El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) impuso una nueva multa millonaria a Naturgy San Juan S.A. por demoras en la conexión del servicio eléctrico. La sanción asciende a $209,5 millones y se suma a otra anterior por fallas en seguridad, acumulando más de $270 millones en penalizaciones. La resolución obliga a la empresa a depositar los fondos en el Fondo de Contención Tarifaria, destinado a aliviar el costo de la luz en usuarios vulnerables.
Este contenido es generado automáticamente con IA
Conectarse a la red eléctrica en San Juan a veces se siente como intentar hablar con un operador humano de una empresa de telecomunicaciones: sabés que existe, pero no sabés cuándo te va a atender. Y parece que el EPRE también se cansó de esperar. Por segunda vez en menos de una semana, le aplicó a Naturgy una multa millonaria. Esta vez, el motivo no fue un cable pelado, sino la demora sistemática en algo tan básico como enchufarte a la vida: darte luz.
La sanción roza los $210 millones, una cifra que no ilumina los medidores, pero sí el enojo del ente regulador. Y no es la primera: ya venían de una de $61,5 millones por temas de seguridad. Si esto fuera un partido, Naturgy estaría perdiendo por goleada en el primer tiempo. El EPRE, con más precisión que VAR en partido picante, revisó expediente tras expediente de usuarios que esperaron su conexión como quien espera la lluvia en San Juan: con fe, pero sin garantías.
La ironía más brillante es que toda esa plata —$209 millones, con centavos de indignación— va directo a un fondo que ayuda a los usuarios más vulnerables con bonificaciones en la boleta. Es decir: el castigo se convierte, al menos, en alivio.
Pero el regulador fue por más: no solo multó, también lanzó una amenaza elegante en formato jurídico. Si la empresa no mejora, las próximas sanciones serán aún más saladas, con «Factores de Gravedad» que suenan como si vinieran de un manual Sith de la administración pública. Naturgy, ahora, solo puede apelar por vía judicial. Aunque lo que más urge no es un recurso legal, sino un enchufe que funcione.
Este contenido humorístico es generado por IA y puede contener imprecisiones o ser imprudente, se recomienda leer con discreción.
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) impuso una sanción de $209.513.903,45 a la empresa Naturgy San Juan S.A. por incumplimientos reiterados en los plazos de conexión del suministro eléctrico. La medida se oficializó mediante la Resolución EPRE Nº 052, fundamentada en una serie de reclamos de usuarios por demoras injustificadas en el alta del servicio.
La sanción se suma a otra anterior de $61,5 millones por fallas en seguridad, con lo que el total de penalizaciones supera los $270 millones en menos de una semana.
Reclamos reiterados y análisis técnico
Según el ente regulador, la multa se basa en una veintena de expedientes presentados por usuarios que no recibieron el servicio en los tiempos estipulados por el Régimen de Suministro del Servicio Público. Entre los casos relevados se incluyen los expedientes 550.8009/24, 550.9031/24, 550.0075/25, entre otros.
El EPRE determinó que se trató de demoras sistemáticas y sin justificación, lo que vulnera derechos de los usuarios y afecta tanto a familias como a comercios que dependen de la conexión para su funcionamiento.
Fondo de Contención Tarifaria
Como establece la normativa vigente, la empresa deberá depositar el monto de la sanción en el “Fondo de Contención Tarifaria”, cuenta especial administrada por el EPRE en el Banco San Juan. Este fondo se destina a otorgar bonificaciones y descuentos a usuarios en situación de vulnerabilidad.
Naturgy tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar el depósito y 10 días para remitir los comprobantes del pago.
Advertencia y acciones futuras
En su resolución, el EPRE notificó a la empresa que, en caso de continuar con este tipo de incumplimientos, se aplicarán sanciones con mayor peso mediante el aumento de los Factores de Gravedad, Concepto y Reincidencia al momento de calcular las penalidades.
Actualmente, Naturgy no cuenta con instancias de apelación dentro del ámbito del ente regulador. Su única vía para revertir la decisión será presentar una acción contencioso-administrativa ante la Justicia.