El Tribunal Supremo obliga al Gobierno a revelar el código fuente de «Bosco», el algoritmo clave en la asignación del bono social eléctrico. Esta decisión histórica marca un antes y un después en la transparencia algorítmica en España, abriendo un debate crucial sobre el control ciudadano de las herramientas digitales que gestionan recursos públicos.
El supremo le pone los puntos al gobierno: deberá mostrar el código fuente del algoritmo «bosco»
La justicia española ha dado un golpe sobre la mesa en un tema que venía generando controversia: la transparencia de los algoritmos que manejan nuestros datos y, en este caso, nuestros recursos. El Tribunal Supremo ha dictaminado que el Gobierno deberá facilitar el acceso al código fuente de «Bosco», ese algoritmo que decide quién recibe el famoso bono social eléctrico. ¿Será este el principio del fin de la «caja negra» algorítmica?
La sentencia, que responde a un recurso de la Fundación Ciudadana Civio, sienta un precedente importante en España. Por primera vez, los tribunales exigen que se destapen los secretos de un algoritmo que gestiona fondos públicos. La pregunta que surge ahora es: ¿por qué tanta resistencia a mostrar cómo funciona esta herramienta?
«El derecho de acceso a la información pública adquiere especial relevancia ante los riesgos que entraña el uso de las nuevas tecnologías en el ejercicio de las potestades públicas o la prestación de servicios públicos», reza la sentencia, dejando claro que la opacidad no es una opción cuando se trata de derechos sociales.
Pero, ¿qué es «bosco» y por qué tanto revuelo?
Este algoritmo es el encargado de filtrar y cruzar datos para determinar quiénes son los beneficiarios del bono social, esa ayuda que alivia un poco la factura de la luz a las familias más vulnerables. Una investigación de Civio ya había revelado en 2018 que «bosco» no estaba funcionando a la perfección, dejando fuera a personas que cumplían con todos los requisitos. El gobierno reconoció el error, pero se negó a mostrar el código fuente, argumentando cuestiones de propiedad intelectual y seguridad nacional. ¿Demasiado que ocultar?
El ministerio de transición ecológica y reto demográfico prefirió el silencio ante la consulta sobre la sentencia. Una actitud que, cuanto menos, genera suspicacias. ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué teme el gobierno que se descubra al abrir las entrañas de «bosco»?
¿Un avance real hacia la transparencia algorítmica?
El supremo no se dejó intimidar por los argumentos del gobierno. Para el tribunal, la transparencia del algoritmo no solo no pone en peligro su funcionamiento, sino que podría mejorarlo: «la transparencia sobre el mismo puede contribuir (…) a la mejora del código y fortalecimiento de su seguridad, puesto que, por un lado, incentiva a la Administración a extremar las cautelas de seguridad en el propio diseño y control del programa informático y, por otro lado, su escrutinio por actores diversos e independientes permite aflorar vulnerabilidades inicialmente inadvertidas y posibilitar su corrección temprana». Un golpe directo a la línea de flotación del discurso oficial.
Además, el supremo desmonta otro argumento clave del gobierno: la protección de datos personales. La sentencia es contundente al señalar que el código fuente de «bosco» no contiene información personal, sino simplemente las reglas del juego para acceder a la ayuda.
Las voces de la victoria y los desafíos que siguen
«Estamos contentísimos. No solo porque hoy acaba una lucha que iniciamos en 2018, sino también porque la sentencia abre camino y crea jurisprudencia para todos los casos que vienen», celebra Eva Belmonte, codirectora de Civio. Una victoria que sabe a mucho, pero que no es el final del camino. «La Administración utiliza cada vez más sistemas automatizados o de inteligencia artificial que, ahora mismo, no pasan ningún control independiente. La única forma de vigilar que no haya arbitrariedades ni sesgos es acceder al código fuente», advierte belmonte.
El caso «bosco» es un llamado de atención. En un mundo cada vez más gobernado por algoritmos, la transparencia y el control ciudadano son fundamentales para evitar decisiones injustas y discriminatorias. ¿Estamos dispuestos a seguir permitiendo que estas «cajas negras» decidan sobre nuestras vidas sin saber cómo? La respuesta a esta pregunta definirá el futuro de nuestra democracia.
