Estados Unidos, bajo la Administración Trump, ha revocado los visados a cinco influyentes europeos, incluyendo al excomisario Thierry Breton y a directivos de organizaciones que combaten la desinformación y el discurso de odio. La Casa Blanca acusa a estos individuos de promover la «censura» y «hacer listas negras» de la prensa estadounidense, en respuesta directa a la normativa europea DSA que busca regular a las grandes tecnológicas. Los afectados y el Parlamento Europeo denuncian un ataque a la soberanía comunitaria y un «macartismo digital» al servicio de los intereses de gigantes como X (ex Twitter) y Meta.
Nochebuena, tiempo de festejo y encuentros, se convirtió en una jornada de sorpresiva incomodidad para Clare Melford, una británica de 52 años. El 23 de diciembre, un correo electrónico le informaba que el estatus de su visado para ingresar a Estados Unidos, donde tenía planeado viajar por trabajo en enero, pasaba de "aprobado" a "pendiente". Apenas unos minutos después, su teléfono estalló con mensajes de familiares y colegas: Sarah B. Rogers, subsecretaria de Estado de EE UU, la citaba en un tuit como una de las cinco extranjeras a quienes la nación del norte había decidido negar la entrada. "Melford dirige el Global Disinformation Index (GDI), una organización que monitoriza webs en busca de ‘discurso del odio’ y desinformación. (…) Esta ONG usa el dinero de los contribuyentes para exhortar a la censura y hacer listas negras de prensa estadounidense”, disparó Rogers.
“Fue un shock. Nunca es agradable ser señalada así, especialmente horas antes de Nochebuena, cuando lo que quieres es envolver regalos y pelar verduras”, explicó Melford a EL PAÍS por correo. El 24 de diciembre, el programa ESTA, que gestiona los visados, le confirmaba que su viaje no estaba autorizado. “No me dieron ninguna explicación, ni me la han dado hasta ahora”, lamenta, aún sin decidir si iniciará acciones legales.
El excomisario europeo de Mercado Interior y Servicios Digitales, Thierry Breton, una pieza de caza mayor en este quinteto de vetados, sí recurrirá a los tribunales. ¿Su "crimen"? Ser acusado de ser “el cerebro del Reglamento de Servicios Digitales” (DSA), la normativa comunitaria que busca, ni más ni menos, que domar a las grandes tecnológicas, exigiéndoles transparencia y responsabilidad por los contenidos que pululan en sus plataformas. Una movida que, de entrada, ya genera debate: ¿es regulación o es censura lo que tanto molesta al otro lado del Atlántico?
Un vent de maccarthysme souffle-t-il à nouveau ? 🧹
Pour rappel : 90 % du Parlement européen — démocratiquement élu — y los 27 Estados miembros a la unanimidad han votado el DSA 🇪🇺
A nuestros amigos americanos : « La censura n’est pas allí donde ustedes piensan. »
— Thierry Breton (@ThierryBreton) December 23, 2025
La Administración Trump no esconde sus cartas: esta decisión de negar visados es una respuesta directa a la supuesta “censura” que la Unión Europea aplica a redes sociales como X, propiedad de Elon Musk (quien fue asesor estrella del presidente Donald Trump y principal mecenas de su campaña), o a Instagram y Facebook, de Meta. El mismísimo secretario de Estado, Marco Rubio, fue contundente: se les vetó porque “han llevado a cabo esfuerzos organizados para coaccionar a plataformas estadounidenses y censurar, desmonetizar y suprimir puntos de vista americanos”.
El "castigo" de la Casa Blanca a estos cinco particulares, a quienes tilda de “activistas radicales”, incluye a Melford, Breton y a otros tres directivos de organizaciones sin ánimo de lucro que, precisamente, trabajan para combatir el odio y la desinformación. Lo que Rubio, desde su atalaya, cataloga como “censura”. Breton es, sin duda, el objetivo más político de la lista; el resto, han contribuido de una u otra forma a que la UE pueda aplicar medidas correctoras a las todopoderosas tecnológicas, ya sea obligando a retirar bulos o imponiendo multas por saltarse la regulación.
“¿Están soplando de nuevo vientos de macartismo?”, tuiteó el político francés, apenas enterado de la prohibición. “El 90% del Parlamento Europeo y los 27 Estados miembros votaron por unanimidad la DSA”, recordó, enfatizando la legitimidad democrática de la medida. Y sí, el término "macartismo" no es descabellado. El Parlamento Europeo, aunque con un mes de demora, respondió a finales de enero con un comunicado rotundo: “Esta es una personalización inaceptable de las políticas de la UE, un precedente peligroso para la independencia de las instituciones europeas y un ataque a la soberanía regulatoria comunitaria”. Un mensaje claro: el viejo continente no está dispuesto a que le dicten cómo debe regular su espacio digital.
Cuando la Casa Blanca abraza la causa de las grandes tecnológicas
“Esto va sobre las Big Tech. Sabemos que no le gustamos a Elon Musk: nos demandó hace dos años y ganamos el juicio. Esta vez ha preferido pulsar el botón nuclear. Ha llamado a sus amigos de la Casa Blanca y les ha pedido que les ayuden a quitarnos de en medio”, disparó Imran Ahmed, director del Center for Countering Digital Hate (CCDH), en videollamada desde Washington. La institución que dirige este politólogo nacido en Manchester ha documentado el aumento exponencial de contenidos racistas, antisemitas y de extrema derecha que inundaron Twitter desde que Musk la adquirió y rebautizó como X. No es casualidad que la multa de 120 millones que le impuso en diciembre la Comisión Europea a X, la primera en virtud de la DSA, por falta de transparencia en la publicidad y el diseño engañoso del blue check, se apoyara precisamente en informes del CCDH.
Hace apenas semanas, la institución de Ahmed, en una investigación conjunta con The New York Times, reveló que los usuarios de Grok, la herramienta de inteligencia artificial de Musk, generaron la friolera de tres millones de imágenes sexualizadas en X en solo 11 días, incluyendo más de 23.000 de menores. Un dato que, de por sí, debería encender todas las alarmas y que, efectivamente, llevó a la Comisión Europea a lanzar una nueva investigación sobre Grok y X. Parece que la "censura" que tanto denuncia la Administración Trump, por momentos, choca con la realidad de contenidos bastante menos inocentes.
El caso de Ahmed, sin embargo, tiene un matiz particular: es el único de los cinco europeos vetados que reside en EE UU, donde se mudó hace cinco años y donde vive con su mujer e hija, ambas ciudadanas estadounidenses. Con una vida montada allí, sus motivos para la inquietud son palpables. “Quieren que los agentes del ICE derriben mi puerta, me arresten y me trasladen a estados como Luisiana, donde tienen jurisdicciones más favorables que en Washington D.C. o Nueva York”, confiesa, revelando la escalada de la presión.
El macartismo digital: ¿libertad de expresión o defensa de intereses?
Por convicción y por la vida que construyó, Ahmed ya ha recurrido a la vía judicial. “No puedes retirarle a alguien su estatus de residente legal permanente sin ir a los tribunales. Y, ahí, los hechos importan. Yo tengo la tranquilidad de que la lógica por la que quieren deportarme es fundamentalmente inconstitucional: la libertad de expresión está explícitamente protegida por la primera enmienda”, afirmó, plantando bandera. Su previsión le jugó a favor: semanas antes del anuncio de Rubio, algunos artículos de prensa, citando fuentes anónimas, adelantaban que la Administración Trump iría por él. Ese aviso le dio el tiempo para "juntar un gran grupo de abogados". El 24 de diciembre, un juez federal de Nueva York le concedió una orden de restricción temporal (TRO), bloqueando cualquier arresto o deportación hasta marzo de 2026. Una pequeña victoria en medio de la tormenta.
“Las últimas semanas han sido muy estresantes, tanto desde un punto de vista profesional como personal”, confesó la alemana Anna-Lena von Hodenberg, de 44 años, codirectora de HateAid. Esta sociedad sin ánimo de lucro de Berlín brinda ayuda psicológica y asesoramiento jurídico a víctimas de discursos de odio en línea, desde amenazas de muerte hasta de violación. Los informes de HateAid son leídos con atención en Bruselas y han sido clave para la aplicación de la DSA, esa normativa tan "odiada" por la Administración Trump.
Este, seguramente, es el motivo por el que Von Hodenberg y su colega Josephine Ballon, de 35 años, también figuran en la lista negra de la Secretaría de Estado. A pesar de que su trabajo se centra en Europa, el radar de la Casa Blanca las captó tras una entrevista que Ballon dio en marzo del año pasado al programa 60 Minutes de la cadena CBS. “Eso provocó una tormenta masiva de críticas y troleo de usuarios estadounidenses”, recordó la alemana. Tres horas antes de que Rubio anunciara el castigo, Ballon, quien tenía un viaje planeado a EE UU, recibió un correo revocando su autorización ESTA.
El veto ya está teniendo consecuencias, lamenta Von Hodenberg: “Dos importantes socios financieros nos han retirado su apoyo en el último mes”. Y la advertencia se agrava: “Esto nos ha obligado a hacer cambios internos para protegernos. Nos estamos preparando por si recibimos sanciones más duras todavía”, añade esta periodista de formación, mientras evalúan si tomarán o no medidas legales.
El choque de soberanías: ¿quién regula el ecosistema digital?
“Esto no va sobre nosotras: el gobierno de EE UU está desafiando la soberanía europea y trata de obstruir la aplicación la normativa comunitaria, concretamente la DSA, en las empresas estadounidenses”, opinó Von Hodenberg, y la claridad en su análisis es incisiva. Su organización defiende a las personas atacadas online. El CCDH elabora informes cruciales para la aplicación de la DSA. El GDI, la institución que dirige Melford, monitoriza noticias en busca de desinformación y discursos de odio, compartiendo esa información con anunciantes para que decidan dónde colocar su publicidad. “No censuramos. No boicoteamos. Nosotros solo investigamos y compartimos nuestros datos con las partes interesadas. Y el hecho de que me veten solo nos hará trabajar con más ahínco”, desafía Melford.
“Las grandes redes sociales no quieren implementar la normativa de los países europeos, donde ganan miles de millones de euros. El gobierno de EE UU les está apoyando amenazando con aranceles o con disminuir su implicación en la OTAN”, apunta Von Hodenberg, dibujando un panorama donde la geopolítica se entrelaza con el negocio digital. “La sanción que nos han impuesto a nosotras y a los otros tres europeos es un nuevo paso en esa escalada. En nuestra opinión, el debate sobre la censura es una excusa para defender los intereses económicos de las empresas a las que protegen”, sentenció, dejando poco a la imaginación sobre los verdaderos motivos.
“Están tratando de silenciar nuestras investigaciones”, espeta Ahmed, con la misma determinación. “Creo que eso nos da más fuerza, tanto a mí como a los otros cuatro ciudadanos europeos vetados en EE UU, para seguir trabajando, porque si molestamos [a la Casa Blanca] quiere decir que algo bueno estamos haciendo”. El británico, aferrado a su familia y su vida en EE UU, está dispuesto a dar batalla. “Los Gobiernos se portan mal a menudo. Somos nosotros, la ciudadanía, quienes no podemos dejar que lo hagan. Si no peleamos, si aceptamos la situación, lo perdemos todo”, concluyó, con un mensaje que trasciende la mera cuestión de visados para convertirse en una defensa de principios fundamentales en el nuevo campo de batalla digital.
