El Tribunal Supremo español debate si el gobierno debe revelar el código fuente de «Bosco», un algoritmo que decide quién recibe el bono social para pagar la luz. La organización Civio argumenta que la transparencia algorítmica es crucial para la democracia, mientras que el gobierno alega que revelar el código comprometería la seguridad y la propiedad intelectual. El fallo podría sentar un precedente sobre cómo se evalúa el lenguaje informático en el ordenamiento jurídico.
En el ojo de la tormenta: ¿Debe el estado revelar los secretos de sus algoritmos?
En una movida que podría redefinir la transparencia gubernamental en la era digital, el Tribunal Supremo español se encuentra deliberando sobre un caso que ha capturado la atención de activistas, expertos en tecnología y ciudadanos por igual. ¿El quid de la cuestión? Si el gobierno debe abrir el código fuente de «Bosco», el algoritmo encargado de determinar quiénes son elegibles para el bono social, una ayuda destinada a aliviar las facturas de luz de los más vulnerables.
El debate, que tuvo su punto álgido en una reciente vista oral, plantea interrogantes fundamentales sobre el derecho a la información en una sociedad cada vez más gobernada por algoritmos. ¿Hasta qué punto los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se toman las decisiones que impactan sus vidas, especialmente cuando estas decisiones son automatizadas? ¿Dónde se traza la línea entre la transparencia y la seguridad, entre el acceso a la información y la protección de la propiedad intelectual?
## El caso Bosco: Un algoritmo bajo la lupa
La génesis de este conflicto se remonta a una investigación de la organización Civio, que reveló en 2018 que el algoritmo Bosco estaba dejando fuera del bono social a personas que cumplían con todos los requisitos para recibirlo. Ante la negativa del gobierno a revelar el código fuente del algoritmo, Civio llevó el caso a los tribunales, argumentando que la transparencia algorítmica es esencial para garantizar la rendición de cuentas y la justicia en la administración pública.
«En una democracia plena, no es admisible el secreto del código fuente con los que se regulan los derechos de la ciudadanía», sentenció el abogado Javier de la Cueva, representante de Civio, durante su intervención en la vista oral. Una declaración que resuena con fuerza en un contexto donde los algoritmos están cada vez más presentes en la toma de decisiones gubernamentales, desde la asignación de recursos hasta la evaluación de riesgos.
## ¿Seguridad nacional o cortina de humo?
Por su parte, el gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha defendido la confidencialidad del código fuente de Bosco, alegando que su divulgación podría comprometer la seguridad nacional y los datos personales de los beneficiarios del bono social. Una postura que ha generado escepticismo entre los defensores de la transparencia, quienes la ven como una cortina de humo para evitar el escrutinio público.
«Nos encontramos con que el derecho a la propiedad intelectual, que en ningún caso hemos discutido, se está utilizando como un velo para que no conozcamos cómo funciona la Administración», advirtió De la Cueva, poniendo el dedo en la llaga sobre una de las principales controversias del caso. ¿Es legítimo invocar la propiedad intelectual para ocultar el funcionamiento de un algoritmo que toma decisiones de interés público? ¿No debería prevalecer el derecho a la información en este tipo de situaciones?
### Un fallo con implicaciones trascendentales
La decisión del Tribunal Supremo no solo determinará el futuro del caso Bosco, sino que también sentará un precedente crucial sobre cómo se regula la transparencia algorítmica en España y, potencialmente, en otros países. Como señala Civio, esta sentencia «marcará el camino para saber si tendremos que confiar a ciegas en la influencia de ‘cajas negras’ —presentes y futuras— en nuestros derechos, o si tendremos margen para investigarlas y auditarlas”.
La pelota está ahora en la cancha de los magistrados, quienes deberán sopesar los intereses en juego y emitir un fallo que equilibre la necesidad de transparencia con las legítimas preocupaciones de seguridad y propiedad intelectual. Un fallo que, sin duda, generará un intenso debate y marcará un hito en la lucha por la rendición de cuentas en la era de los algoritmos.
Mientras tanto, Eva Belmonte, codirectora de Civio, no se guardó nada tras la vista oral: «Me llama mucho la atención que el abogado del Estado haya mentido: ha dicho que Bosco no toma la decisión final, cuando sí lo hace, tal y como acredita la AEPD”. Una acusación grave que añade una nueva capa de controversia a este caso que promete dar que hablar.
