La Justicia de San Juan formalizó este miércoles 15 de octubre la investigación penal contra nueve personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a la falsificación de documentos de identidad. Entre ellas se encuentra la directora del Registro Civil de Pocito, identificada como N.L.C., quien permanece bajo prisión preventiva por orden judicial.
De acuerdo con la información brindada por el fiscal Fernando Alcaraz, la organización operó desde agosto de 2024 hasta mediados de 2025, valiéndose de un sofisticado esquema que permitía incorporar datos biométricos falsos —fotografías y huellas digitales— en trámites de solicitud de DNI. Los documentos emitidos eran auténticos en su formato y soporte, pero con identidades completamente apócrifas.
Un fraude que superó los 156 millones de pesos
Con esos DNI falsos, los integrantes de la red obtenían créditos, electrodomésticos y vehículos que luego revendían, generando un perjuicio económico superior a los 156 millones de pesos. La maniobra fue descubierta tras la denuncia de una víctima en Buenos Aires, quien detectó que su número de documento había sido utilizado con una foto y huellas digitales que no le pertenecían.
Las primeras diligencias condujeron directamente al Registro Civil de Pocito, donde surgieron evidencias que involucraron a empleados del organismo en la emisión irregular de los DNI. Durante los allanamientos se secuestraron decenas de documentos y material informático que probaría la falsificación sistemática.
Estructura jerárquica y participación funcional
La investigación reveló que la organización tenía una estructura jerárquica definida, con funciones precisas: captadores de personas dispuestas a prestar sus datos biométricos, tramitadores encargados del ingreso de la información, gestores que realizaban las compras con identidad falsa y revendedores que colocaban los bienes en el mercado informal.
El caso despertó alarma institucional y motivó la intervención del Renaper, que llevó adelante una auditoría interna. Allí se detectaron 22 intentos adicionales de falsificación vinculados al mismo esquema: cuatro consumados y dieciocho frustrados. Los hallazgos fueron incorporados a la causa durante la audiencia de formalización realizada el 24 y 25 de septiembre, ante el juez Leopoldo Rago Gallo.
Prisión preventiva y nuevas imputaciones
El magistrado resolvió ampliar las imputaciones, sumar los nuevos hechos descubiertos y mantener la prisión preventiva para la directora del Registro Civil. También ordenó la detención preventiva de otros dos hombres, mientras que cinco imputados —cuatro mujeres y un hombre— fueron liberados bajo condiciones restrictivas por haber intentado tramitar sin éxito los DNI falsos.
Otro de los implicados, con antecedentes por tráfico de estupefacientes, recuperó la libertad bajo caución real, y un noveno integrante de la organización se fugó tras la audiencia, por lo que pesa sobre él una orden de detención vigente.
Delitos imputados
A los nueve acusados se les atribuyen los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos, estafa y violaciones a la Ley N.º 17.671, que regula el sistema nacional de identificación. El expediente continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que busca determinar si hubo participación de otras dependencias en la maniobra.
El caso expuso una de las tramas de corrupción institucional más graves en la historia reciente de la provincia, en un área clave para la seguridad y la identidad ciudadana. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones en los próximos días.
