Dos alumnos mayores de edad fueron detenidos tras ser identificados como responsables de una amenaza de bomba que obligó a evacuar por completo la Escuela Ing. Rogelio Boero, ubicada en Capital. La situación generó alarma y activó un importante operativo de seguridad con participación de la Policía y Bomberos.
La UFI Genérica, a cargo de la fiscal Daniela Pringles, actuó rápidamente. El primer implicado, un joven de 18 años, se presentó voluntariamente en la comisaría junto a su madre y un abogado. La fiscal confirmó que la llamada fue rastreada hasta una antena ubicada dentro del establecimiento educativo.
Más tarde, otro alumno fue identificado como presunto coautor del hecho, al haber colaborado en la organización del llamado. Ambos están vinculados formalmente a la causa y uno de ellos se encuentra actualmente alojado en la Comisaría 3°.
Las consecuencias legales
Los estudiantes podrían enfrentar cargos por intimidación pública, un delito que contempla penas severas. Pringles fue enfática: “El delito no distingue si es chistosa o seria la cosa. La activación del protocolo y la alarma social ya configuran la figura penal”.
En paralelo, no se descarta una salida alternativa como la suspensión del juicio a prueba (probation), que incluiría una reparación económica significativa. “La solución alternativa va acompañada de una reparación simbólica, que en este caso es de un monto alto porque es el gasto ocasionado”, detalló la fiscal.
Como antecedente cercano, se mencionó el caso de una profesional que realizó una amenaza similar al Hospital Rawson y debió abonar una multa cercana a los $4.000.000.
Una advertencia para toda la comunidad educativa
La fiscal Pringles subrayó que estos casos son tratados con la misma seriedad que cualquier otro delito. “Lamentablemente no toman dimensión de las consecuencias”, señaló. La Fiscalía continuará con la investigación y se espera que los jóvenes sean formalmente imputados en las próximas horas.
