Buenos Aires. Diecinueve de los 24 gobernadores del país se congregaron en la mañana de este martes en las oficinas del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Buenos Aires, marcando una clara señal de alerta ante la Casa Rosada. El motivo principal de la reunión fue la expresión de un contundente malestar y una profunda preocupación por la drástica caída en la recaudación provincial, tanto en impuestos coparticipables como en las transferencias directas desde la Nación hacia los distritos.
Mientras 19 mandatarios optaron por la presencia física, los representantes de Mendoza, Misiones, Catamarca y Tucumán, quienes mantienen un vínculo más alineado con el Ejecutivo nacional, participaron de manera virtual. La única ausencia notoria fue la del gobernador correntino, Gustavo Valdés, quien se encontraba participando de las celebraciones por los 200 años de Bella Vista, un compromiso provincial que, al parecer, tuvo prioridad por sobre la cumbre de gobernadores. En un gesto unánime, solicitaron una audiencia urgente con el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y con el propio Presidente Javier Milei.
Tal como lo había anticipado este medio, el encuentro de gobernadores representa un movimiento estratégico para ejercer presión sobre el Gobierno nacional en un contexto político y económico sensible. La cita cobra particular relevancia en momentos en que el Gobierno busca relanzar el «Consejo de Mayo», una iniciativa que propone sentar en una misma mesa a sindicalistas, empresarios y representantes provinciales, y al mismo tiempo, intenta obtener apoyos en el Congreso para avanzar con medidas tendientes a flexibilizar controles y atraer dólares no declarados de pequeños y medianos ahorristas al circuito formal.
El reclamo de los mandatarios provinciales evidencia una notable transversalidad política. A la cabeza de la mesa, flanqueado por el titular del CFI, Ignacio Lamothe, y el gobernador formoseño Gildo Insfrán, se encontraba el mandatario de Chubut Ignacio Torres, quien se ha convertido en una voz crítica respecto a la relación Nación-Provincias. Del otro lado, se ubicó el chaqueño radical Leandro Zdero, quien gestó un acuerdo electoral con La Libertad Avanza, y en el medio, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien ha sido un blanco recurrente de las críticas presidenciales.
La urgencia de un nuevo pacto fiscal
«Si vamos a una reforma fiscal las provincias tenemos que ir con una posición mancomunada. No podemos seguir atando todo con alambre. Las provincias tenemos que recuperar el espíritu de cuerpo del Pacto de Mayo», expresó Ignacio Torres finalizada la reunión. El gobernador chubutense remarcó la necesidad de un acercamiento con el Gobierno central: «Hay un pedido de audiencia al Jefe de Gabinete y al propio Presidente. El gran desafío es sentarnos todos los gobernadores y el gobierno nacional y ponernos de acuerdo en torno a una reforma fiscal que nos lleve a ser un país normal», sentenció tras dos horas de deliberaciones.
El eje central de la reunión estuvo puesto en la imperiosa necesidad de concretar un nuevo pacto fiscal y avanzar en una reforma tributaria integral. Estos dos puntos forman parte de los postulados del «Pacto de Mayo», una iniciativa que no fue rubricada por los seis gobernadores opositores más críticos y que el Gobierno busca revivir a través de la conformación del mencionado Consejo de Mayo. Desde el entorno de los organizadores, se encargaron de aclarar que el tono del encuentro fue «amable y constructivo», buscando tender puentes antes que dinamitarlos.
«Vamos a solicitarle una reunión a Milei y a sus ministros para avanzar en un nuevo pacto fiscal», confirmaron fuentes cercanas a varios gobernadores. Asimismo, subrayaron que «primó la posibilidad de sentarse con el Gobierno sosteniendo el equilibrio fiscal de la Nación y las provincias», pero con la firme intención de «tratar de avanzar en un pacto fiscal que ordene tanto lo impositivo, lo fiscal y las obligaciones de orden federal y provincia».
Sin embargo, la principal preocupación de los mandatarios provinciales recae, de manera urgente, en el impacto directo de la caída de la recaudación en la coparticipación y en las finanzas públicas de sus distritos. «Eso es básicamente lo que quieren plantearle al Gobierno y a partir de ahí poner arriba la mesa como discusión la necesidad de avanzar en un nuevo pacto fiscal», explicaron fuentes al tanto de las conversaciones en el CFI.
Convenios y reclamos cruzados
Paralelamente al endurecimiento de su posición, los gobernadores mantienen canales de diálogo y colaboración con el Gobierno nacional. Varios de ellos tienen previsto firmar convenios de información tributaria con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y con la Jefatura de Gabinete, con el objetivo de agilizar la reglamentación del plan propuesto por el ministro Luis Caputo para que los ahorristas blanqueen dólares «del colchón». Una iniciativa que, hasta el momento, parece no terminar de arrancar con la velocidad esperada.
Luego de la reunión en el CFI, estaba previsto que suscribieran acuerdos con Guillermo Francos en Casa Rosada un grupo de gobernadores, incluyendo a Alberto Weretilneck (Río Negro), Hugo Passalacqua (Misiones), Claudio Poggi (San Luis), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén) y Gustavo Sáenz (Salta).
Torres, antes del encuentro, había adelantado uno de los puntos ríspidos en la discusión de los gobernadores: «Es una discusión de derechos y obligaciones. Si el Gobierno profesa que tiene como competencia la macroeconomía, las relaciones exteriores y la Defensa y Seguridad Interior, hay un gris en un montón de impuestos que se están recaudando con asignaciones específicas para el mantenimiento de rutas, puertos y demás, que tenemos que discutir qué hacemos con esto. O se eliminan los impuestos o las provincias nos hacemos cargo de esas obras». El impuesto a los combustibles y sus asignaciones específicas para vialidad nacional es uno de los ejemplos concretos de esta problemática, un tema que ya había sido alertado meses atrás por Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos. Ambos mandatarios firmaron convenios de colaboración con la ARCA este lunes.
El miércoles será el turno del gobernador correntino Gustavo Valdés, cuya visita a Casa Rosada tras su ausencia en la cumbre de gobernadores genera especial expectativa. La situación política en Corrientes, con elecciones provinciales el 31 de agosto y La Libertad Avanza aún sin definir un candidato, podría implicar un guiño del Gobierno hacia el candidato que designe Valdés para sucederlo, o incluso, la decisión de no ungir a ningún candidato propio, lo que también beneficiaría al oficialismo local.
«No es una cumbre anti Javier Milei», insistían los gobernadores más cercanos a la Casa Rosada durante el fin de semana, buscando mitigar las especulaciones. «Abordamos temas clave que impactan a todas las provincias, como la necesidad de financiamiento para obras de infraestructura, la distribución equitativa de los recursos coparticipables y el fortalecimiento de los mecanismos de recaudación tributaria», afirmó el neuquino Rolando Figueroa luego de la reunión, intentando transmitir un mensaje de enfoque en la gestión y las problemáticas comunes.
La compleja situación financiera de las provincias encuentra eco en datos contundentes. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) relevó que en mayo, las transferencias de la Nación al consolidado de provincias más CABA ascendieron a $5.567.000 millones. Sin embargo, al descontar la inflación del período, esta cifra se traduce en una caída real del 23,3% respecto a lo girado en el mismo mes del año anterior, una verdadera sangría para las arcas provinciales.
La relación Nación-Provincias atraviesa un momento de tensión, marcado por convenios de transferencia de obras firmados el año pasado que, en su gran mayor parte, quedaron inconclusos. A esto se suman las viviendas paralizadas en todo el país y una maraña de reclamos cruzados por deudas. La cancelación de obligaciones con terrenos fiscales y empresas estatales, y la deuda con las 13 provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a la ANSES –un tema que se encuentra en manos de la Corte Suprema–, suman capas de complejidad a la disputa.
Incluso el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck, quien hasta hace poco había mostrado señales de acercamiento con la gestión de Milei, endureció su postura y anunció que recurrirá a la Justicia para reclamar la transferencia de obras prometidas. «Milei no sabe lo que es el Interior», sentenció la semana pasada, poniendo de manifiesto la brecha de percepción sobre las realidades territoriales entre el Gobierno central y las provincias.
