El Senado de México ha aprobado un nuevo gravamen del 8% sobre los videojuegos clasificados como violentos, una disposición que ha generado un fuerte debate en la industria del entretenimiento digital. Esta medida, parte de la Miscelánea Fiscal 2026, busca equiparar a los videojuegos con otros productos sujetos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), como las bebidas azucaradas, el tabaco y las apuestas. La normativa está programada para entrar en vigor el 1 de enero de 2026.
La inclusión de los videojuegos en esta categoría impositiva marca un precedente significativo. Con información de El Economista, el Senado dio luz verde sin modificaciones a dictámenes clave, incluyendo la reforma al IEPS. El impuesto se aplicará de manera específica a los títulos que sean catalogados como “violentos”, abarcando potencialmente juegos con contenido gráfico o dirigido a audiencias adultas.
El impacto de esta decisión se prevé considerable. Podría reflejarse en un incremento en los precios de los videojuegos, tanto en formato físico como digital. Asimismo, plataformas de suscripción populares como Xbox Game Pass, PlayStation Plus y Nintendo Switch Online podrían verse afectadas si sus catálogos incluyen juegos considerados violentos, lo que abriría la puerta a posibles ajustes en sus tarifas.
La incógnita de la definición de «violencia»
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma radica en la ausencia de criterios oficiales que definan qué tipo de contenido será considerado “violento”. Mientras en otras jurisdicciones se utilizan referencias estandarizadas como las clasificaciones de la ESRB (Entertainment Software Rating Board) o la PEGI (Pan European Game Information), la legislación mexicana no ha especificado aún cómo se realizará esta categorización, generando incertidumbre y preocupación entre desarrolladores y distribuidores.
La iniciativa ha polarizado a legisladores y a la comunidad de jugadores. Senadores oficialistas han defendido el impuesto como una estrategia de salud pública y responsabilidad fiscal, argumentando la necesidad de moderar el acceso a contenidos potencialmente perjudiciales. En contraste, voces de la oposición han criticado la medida, calificándola de recaudadora bajo el pretexto de una política preventiva. La falta de claridad en la aplicación y los criterios de evaluación ha sido un foco recurrente de las objeciones.
Un paquete fiscal integral
Este nuevo gravamen no es una medida aislada, sino que se inscribe dentro de un paquete económico más amplio para 2026. Este conjunto de reformas incluye otros ajustes fiscales, tales como el aumento de las cuotas migratorias, un alza en el costo de acceso a museos y zonas arqueológicas, y la concesión de nuevas facultades al Servicio de Administración Tributaria (SAT), permitiéndole acceder en tiempo real a información de plataformas digitales.
Las reformas han sido remitidas al Ejecutivo para su promulgación. A menos que haya cambios de último momento, se espera que entren en vigor a principios del próximo año. No obstante, el debate sobre las implicaciones de gravar los videojuegos apenas comienza. Diversos analistas y actores de la industria han alertado que esta medida podría restringir el acceso a videojuegos en el mercado mexicano y, a su vez, frenar el desarrollo de un sector que actualmente contribuye significativamente a la economía del país, generando miles de empleos e ingresos millonarios anualmente. El mensaje es claro: el fisco mexicano ha puesto su lupa sobre los videojuegos violentos.
