¿Inteligencia Artificial para todos o impunidad para algunos? El debate que incendia España

El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (IA) prometía mano dura, pero ¿qué pasa cuando el que mete la pata es el Estado? Las sanciones millonarias que se aplaudieron en Europa podrían quedar en un simple «¡ojo ahí!» cuando se trata de la administración pública española.

Ocho organizaciones defensoras de los derechos digitales levantaron la voz ante el Anteproyecto español de ley para el buen uso y la gobernanza de la IA. Su reclamo es claro: la ley parece tener una vara diferente para el sector público, dejando la puerta abierta a la impunidad.

¿Amonestación en lugar de multa? La polémica está servida

Mientras que las empresas que se porten mal con la IA podrían enfrentar multas de hasta 35 millones de euros o el 7% de su facturación mundial, el sector público, según el anteproyecto, solo recibiría «amonestaciones», «apercibimientos» y «actuaciones disciplinarias». ¿En serio? ¿Un simple reto para quien maneja nuestros datos y podría estar usando la IA de forma indebida?

Las organizaciones no se guardaron nada en sus alegaciones: la exclusión de multas al sector público crea «un agravio comparativo respecto de las empresas, sino también una falta de ejemplaridad pública y, sobre todo, un grave riesgo para los derechos de los ciudadanos». ¿El resultado? Usos prohibidos de la IA sin consecuencias reales.

La propuesta es contundente: multas para todos, y para los funcionarios que hagan mal uso de la IA, inhabilitación para ejercer cargos públicos. ¿Demasiado? Quizás, pero ¿cómo garantizar que el Estado no se exceda con una tecnología que podría convertirse en un arma de doble filo?

El gobierno y el laberinto de las alegaciones

El anteproyecto está en fase de consulta pública, y las fuentes del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública aseguran que están analizando un «volumen muy alto de alegaciones». Toca esperar para ver si el gobierno decide endurecer las sanciones para el sector público.

¿Es la multa la única solución? El debate se abre

Según el anteproyecto, las sanciones «muy graves» para las empresas implicarían multas millonarias por el uso de tecnologías prohibidas o por no eliminar datos cuando lo soliciten las autoridades. Pero, si el infractor es un organismo público, solo habrá un apercibimiento y posibles «actuaciones disciplinarias».

«Mi principal preocupación en torno al anteproyecto de ley es la siguiente: ¿quién protege mis derechos como ciudadano? Sabemos que la Administración está usando la IA para vigilarnos. ¿Por qué no podemos vigilar nosotros a la Administración?», se pregunta Borja Adsuara, experto en derecho digital.

Para Adsuara, la clave no es el dinero, sino la transparencia y las consecuencias claras para los malos usos. «Si una ley no tiene régimen sancionador, no es una ley, sino un canto al sol», sentencia.

Lorenzo Cotino, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), plantea otra perspectiva: «A lo mejor habría que fijarse más en las capacidades de actuación cuando se detecta que haya posibles incumplimientos, y sobre todo en la prevención». Cotino defiende la creación de un registro de algoritmos públicos para hacer seguimiento de estas herramientas y suspenderlas si no cumplen con el derecho. «Que luego haya o no una sanción puede ser también importante, pero creo que lo que más le ha de preocupar a un ciudadano es que se cuente con garantías para poder actuar desde el minuto cero», apunta.

El debate está abierto, y las posturas son encontradas. ¿Multas para todos o un sistema que priorice la prevención y la transparencia? Lo que está claro es que la regulación de la IA es un tema delicado que requiere un equilibrio entre la innovación y la protección de los derechos ciudadanos.