La presión de los gobernadores ha escalado hasta el Senado, donde la oposición ha conformado un frente unificado para impulsar normativas clave: el incremento de las jubilaciones, la declaración de emergencia en discapacidad y reformas que buscan una mayor redistribución de fondos hacia las provincias. Todas estas iniciativas encuentran fuerte resistencia por parte del Gobierno nacional, que, a través del presidente Javier Milei, ha anticipado su decisión de vetarlas bajo el argumento de que comprometen la sostenibilidad del superávit fiscal.
Desde el peronismo se formalizará el próximo lunes el pedido de una sesión para el jueves 10 de julio. Simultáneamente, la Casa Rosada opera a contrarreloj para intentar desactivar el debate legislativo, en un momento de intensas presiones de sus aliados políticos debido a la configuración de alianzas electorales con miras a los comicios de octubre.
El panorama se complejiza por la ausencia de una postura homogénea entre los mandatarios provinciales, tal como quedó de manifiesto cuando surgió la propuesta de presentar «los proyectos de reforma en la distribución de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y de la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos».
Existe un sector de gobernadores que ejerce presión para avanzar decididamente con el temario, mientras que los más proclives al diálogo mantienen una actitud cautelosa, inmersos en la búsqueda de un acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA). «No podemos poner en riesgo la gobernabilidad y romper relaciones con el Gobierno», se escuchó de boca de algunos referentes, según trascendió en Clarín.
El laberinto legislativo y la batalla por los dos tercios
Los proyectos que buscan la coparticipación de recursos actualmente manejados de forma discrecional por el Poder Ejecutivo carecen de dictamen de comisión, un requisito establecido por el reglamento del Senado para su tratamiento en el recinto. En su ausencia, se requiere el respaldo de dos tercios de los senadores presentes para habilitar el debate sobre tablas.
Desde el peronismo, se muestran confiados en alcanzar la cifra de dos tercios necesarios. Adicionalmente, las propuestas de aumento en las jubilaciones y la moratoria previsional, que cuentan con media sanción de Diputados, «obtuvieron dictámenes en reuniones de comisiones que no fueron convocadas de manera formal», a pesar de que la oposición consiguió el quorum y los avales para llevar los temas al recinto.
Pese a las objeciones formales, el peronismo minimiza estas trabas, convencido de que reunirá los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento de todos los proyectos, así como los votos para su aprobación con mayoría especial, buscando así «blindar lo aprobado por el Congreso» frente a posibles objeciones del Ejecutivo. En caso de veto presidencial, el Congreso tiene la facultad de insistir con las leyes mediante el voto de dos tercios.
Previamente, resta observar el rol de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien podría demorar la fecha de convocatoria a sesión, otorgando tiempo al Gobierno para intentar negociar con algunas provincias y así mermar el poder de la oposición. No obstante, un senador advirtió: «si no es la próxima semana será la otra».
El escenario no resulta favorable para el oficialismo, que alberga la esperanza de que el kirchnerismo no logre los dos tercios. Sin embargo, esta probabilidad se ve reducida dado que el proyecto de ATN y reforma del impuesto a los combustibles ya cuenta con la firma de diez senadores, incluyendo a referentes de bloques aliados como Eduardo Vischi (Unión Cívica Radical), Alfredo De Angeli (PRO) y Carlos Espínola (Unidad Federal).
Asimismo, apoyaron la iniciativa Mónica Silva, de Río Negro, cercana al gobernador Alberto Weretilneck, y Edtih Terenzi, de Chubut, alineada con Ignacio «Nacho» Torres. Aunque el salteño Juan Carlos Romero no firmó el proyecto, manifestó su respaldo a las propuestas que incrementan los fondos para las provincias.
Se anticipa que el oficialismo podría quedar aislado al momento de rechazar la votación de los proyectos que buscan asegurar mayores fondos para las provincias, además del aumento de jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad.
Existen dudas respecto a la nueva moratoria previsional que reemplazaría a la vencida en marzo, ya que el radicalismo y el PRO la rechazan. Sin embargo, el peronismo, con 34 votos, sumados a los de los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, alcanzaría 36 voluntades, quedando a un solo voto de la mayoría necesaria.
Los senadores radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco, junto a la larretista Guadalupe Tagliaferri, quienes acompañaron al peronismo para habilitar el tratamiento en comisión, suscribieron un dictamen de minoría, abogando por «un sistema de moratoria permanente y no en la apertura arbitraria».
Impacto fiscal y el desafío del superávit
La incógnita reside en el avance de estos proyectos en Diputados. Si bien contarían con los votos para su aprobación, la posibilidad de alcanzar los dos tercios para blindarlos, como se busca en el Senado, es incierta.
Más allá de lo que ocurra en el Congreso, el debate sobre el impacto de estas medidas en el superávit fiscal permanecerá abierto.
Con la reforma del impuesto a los combustibles, los gobernadores aspiran a que la recaudación se distribuya exclusivamente entre las provincias, que pasarían a recibir el 58,36%, mientras que el remanente se destinaría al Tesoro Nacional, el sistema previsional y la compensación al transporte público. Según las provincias, el costo fiscal de esta medida sería del 0,2% del PBI.
Si bien esta modificación no afectaría directamente el superávit fiscal, según lo informado por este diario, en «el Ministerio de Economía estimaron que sólo los proyectos previsionales y la emergencia en discapacidad tienen un costo fiscal de 2 puntos del producto».
De sumar a este costo el financiamiento a universidades y la emergencia del hospital Garrahan, el Gobierno «quedaría lejos del superávit fiscal de 1,6% del PBI que había prometido al Fondo Monetario Internacional (FMI) para este año».
