Pedro Sánchez ha declarado la guerra a los gigantes tecnológicos, proponiendo medidas drásticas como la prohibición de redes sociales a menores de 16 años y la responsabilidad penal para los dueños de plataformas por contenidos de odio. Esta cruzada ha desatado la furia de magnates como Elon Musk y Pável Dúrov, quienes acusan al presidente español de «tirano» y de atentar contra las libertades digitales. Desde La Moncloa, desestiman las críticas, tildando a los CEOs de «tecnooligarcas» que resisten la regulación, y defienden la necesidad de proteger a la juventud y el debate democrático de la «ley de la selva» de las redes.
El pulso de Sánchez contra los gigantes digitales: ¿libertad o ley de la selva?
Un verdadero terremoto digital se desató en España, con Pedro Sánchez lanzando una ofensiva sin precedentes contra los dueños de plataformas como X y Telegram. El presidente español, en una jugada que promete generar ecos en todo el continente, propuso ni más ni menos que prohibir el uso de estas redes a menores de 16 años y, lo que es aún más picante, responsabilizar penalmente a sus directivos por la manipulación de algoritmos y el contenido tóxico que se vierte en ellas. La reacción, claro está, no se hizo esperar.
Pável Dúrov, el enigmático fundador de Telegram, no tardó en cargar las tintas. En un mensaje masivo a todos los usuarios españoles, una táctica que la Moncloa no tardaría en usar como prueba de la necesidad de regular, Dúrov acusó a Sánchez de atentar contra la libertad: «Estas medidas pueden convertir a España en un Estado vigilado bajo el pretexto de la protección». Una declaración que huele a pólvora y que nos invita a pensar: ¿estamos frente a una defensa genuina de la libertad de expresión o a un magnate que ve amenazado su imperio sin límites?
No es un ataque aislado, y ahí está el detalle. Es el segundo gigante de las redes que en cuestión de horas se lanza contra Sánchez. Primero fue Elon Musk, el excéntrico dueño de X, quien no escatimó en epítetos, llegando a calificar a Sánchez de “fascista” y “tirano y traidor al pueblo de España”, adornando sus tuits con un «Dirty Sánchez» y un elocuente «emoji» de caca. Dúrov, si bien más comedido en el insulto, siguió la misma línea argumental: la defensa de la libertad y la democracia. Curiosamente, son exactamente los mismos motivos que esgrime Sánchez para reclamar un freno a lo que él llama la «ley de la selva» de las redes, que, a su criterio, está minando el espíritu crítico y el debate democrático al alentar bulos y odio. ¿Quién tiene la razón en esta discusión bizantina? O, mejor dicho, ¿dónde se traza la línea entre la libertad y el libertinaje digital?
Cuando los tecnooligarcas ladran: la respuesta de la Moncloa a la furia tuitera
En los pasillos de La Moncloa, lejos de mostrar preocupación, se vive esta escalada de ataques como una confirmación: Sánchez ha puesto el dedo en la llaga. «Estamos asustando a los poderosos de verdad, es una buena señal, vamos en el buen camino», señaló un miembro del Gobierno. La percepción es clara: estos «tecnooligarcas», como los bautizó el presidente, ostentan un poder casi absoluto sobre el debate público y la información –o desinformación– que llega a millones, especialmente a los más jóvenes.
La Moncloa, ni lerda ni perezosa, difundió un documento para desmentir a Dúrov, con un argumento de peso: el propio mensaje masivo y no autorizado del fundador de Telegram a los usuarios españoles, una especie de cadena nacional digital sin permiso, es la prueba irrefutable de la necesidad de regulación. «Los españoles no podemos vivir en un mundo en el que tecno-oligarcas extranjeros puedan inundar nuestros teléfonos de propaganda a su antojo solo porque el Gobierno ha anunciado medidas para proteger a los menores y hacerles cumplir la ley», sentenciaron. La retórica oficial es contundente: Dúrov «está siendo investigado por su posible responsabilidad en delitos graves» y su plataforma ha sido un «espacio recurrente para actividades criminales documentadas», incluyendo redes de abuso sexual infantil y tráfico de drogas. Un panorama sombrío que plantea una pregunta inquietante: ¿hasta qué punto la libertad de expresión se convierte en una excusa para la impunidad?
Óscar Puente, el ministro de Transporte, Defensa y ¿opiniones picantes? –uno de los más activos en redes–, no dudó en sumar leña al fuego desde X: “Es muy potente la idea del presidente de hacer responsables de los dueños de las redes del contenido dañino que se vierte en ellas. El día que una empresa que tenga una red social tenga que responder del contenido se acabó la fiesta. Es el fin de estos sátrapas”. Una declaración que, aunque visceral, plantea un punto central: la responsabilidad de los que lucran con el contenido, sea este constructivo o destructivo.
Desde Harvard, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también alzó la voz, afirmando que el mensaje de Dúrov era una clara señal: «Quieren acabar con el Gobierno de España». Y sentenció, con la vehemencia que la caracteriza: «El dueño de una plataforma digital no puede creerse que está por encima de un gobierno legítimo, democrático, que ha salido de las urnas». Díaz prometió que España será un «contrapeso a las imposiciones trumpistas», y que en el país «mandan los españoles y las españolas, no los algoritmos ni los señores feudales del siglo XXI». Una declaración que, más allá de la carga ideológica, subraya la profunda tensión entre la soberanía nacional y el poder transnacional de las corporaciones tecnológicas.
Regulación o censura: la batalla por el futuro de las redes en España
Sánchez y su equipo, liderados por Diego Rubio, su jefe de Gabinete, vienen masticando este discurso desde hace meses, lanzando guiños en foros internacionales como Davos. La idea es clara: los algoritmos premian los discursos de odio, envenenando el debate y, sobre todo, la visión del mundo de los más jóvenes. Es una preocupación compartida por varios gobiernos europeos, que intercambian datos y buscan soluciones, conscientes de la dificultad de regular en un escenario global, con la sombra de Donald Trump y sus amenazas de represalias a cualquier gobierno que ose tocar los intereses de las grandes multinacionales tecnológicas estadounidenses.
Dúrov, por su parte, se mostró particularmente indignado con la posibilidad de que los directivos respondan legalmente por el contenido de odio. Asegura que esto podría llevar a una «censura excesiva». «Las plataformas eliminarán cualquier cosa mínimamente controvertida para evitar riesgos, silenciando la disidencia política, el periodismo y las opiniones cotidianas. Tu voz podría ser la siguiente si desafía el statu quo», advirtió. Un argumento que no puede ser descartado de plano, dado el riesgo inherente de cualquier regulación sobre la libertad de expresión. Sin embargo, los antecedentes del propio Dúrov, quien en 2024 fue detenido en Francia por cargos que van desde blanqueamiento de crímenes hasta complicidad en la difusión de imágenes pedófilas, le restan algo de autoridad moral a su prédica.
La Moncloa, en contraste, esgrime datos contundentes: en 2025, se detectaron casi 900.000 contenidos de odio en redes sociales en España. Uno de cada cinco menores sufrió o presenció ciberacoso. Las llamadas de menores al 017 aumentaron un 41% entre 2023 y 2024. Cifras que, sin duda, invitan a la reflexión y plantean un dilema urgente: ¿es posible proteger a los más vulnerables sin caer en la tentación de la censura? La batalla por el futuro de las redes en España apenas comienza, y promete ser tan intensa como el contenido que hoy, paradójicamente, intenta regular.
