El Consejo de Ministros aprueba un anteproyecto de ley que busca regular el uso de la inteligencia artificial (IA) en línea con las normativas europeas. La movida llega después de polémicas como el video del PP «La isla de las corrupciones», generado con IA. La ley busca etiquetar estos contenidos y evitar «deepfakes», pero deja muchas preguntas en el aire sobre cómo se implementará y quién controlará que se cumpla. ¿Será suficiente para frenar la ola de desinformación o solo un intento más por subirse a la cresta de la ola tecnológica?
El Gobierno le pone un bozal a la inteligencia artificial: ¿llegamos tarde o es puro humo?
El Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de ley para un uso «ético, inclusivo y beneficioso» de la inteligencia artificial (IA). La idea, según el oficialismo, es ponerle límites a esta tecnología que, según el ministro de Transformación Digital, Óscar López, «puede servir para mejorar nuestras vidas o para difundir bulos y atacar la democracia». ¿Será que por fin alguien se anima a meterle mano a la IA o estamos ante una jugada más para la tribuna?
La normativa, que busca alinearse con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, establece algunas prohibiciones y obligaciones, como la de etiquetar los contenidos generados con IA. “Todos somos susceptibles de ser objeto de un ataque de este tipo. Se llaman *deepfakes* y están prohibidos”, advirtió López. Pero, ¿cómo se aplicará esto en la práctica? Ahí es donde la cosa se pone turbia.
### ¿Etiquetar o no etiquetar? Esa es la cuestión
El anuncio del anteproyecto llega justo después de la polémica generada por el video del PP «La isla de las corrupciones», un *deepfake* que caricaturizaba al presidente Pedro Sánchez y otros personajes públicos. El video, que fue retirado tras las quejas de la República Dominicana, puso en evidencia el poder de la IA para manipular la información.
Pero, ¿será suficiente con el etiquetado? ¿Quién controlará que se cumpla? El ministro López dejó la pelota picando al afirmar que “cuando se desarrolle la normativa, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) pondrá las normas”. O sea, que todavía no hay nada concreto.
La gestión de datos biométricos estará a cargo de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), mientras que los sistemas de IA que afecten a la democracia serán competencia de la Junta Electoral Central, y los que incidan en la justicia, del Consejo General del Poder Judicial. ¿No será mucho organismo para tan poca regulación?
### Aesia: ¿el sheriff de la inteligencia artificial?
La Aesia, con sede en A Coruña y dirigida por Ignasi Belda, planea contratar a 80 expertos para revisar las aplicaciones de IA. Una misión titánica si se tiene en cuenta la velocidad a la que avanza la tecnología. ¿Podrá este organismo estar a la altura de las circunstancias o se convertirá en otro ente burocrático más?
López recordó que quienes incumplan la normativa se enfrentarán a multas de hasta 35 millones de euros o entre el 5% y el 7% de la facturación mundial. Un castigo ejemplar, sin duda, pero ¿será suficiente para disuadir a las grandes empresas tecnológicas? ¿O seguirán haciendo lo que quieran, pagando las multas como si fueran propinas?
### El reglamento europeo: ¿un modelo a seguir o una utopía?
El Reglamento Europeo de IA, considerado el más avanzado del mundo, clasifica las aplicaciones de IA según su riesgo y establece diferentes requisitos y obligaciones. Desde el uso sin restricciones hasta la prohibición total.
Pero, ¿es realmente un modelo a seguir? ¿O se trata de una utopía que choca con la realidad? La IA generativa, por ejemplo, no estaba contemplada en el reglamento original y tuvo que ser incluida a última hora. Y todavía quedan muchas preguntas sin respuesta sobre cómo garantizar la transparencia y el respeto a los derechos de autor.
En definitiva, el anteproyecto de ley del Gobierno es un primer paso para regular la IA, pero todavía quedan muchos desafíos por delante. Y mientras tanto, la tecnología sigue avanzando a pasos agigantados, dejando atrás a los legisladores y a los reguladores. ¿Será que por una vez, la realidad le gana a la política?
