El Ministerio de Juventud e Infancia español impulsa una nueva legislación para regular el «sharenting», la práctica de padres que comparten fotos y videos de sus hijos en redes sociales. La medida busca proteger a los menores de riesgos como la explotación comercial, el acoso, la pedofilia y la manipulación por inteligencia artificial, destacando la falta de consentimiento infantil y las limitaciones de las leyes actuales.
En la era de la imagen y la conectividad permanente, una pregunta resuena con fuerza: ¿hasta dónde llega la libertad de los padres en el manejo de la imagen digital de sus hijos? El Ministerio de Juventud e Infancia español parece haber escuchado el clamor y se lanza a la arena legislativa para ponerle coto al «sharenting», esa controvertida práctica que ya es pan de cada día en las redes sociales.
Según fuentes del departamento que comanda Sira Rego, en los próximos días se abrirá la consulta pública, un primer pero fundamental paso antes de redactar una norma que promete levantar debate y, sin dudas, controversia.
Mientras en el Congreso se discute una ley más amplia para la protección de menores en entornos digitales –que, curiosamente, dejó afuera el «sharenting»–, Rego se reunirá con académicas y creadoras de contenido preocupadas por la exposición infantil. Un encuentro que, se espera, aporte luces sobre un terreno pantanoso donde la inocencia de los niños a menudo se diluye en el scroll infinito.
La palabra, un híbrido entre «share» (compartir) y «parenting» (crianza), esconde una realidad compleja. Actualmente, en España, no hay una norma específica que aborde este fenómeno. Si bien existen leyes de protección de la imagen y la intimidad de 1982 y 1996, la velocidad de la era digital las deja, cuanto menos, desfasadas. Hasta los 14 años, la decisión de subir fotos recae exclusivamente en los padres. ¿Es suficiente? ¿Protege realmente a los más vulnerables en el siglo XXI?
Organizaciones de infancia y hasta la Policía Nacional han encendido las alarmas, lanzando campañas de concientización. Pero no es solo una cuestión de «sensibilidad». Un comité de 50 expertos, convocado por el propio ministerio, fue lapidario en su informe: la regulación del «sharenting», especialmente en el ámbito de los creadores de contenido o «influencers», es una urgencia.
Desde Juventud e Infancia, la convicción es férrea: la exposición de niños y adolescentes en redes es cada vez más habitual y, en la mayoría de los casos, sin el consentimiento de los propios menores. Subrayan la «imprescindibilidad» de una regulación específica para garantizar el respeto de sus derechos, tanto en el ordenamiento jurídico español como en los instrumentos internacionales.
Cuando la inocencia se vuelve un negocio: el sharenting y la monetización de la infancia
Pero la trama se complejiza cuando la ternura infantil deja de ser un recuerdo familiar para convertirse en material comercial o promocional. Fuentes ministeriales no dudan en señalar que estas actividades pueden ser «una fuente de ingresos para la persona responsable de la publicación». ¿Estamos ante una mercantilización de la infancia disfrazada de contenido «espontáneo» que, de paso, «garpa»?
Un estudio de 2021 de la Universidad del País Vasco aportó cifras que encienden las luces de alerta: tras analizar mil publicaciones de «instamadres» populares, el 45,6% mostraba menores, y esos posts recibían un 41% más de «likes». Es decir, los niños «venden» más. Una ecuación que invita a la reflexión, y no precisamente sobre la crianza.
Los fantasmas digitales: pedofilia, inteligencia artificial y el bullying en la mira
Más allá de las cifras y los «likes», los expertos son contundentes: los riesgos son generales y deberían ser tenidos en cuenta por todas las familias, sean o no «influencers» con millones de seguidores. El informe para el ministerio no se anda con rodeos.
“Sin duda, el primero de todos, y más grave, es la facilidad con la que un pederasta o un pedófilo podría acceder a la fotografía del menor, descargarla del perfil y utilizarla para cualquier fin ilícito relacionado con la pornografía infantil”, reza el documento. Un estudio de 2019 de la Universidad de Valencia añade escalofrío: el 72% de los agresores sexuales duales penados obtenían imágenes no eróticas de niños de «fuentes comerciales, álbumes familiares o fuentes legítimas».
Y como si esto fuera poco, la irrupción de la inteligencia artificial generativa ha abierto una puerta aún más oscura: la alteración de imágenes de menores para combinarlas con contenido pornográfico. Un «nuevo riesgo» que demuestra que la batalla digital se libra en múltiples frentes.
El informe también advierte sobre “el acoso al que pueden verse sometidos los niños, niñas y, especialmente, adolescentes por parte de sus iguales al ver publicadas fotografías realizadas por sus progenitores”. Y se ahonda en la cuestión psicológica: “Para algunos será gratificante contar con un álbum digital de toda su infancia y verse rodeados de la familia y los amigos más cercanos, pero para otros, quizá los más retraídos, esa sobreexposición podría suponerles serios problemas de autoestima”. La sobreexposición constante puede desencadenar “daños psicológicos, como puede ser la ansiedad o incluso llegar a la depresión”, advierten desde el ministerio.
La iniciativa del Ministerio de Juventud e Infancia no es solo una cuestión legal; es un grito de atención sobre la necesidad de redefinir los límites de lo público y lo privado en la era digital, especialmente cuando los protagonistas son los más indefensos. Una discusión impostergable que nos interpela a todos: ¿estamos protegiendo la infancia o, sin querer, la estamos entregando al abismo de las redes?
