa va a ser más pesada que deuda externa». Naturgy, por ahora, guarda silencio. Seguramente están buscando los billetes abajo del colchón o rezando para que un meteorito caiga sobre el EPRE antes de tener que pagar. En fin, un nuevo capítulo en la saga eterna de «usuarios vs. empresas de servicios», donde la única certeza es que la luz al final del túnel probablemente sea otro corte de luz.
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Naturgy San Juan deberá desembolsar una multa de $85.959.204,47 por incumplir con los plazos establecidos para resarcir a usuarios que sufrieron daños en sus artefactos eléctricos. La sanción fue emitida por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) mediante la Resolución N° 0376, y se convirtió en una de las penalizaciones más significativas del año contra una prestadora de servicios esenciales en la provincia.
La resolución detalla que la sanción equivale a 675.750 kWh, una medida que remite directamente al marco tarifario regulado por el contrato de concesión que Naturgy firmó con la provincia. El motivo: excesivas demoras en compensar a usuarios afectados por variaciones de tensión, cortes prolongados y oscilaciones que provocaron daños en electrodomésticos.
El dinero deberá ser depositado en la cuenta del Fondo de Contención Tarifaria del EPRE, dentro de los próximos cinco días hábiles desde la notificación. Según lo establece la Ley LP-739-A, los fondos recaudados por sanciones a distribuidoras eléctricas no se destinan al Estado provincial, sino que se reinvierten en beneficios para los usuarios, a través de bonificaciones en la factura eléctrica.
Pero eso no es todo. El EPRE ya puso sobre aviso a Naturgy: si persisten las demoras o reinciden los incumplimientos, se aplicarán factores agravantes en futuras sanciones. La advertencia deja en claro que el ente no está dispuesto a tolerar prácticas que afecten directamente el bolsillo de los sanjuaninos.
Desde el organismo también confirmaron que la instancia administrativa queda agotada, y que la empresa podrá recurrir la medida por la vía judicial si considera que la sanción fue injusta o desproporcionada. Hasta el momento, Naturgy San Juan no emitió un comunicado oficial sobre la resolución.
Este caso se convierte en un nuevo capítulo dentro del largo historial de tensiones entre prestadoras de servicios públicos y el Estado regulador. Y también en un llamado de atención a otras empresas: el cumplimiento de los derechos del usuario no es opcional. En San Juan, al menos por ahora, parece que la letra chica del contrato empieza a pesar.
