La Comisión Europea impuso a X (ex Twitter) una multa de 120 millones de euros, la primera bajo el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), por incumplir normas de transparencia en su repositorio de anuncios, la falta de acceso a datos para investigadores y el diseño engañoso del «blue check». La sanción, que representa el 5% de los ingresos anuales de la empresa de Elon Musk, llega en un contexto de presiones de Estados Unidos a la UE para flexibilizar sus regulaciones digitales. Tik Tok, en cambio, logró un acuerdo con Bruselas sobre transparencia publicitaria, evitando la sanción.
La Unión Europea le clavó la primera multa pesada a X, la criatura digital de Elon Musk, marcando un hito en la aplicación de su Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). Bruselas, con el martillo en alto, decidió que la plataforma del magnate no cumple con las obligaciones de transparencia exigidas, apuntando a tres flancos clave: la opacidad de su repositorio de anuncios, el acceso restringido a datos para investigadores y el diseño, por demás cuestionable, de su versión de pago, es decir, el famoso «blue check» o marca azul que aparece en algunas cuentas que abonan el distintivo. Curiosamente, o quizás estratégicamente, la Comisión llegó a un acuerdo con TikTok por uno de estos mismos asuntos, el de la transparencia publicitaria, según se anunció el pasado viernes.
Esta sanción, la primera de su tipo contra una de las grandes plataformas bajo el DSA, asciende a 120 millones de euros. A primera vista, la cifra podría parecer una caricia si se la compara con los multimillonarios «tarifazos» que Google y Apple han recibido en otros pleitos por competencia. Sin embargo, el verdadero palo se siente en el bolsillo de X: para una empresa que en 2024 ingresó unos 2.500 millones de dólares (aproximadamente 2.150 millones de euros), esta multa representa casi el 5% de sus ingresos globales. Pensemos que la última multa a Google, de 2.950 millones de euros, apenas rozó el 1% de sus arcas. La proporción, aquí, adquiere otro volumen.
El peso real de la multa: ¿advertencia o correctivo?
El «timing» de este correctivo no pasa desapercibido. La sanción llega poco después de que Estados Unidos, con una diplomacia que no disimula su interés, presionara a la UE para que relajara sus normas digitales a cambio de mejoras comerciales en el acero y el aluminio. La vicepresidenta de la Comisión, Henna Virkkunen, no dudó en responder a las acusaciones de «censura» que resonaron desde Washington. «El DSA no tiene nada que ver con la censura», explicó la finlandesa, subrayando que «esta es una decisión sobre la transparencia de X, sobre estos ‘blue checks’, que es muy importante para que los usuarios sepan de qué se trata, y sobre la falta de transparencia de su depósito de anuncios y el acceso de los investigadores». Clarito.
Los técnicos de la Comisión sostienen que la marca azul de X puede inducir a error a los usuarios, haciéndoles creer que se trata de una cuenta verificada por su autenticidad, cuando en realidad es simplemente una característica paga. Ahí radica el engaño, que le costó 45 millones de euros a Musk. La opacidad en el depósito publicitario sumó otros 35 millones, y los problemas para que los investigadores accedan a los datos, un flanco no menor, implicaron una sanción de 40 millones. Números fríos para problemas que, según Bruselas, tocan la fibra del juego limpio digital.
El enredo del «blue check»: ¿verificado o vendido?
La investigación sobre X se inició hace casi dos años. Un proceso lento, es cierto, que tuvo un paso intermedio en julio de 2024 cuando la Comisión llegó a una conclusión preliminar de incumplimiento. ¿Demasiado tiempo? Virkkunen lo acepta, pero justifica la demora: es la primera vez que se aplica esta norma, y los equipos querían una «base legal sólida» para evitar cualquier resquicio. Un parto lento, pero legalmente blindado, dirán algunos.
Con esta multa, Bruselas deja de lado los retos verbales y cruza la línea hacia el correctivo monetario, algo que hasta ahora no había hecho con Elon Musk. El magnate, dueño de Tesla, SpaceX y X, ha sido protagonista de sonoros choques con líderes y organismos europeos. Su explícito apoyo a la ultraderecha en las elecciones alemanas de principios de año fue un punto de inflexión, llevando a la Comisión a exigir transparencia a su red. «Musk puede expresar sus puntos de vista personales, sus opiniones políticas en la UE. Es su derecho», recordó entonces una portavoz de la Comisión, pero advirtió: «cuando se tiene una plataforma, es necesario asegurarse de que la plataforma opere dentro de los límites legales y que no se utilice indebidamente en los procesos electorales». La delgada línea entre la libertad de expresión personal y la responsabilidad de un gigante digital.
Musk bajo la lupa: de las palabras a los euros contantes y sonantes
En la contracara de esta historia, TikTok, la red social de videos propiedad del gigante chino Bytedance, mostró otra cintura. La empresa «ha presentado compromisos vinculantes que resuelven todas las preocupaciones planteadas por la Comisión en su investigación y en sus conclusiones preliminares de mayo de 2025», explica el comunicado de la UE. Un ejemplo de cómo ceder, a tiempo, puede ahorrar dolores de cabeza.
Pero no todo fue color de rosas para TikTok. Como X, la compañía china también tuvo sus escaramuzas con la Comisión. En su momento, intentó lanzar en España y Francia un servicio que remuneraba a los usuarios por ver videos, una suerte de «TikTok Lite». Bruselas, lejos de tomarlo a la ligera, le exigió «pruebas de su seguridad» y amenazó con suspender la aplicación bajo el amparo del DSA. Finalmente, la filial de Bytedance optó por la retirada estratégica de este servicio, demostrando que la presión europea, cuando es firme, puede hacer retroceder a los pesos pesados de la tecnología.
El DSA, aprobado en 2022 y en vigor desde 2023, es una norma ambiciosa que busca poner orden en el lejano oeste digital. Exige a las grandes plataformas –aquellas con más de 45 millones de usuarios o el 10% de la población de la UE– mantener un repositorio de anuncios «accesible y consultable». Una biblioteca de toda la publicidad que se publica en cada red, fundamental para que reguladores y sociedad civil, incluyendo investigadores, puedan detectar estafas, publicidad ilegal o campañas de desinformación coordinadas. La idea es simple: a mayor influencia, mayor responsabilidad. Una máxima que, en la era de los algoritmos y la desinformación, parece una quimera necesaria.
