Desde Dubái, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció un paquete de cinco medidas para regular drásticamente las redes sociales, calificándolas de «Estado fallido». Las propuestas incluyen prohibir el acceso a menores de 16 años, responsabilizar penalmente a los directivos de plataformas, criminalizar la manipulación algorítmica y cuantificar el odio online. El ambicioso plan, que también contempla la investigación a gigantes como Grok y TikTok, enfrenta el desafío de un gobierno en minoría y la falta de detalles sobre su implementación.
Desde el lejano Dubái, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lanzó este martes un audaz paquete de medidas destinado a ponerle coto a los desmanes de las gigantes digitales y garantizar un entorno digital, a su entender, más seguro. Con una retórica que no dejó indiferente a nadie, Sánchez calificó a las redes sociales como «un Estado fallido, donde se ignoran las leyes y se toleran los delitos».
En esa misma línea, prometió «protegerles del salvaje Oeste digital», anunciando la prohibición de acceso a redes sociales a menores de 16 años. Una medida que exige a las plataformas implementar sistemas efectivos de verificación de edad y que, cabe destacar, ya está contemplada en un proyecto de ley en trámite en el Congreso, siguiendo los pasos de países como Portugal o Francia.
El mandatario no dudó en señalar la desproporción: «Las redes sociales, sus empresas, son más ricas y más poderosas que muchos países, incluyendo el mío. Pero su poder e influencia no nos deben dar miedo porque nuestra determinación es mayor». Un aviso a navegantes que se lanzó tras advertir en Davos sobre los mismos peligros el año anterior. Sin embargo, el anuncio, cargado de promesas de acción inmediata –»Empezando la semana que viene, mi Gobierno va a tomar las siguientes medidas»–, se topa con la cruda realidad de un Gobierno en minoría parlamentaria, lo que dibuja un escenario complejo para la materialización de estas propuestas si requieren el aval del Congreso.
La caza mayor: directivos y algoritmos bajo la lupa
Entre las cinco acciones esbozadas, aunque sin el detalle de cómo y cuándo se abordará cada una de ellas, la más resonante apunta a los pesos pesados. «En primer lugar, vamos a modificar la legislación en España para que los directivos de las plataformas sean legalmente responsables de las múltiples violaciones que tienen lugar en sus plataformas. Eso significa que los consejeros delegados de esas plataformas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidad penal si no retiran contenidos de odio o ilegales», explicó Sánchez.
Si bien la Unión Europea ya exige responsabilidades a las grandes plataformas a través del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) –y ha propiciado multas como la aplicada a X por 120 millones de euros por falta de transparencia–, la novedad que apunta el presidente radicaría en trasladar la responsabilidad legal de estas infracciones directamente a los directivos. Una jugada audaz cuya implementación específica y alcance penal aún están por verse.
¿Un código sin neutralidad? La polémica de los algoritmos
Pero no solo los directivos estarán en la mira. Sánchez también anunció que se «tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales». Con una frase que busca desactivar cualquier excusa, afirmó: «Se acabó ocultarse bajo el código y decir que la tecnología es neutra». La ambigüedad sobre qué se entiende exactamente por «manipular algoritmos» y el instrumento normativo a utilizar, abre un flanco de debate, justo cuando la Fiscalía de París registra las oficinas de X y convoca a Elon Musk para que declare por manipulación de algoritmos.
En una movida que busca objetivar lo subjetivo, el presidente español también prometió implantar «un sistema, una huella de odio y polarización que seguirá, cuantificará y revelará cómo las plataformas digitales alimentan la división y amplifican el odio». Un sistema ambicioso que, según Sánchez, servirá de «base para definir las futuras sanciones, porque difundir odio tiene que tener un coste: un coste legal, por supuesto, también un coste económico y un coste ético que las plataformas ya no se podrán permitir ignorar».
Finalmente, el quinto punto anunció una ofensiva directa: «Mi Gobierno va a trabajar con nuestra Fiscalía para investigar y enjuiciar los delitos cometidos por Grok [la inteligencia artificial de X], TikTok e Instagram. Vamos a tener una tolerancia cero en estas cuestiones y vamos a defender nuestra soberanía digital contra cualquier tipo de coerción extranjera». Una declaración que resuena tras las recientes investigaciones a Grok por la difusión de imágenes sexualizadas de menores, un tema que ya ocupa a la Comisión Europea.
El objetivo, según Sánchez, es «convertir las redes sociales en un espacio saludable y democrático, como siempre debería haber sido». Una meta formidable, cuya consecución, él mismo reconoce, «excede con mucho las fronteras de cualquier país». De ahí la anunciada «coalición de los digitalmente dispuestos» con otros cinco países europeos, que buscará una normativa «más estricta, más rápida y más efectiva» y cuyas acciones coordinadas se esperan en los próximos días.
En un cierre grandilocuente, Sánchez instó a la acción frente a «la convergencia de dos fracasos: un espacio digital sin responsabilidades que nos debilita desde dentro y un orden global que está bajo presión desde fuera». La batalla está planteada, los frentes son múltiples y la pregunta es si la determinación española será suficiente para torcerle el brazo a un «Estado fallido» con un poder que, hasta ahora, parecía inquebrantable.
