El Congreso español recibió al director de Políticas Públicas de Meta para España y Portugal, José Luis Zimmermann, en lugar del esperado Mark Zuckerberg. La comparecencia abordó acusaciones de violación masiva de privacidad, la lucha contra la desinformación y la necesidad de una mayoría de edad digital. Zimmermann defendió la actuación de la empresa, minimizó el rol de las redes en la polarización social y destacó las medidas de protección y moderación de contenidos, aunque admitió desafíos en la verificación de edad.
La expectativa era grande. Tan grande como el nombre de su ausente. Pedro Sánchez, el mismísimo presidente del Gobierno, había puesto el ojo en el "patrón" de Meta, Mark Zuckerberg, esperando que se dignara a pisar el Congreso para dar explicaciones. ¿El motivo? Nada menos que "la posible violación masiva de la privacidad de millones de usuarios", según el comunicado socialista. Pero la realidad, caprichosa como pocas, trajo a un vocero: José Luis Zimmermann, director de Políticas Públicas de la multinacional para España y Portugal, quien este viernes se sentó en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital. Su misión: defender lo indefendible, o al menos lo cuestionable, frente a las sospechas de vulneración de la ley, las estrategias para atajar la desinformación y la implementación de una mayoría de edad digital, esa medida que Australia ya aplica con un éxito que, digámoslo sin rodeos, es más bien "cuestionable y aún por evaluar". De paso, Zimmermann se despachó minimizando el papel de las redes en la polarización social. Un plato fuerte, servido por un plato de entrada.
La diputada del PSOE, Patricia Blanquer, no se anduvo con chiquitas. Puso sobre la mesa una investigación de peso, fruto del trabajo conjunto de IMDEA Networks (España), la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y la Universidad de Radboud (Países Bajos). ¿El dato que hizo ruido? La "sospecha" de que “Meta utilizó durante casi un año un mecanismo oculto para rastrear la actividad web de usuarios de dispositivos Android a través de las aplicaciones de Facebook e Instagram”. Una acusación potente que exigía una respuesta clara. Zimmermann, sin inmutarse, justificó la mecánica de su empresa: “Hay sitios webs que utilizan las herramientas de negocio de Meta para poder poner sus productos y servicios en valor en el entorno digital, vender más y poder tener mejor información. Esta está sujeta a un control único de máximo nivel de protección y disponible en los servicios de Meta. Hoy, Meta no utiliza dicha información proveniente, insisto, de la actividad de los usuarios en esas webs para personalizar anuncios, es decir, para servir publicidad personalizada”. La clave, por supuesto, está en ese "Hoy, Meta no utiliza…". ¿Qué pasó ayer? ¿Y qué garantías hay de que ese "hoy" no se convierta en "mañana" con algún cambio de política? La pregunta, como un bumerán, queda rebotando en el aire.
El vocero de la multinacional, esa que nos tiene atados a Facebook e Instagram, aseguró con aplomo que en sus plataformas se aplican y respetan, ni más ni menos, los principios de la legislación europea y nacional. "Meta está comprometida con estos principios y lo demuestra de diferentes maneras", sentenció. Un compromiso que, como suele ocurrir, siempre se agradece escuchar, aunque a veces la realidad parezca querer llevarle la contra.
En esa misma línea, defendió la aspiración de la compañía: que sus plataformas sean "seguras y fiables, en las que las personas puedan expresarse con libertad". Un lema noble, sin duda, que en el laberinto digital actual se presenta como un desafío colosal.
Y aquí es donde el contexto cobra relevancia. Sin nombrar a la plataforma X, pero con la sombra de un informe reciente que reveló la escalofriante cifra de tres millones de imágenes sexualizadas —más de 23.000 de ellas de menores— generadas en la red de Elon Musk en apenas once días, el directivo de Meta se apuró a marcar la cancha. "Somos muy claros, no se permiten determinados tipos de contenido o comportamiento en nuestras plataformas", afirmó. Y añadió que, para alcanzar ese "equilibrio entre libertad de expresión y seguridad", Meta adopta un "enfoque integral para abordar contenidos o actividades potencialmente perjudiciales en sus plataformas". Una diferenciación de la competencia que no llegó por casualidad.
Para sustentar su postura, Zimmermann se dedicó a detallar el arsenal de Meta: "normas" para la comunidad, "herramientas de denuncia fáciles de usar", mecanismos para las alegaciones de los usuarios y una "tecnología para ayudar a detectar y actuar sobre el contenido infractor". Con una pizca de optimismo, agregó: "A veces, incluso antes de que alguien lo haya visto en línea". Un trabajo de bomberos digitales, uno podría pensar, en un incendio que no para de crecer.
El vocero insistió en que Meta no se esconde: publican informes anuales de transparencia y regulatorios, además de centros de información donde se detalla cómo se actúa sobre los contenidos. Habló de verificadores y evaluaciones para "entender y reducir los riesgos sistémicos" relacionados con la ilegalidad, la seguridad pública, la protección de menores o, el gran tema, el "debate cívico durante los procesos electorales". Una suerte de "todo bajo control" que, en la práctica, suele tener sus grises.
¿La polarización, un problema ajeno a las redes? La visión de Meta
Aquí llegó uno de los puntos más sensibles: la polarización y la desinformación. Zimmermann, con una plasticidad argumentativa notable, minimizó el papel de las redes sociales en esta ecuación. Si bien admitió que son preocupaciones "legítimas" en cualquier democracia, no dudó en cuestionar la "evidencia científica" sobre la real relevancia de las plataformas en este fenómeno. Su explicación fue contundente: “La polarización política tiene múltiples factores: condiciones económicas, confianza institucional, cambios en el entorno mediático y dinámicas sociales más amplias y muchas de estas tendencias son anteriores a las redes sociales”. Una suerte de lavado de manos digital, que desplaza la responsabilidad a un mosaico de causas más amplias.
"Diversos estudios solventes", prosiguió el vocero, "sugieren que las redes sociales no son el principal motor de la polarización y que la evidencia de un efecto generalizado es, como mínimo, limitada". ¿Un respiro para los gigantes tecnológicos o una simplificación excesiva de un problema complejo? "No implica que deban ignorarse estas preocupaciones, sino que las respuestas deben ser basadas en evidencia proporcionadas y coherentes", sentenció, dejando entrever que, para Meta, la solución no pasa por mirar solo su propio patio.
Sobre el espinoso asunto de las cuentas falsas y las conductas malintencionadas, Zimmermann se comprometió a librar una batalla incansable para eliminar tantas como sea posible, priorizando aquellas con "intención maliciosa", como estafas, manipulación coordinada y suplantación. Sin embargo, en un rapto de pragmatismo —o quizá de honestidad brutal—, advirtió: la cantidad de contenido que se cocina a diario es "ingente" y "la frontera entre lo ilegítimo y lo legal es muy fina". Un reconocimiento tácito de que la tarea, aunque loable, raya en lo quimérico.
Niños, pantallas y el dilema de la edad digital: ¿quién cuida a los más jóvenes?
Y la charla viró hacia los más vulnerables: los menores. El responsable de Meta en la Península defendió que su empresa implementa "medidas de protección más específicas" para usuarios menores de 16 años. Regulan quién puede contactarlos, qué contenido pueden ver y el tiempo que pueden dedicar a la plataforma. No obstante, en un pase de manos bastante habitual, hizo un "llamamiento a los padres" para que supervisen la actividad digital de sus hijos y, por supuesto, defendió con ahínco el establecimiento de una mayoría de edad digital. Como en Australia, donde el límite es 16 años. Una medida que, por cierto, generó más de un dolor de cabeza en su implementación.
Pero no todo es color de rosa en el mundo de la protección. Acto seguido, advirtió sobre la intrincada "dificultad de verificar la edad de los usuarios". Su lógica era inobjetable, aunque con un sabor a excusa: “Si no podemos reconocer o no podemos deducir cuál es la edad de estos, difícilmente les podremos adaptar la experiencia. Esto es clave”. La pescadilla que se muerde la cola: queremos proteger, pero no podemos saber a quién proteger.
El telón de fondo político: entre la ironía, la acusación y el «no me toquen los contenidos»
En la platea del Congreso, el público era selecto: solo representantes del PSOE, Sumar, PP y Vox. Teslem Andala (Sumar) no dudó en poner los puntos sobre las íes, recordando que los contenidos digitales "afectan de lleno a la calidad de la democracia, al acceso a la información y al ejercicio efectivo de los derechos fundamentales". Y para que no quedaran dudas, desempolvó las sanciones impuestas a la multinacional por previas vulneraciones normativas. Manuel Mariscal (Vox), cuyo partido no es precisamente ajeno a las mieles de la polarización, se posicionó, como era de esperar, en contra de la moderación de contenidos. Tiró dardos insinuando que el Gobierno "insta a la eliminación" de aquello que no le es favorable y, de paso, aprovechó el balcón para tildar a RTVE de plataforma de bulos. Juan Luis Pedreño (PP), con una cuota de ironía que no pasó desapercibida, se refirió a la ya célebre ausencia de Zuckerberg y cuestionó las verdaderas intenciones del PSOE al solicitar la presencia de Meta en una comisión dedicada a la tramitación de un proyecto de ley sobre la gobernanza democrática en los servicios digitales. Al final, la trama de siempre: cada uno barriendo para su propio lado, mientras los desafíos digitales siguen creciendo a la velocidad de la luz.
