Un grave conflicto laboral sacude el sector de la seguridad privada en San Juan tras la desvinculación masiva de personal de la firma Hunter Security. La situación se desencadenó luego de que la empresa perdiera la licitación para prestar servicios en el Hospital Dr. Guillermo Rawson, dejando a 130 vigiladores sin su fuente de sustento de manera imprevista.
Mediación obligatoria y discrepancias en las cifras
Ante la gravedad de los hechos, la Subsecretaría de Trabajo convocó a una audiencia de mediación bajo el marco de la Ley 377 A-SJ. Durante el encuentro, se pusieron de manifiesto las marcadas diferencias entre la parte empleadora y la representación sindical. El abogado Federico Molinero, miembro del equipo legal del gremio UPSRA (Unión Personal de Seguridad de la República Argentina), brindó detalles sobre la controversia numérica que rodea al caso.
“En el sindicato tenemos el número de 130 trabajadores despedidos, y la empresa manifiesta que únicamente son 113. Incluso, uno de los argumentos que dio hoy la empresa, en su defensa, es que le ha pagado a algunos de los trabajadores”, señaló Molinero. Ante esta situación, el gremio ha solicitado formalmente que se presenten los comprobantes de pago correspondientes a la totalidad del personal afectado.
Exigencias salariales e indemnizatorias
La demanda de los trabajadores no se limita únicamente al reconocimiento del despido, sino que abarca rubros salariales devengados y no percibidos. Según detalló la representación legal, se ha exigido que se acredite el pago al total de ellos para los rubros obligatorios: el aguinaldo, las vacaciones y el mes de diciembre trabajado.
En cuanto a las compensaciones por el fin del vínculo laboral, el abogado explicó que se reclama “un rubro indemnizatorio, que está fuera de toda discusión, que es la indemnización prevista en el 247, que es la misma que le corresponde a una persona cuando la despiden, pero reducida al 50%“. Cabe destacar que, debido a la antigüedad de algunos empleados, el monto de las indemnizaciones individuales podría ascender hasta los $37 millones en los casos más significativos.
Plazo de diez días y amenaza de medidas de fuerza
Tras la finalización de esta segunda audiencia, se ha establecido un periodo de tregua administrativa para que la empresa Hunter Security presente una propuesta concreta y efectiva. Molinero fue contundente respecto al futuro inmediato del conflicto: “Tendremos que esperar un transcurso de 10 días para ver si la empresa da soluciones efectivas. Para el caso que no lo haga, volveremos a retomar nuestro derecho constitucional a manifestarnos y realizar todas las todas las medidas de acción directa que están previstas dentro de la ley”.
El organismo provincial continuará monitoreando el cumplimiento de las obligaciones laborales, mientras el gremio permanece en estado de alerta, advirtiendo que la falta de respuestas derivará en protestas en otros puntos donde la empresa aún presta servicios.
