San Juan impulsa un sistema de control más exhaustivo en centros de detención, con el apoyo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), para salvaguardar los derechos humanos y prevenir abusos en cárceles, comisarías y otros establecimientos.
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La ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma, se reunió con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) para poner en marcha un sistema provincial que intensifique la supervisión de los centros de encierro. La idea es clara: garantizar que los derechos humanos se respeten a rajatabla en lugares como cárceles, comisarías, alcaldías, centros de responsabilidad penal juvenil, establecimientos de salud mental y residencias de personas mayores.
El nuevo sistema permitirá inspecciones y monitoreos a fondo en estos lugares, con el objetivo de evitar cualquier tipo de tortura o trato que se considere cruel, inhumano o degradante.
El CNPT, un organismo que depende de la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso de la Nación, tiene la potestad de realizar inspecciones sorpresa en estos establecimientos. Es como un «control de tránsito» para las instituciones, pero en vez de multas, se busca asegurar que se cumplan los derechos fundamentales.
Desde el Ministerio de Gobierno, remarcaron la importancia del apoyo del CNPT y reafirmaron el compromiso de la provincia con políticas públicas que defiendan los derechos humanos, trabajando en conjunto con otras jurisdicciones. «Federal y articulada», dijeron. Suena bien en el papel, veremos si se traduce en algo concreto.
En la reunión también estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan José Dubos, y el director de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Carlos Mañe. Por el CNPT, asistieron la directora de Mecanismos Locales, Silvina Irrazabal, y los comisionados Kevin Nielsen, Natalia Gabellini y Rocío Alconada Alfonsín. Un equipo completo para encarar la tarea.
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Nuevo mecanismo de supervisión en centros de encierro
La provincia de San Juan ha dado un paso adelante en la protección de los derechos humanos con la implementación de un nuevo mecanismo de supervisión de centros de encierro, impulsado por la ministra de Gobierno, Laura Palma, y con el apoyo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT).
Alcance de las inspecciones
Este sistema permitirá la realización de inspecciones exhaustivas en una amplia gama de establecimientos, incluyendo cárceles, comisarías, alcaldías, centros de responsabilidad penal juvenil, establecimientos de salud mental y residencias de personas mayores. El objetivo primordial es prevenir cualquier forma de tortura u otros tratos considerados crueles, inhumanos o degradantes, tal como establece el artículo 17 de la Convención contra la Tortura.
El rol fundamental del CNPT
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, un organismo autárquico dependiente de la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso de la Nación, cuenta con la facultad legal de llevar a cabo inspecciones sin previo aviso a las autoridades responsables de los establecimientos. «“Su labor se considera una herramienta fundamental para asegurar la transparencia en el accionar institucional y para proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”», según declaraciones oficiales.
Compromiso provincial
Desde el Ministerio de Gobierno se ha enfatizado la importancia del acompañamiento brindado por el CNPT y se ha ratificado el compromiso de la provincia con la construcción de políticas públicas orientadas a la defensa de los derechos humanos, adoptando una perspectiva federal y articulada. La iniciativa busca fortalecer el sistema de control y garantizar el respeto a la dignidad humana en todos los centros de encierro de la provincia.
