La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) emitió la primera sanción en la Unión Europea por la difusión de un deepfake, fijada en 2.000 euros (reducibles a 1.200). La multa apunta a la creación de imágenes artificiales de desnudos y, según indicios, estaría vinculada al resonante caso de al menos 20 niñas afectadas en Almendralejo. La escasa cuantía de la sanción, sin embargo, genera un fuerte debate entre los expertos sobre su efectividad y valor disuasorio.
Un nuevo capítulo, y no exento de polémica, se escribe en la batalla contra los riesgos de la inteligencia artificial. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha puesto la primera piedra, o quizás un mojón, al sancionar con 2.000 euros, que se reducen a 1.200 por pronto pago, a quien se dedicó a la difusión de imágenes artificiales de cuerpos desnudos. La técnica, tristemente célebre, es la del deepfake: incrustar el rostro de una persona, mediante IA, en el cuerpo desnudo de otra. Un golpe sobre la mesa, dicen algunos; una palmada en la espalda, replican otros.
El deepfake y el escándalo de Almendralejo: un secreto a voces
Aunque la resolución, pública desde el 27 de octubre, mantiene bajo estricta reserva los detalles del caso y la identidad de los afectados, la información que trascendió apunta a una dirección clara. No se especifica el sexo de la víctima ni su edad, pero las referencias a normativas vinculadas a menores en el texto de la sanción son un indicio. Y no es un dato menor. Fuentes cercanas al expediente sugieren que los tiempos y las características encajan a la perfección con el sonado escándalo de septiembre de 2023, cuando se descubrió la difusión de imágenes de falsos desnudos creadas con IA que afectaron a al menos 20 niñas en Almendralejo, Badajoz. Si esto se confirma, y todo parece indicar que así será, podríamos estar ante la primera de varias sanciones similares, dada la cantidad de víctimas involucradas en aquel episodio.
La sanción de la AEPD es específica: castiga la difusión no autorizada de datos personales, es decir, las fotografías de las personas involucradas. En la resolución, se subraya que fue ilícito el tratamiento de datos personales de un tercero, que, si hablamos del caso Almendralejo, sería la imagen de una de las chicas. Es un procedimiento administrativo que corre en paralelo a la vía penal, que, vale la pena recordar, ya se activó en el caso de Almendralejo, imponiendo un año de libertad vigilada a 15 menores por manipular y difundir contenido pornográfico. Dos caminos distintos para un mismo y doloroso problema.
La cifra que hace ruido: ¿Justicia o gesto tibio?
Y aquí es donde el debate se enciende. Esta multa de la AEPD es la primera emitida por una autoridad de protección de datos en la Unión Europea por la difusión de un deepfake. Sin embargo, para muchos expertos, la cuantía de la sanción —esos 2.000 euros, rebajables a 1.200— resulta, por decirlo de alguna manera, demasiado magra frente a la magnitud del daño causado. No es un detalle menor que, en sanciones anteriores por la publicación de datos personales por parte de individuos, la misma Agencia había llegado a imponer multas de hasta 60.000 euros. La desproporción salta a la vista.
Jorge García Herrero, abogado y delegado de protección de datos, no se anda con rodeos: «Muy pocos riesgos relacionados con la IA provocan tanta alarma social como la creación de deepfakes sexuales no consentidos de menores. No digo que poner un millón de euros de sanción en este caso fuera a liquidar el problema, pero alguien podría pensar que una sanción ejemplarizante y admonitoria es lo menos que se puede pedir en este momento». Una declaración que resuena, que obliga a preguntarse si el mensaje que se envía es el correcto.
La burocracia, a veces, se mueve con velocidad sorprendente cuando la presión pública es inmensa. Según figura en el escrito, la entonces directora de la AEPD, Mar España, decidió iniciar actuaciones previas de investigación el 20 de septiembre de 2023, apenas dos días después de que la noticia del escándalo de Almendralejo saliera a la luz. El 2 de octubre, un particular presentó la reclamación que, finalmente, derivó en esta sanción. Un reconocimiento al accionar rápido de la Agencia, sí, pero que deja a muchos con un sabor agridulce. La interrogante que flota en el aire es inevitable: ¿alcanza con esta multa para sentar un precedente real y disuadir a quienes se atrevan a cruzar esta línea tan peligrosa? La respuesta, por ahora, genera más dudas que certezas.
