Ciudad versus Gallardo: el tango de la seguridad en la marcha de jubilados
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires rechazó el fallo del juez Roberto Gallardo que impedía la participación de las fuerzas de seguridad federales en el operativo de seguridad durante la movilización de jubilados realizada el miércoles 9 de abril. La administración porteña, al igual que el Ministerio de Seguridad de la Nación, apeló la decisión judicial.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, defendió la postura del ejecutivo local argumentando la necesidad de un abordaje dinámico de las manifestaciones. «Una manifestación es un fenómeno dinámico (…) Lo que seguro va a pasar es que vamos a garantizar la seguridad en la Ciudad con las fuerzas federales y con las fuerzas de la Ciudad, como siempre”, declaró.
La decisión de Gallardo, emitida en respuesta a un amparo presentado por la CGT, la UTEP y la UEJN, establecía que solo la Policía de la Ciudad podía intervenir en la custodia de la marcha. Sin embargo, la Procuración General porteña, a cargo del Dr. Agustín Luzzi, apeló la medida calificándola de «improcedente» y argumentando que «afecta la división de poderes» ya que el juez «se arroga facultades propias y excluyentes del Poder Ejecutivo».
Cruce de acusaciones entre Nación y el Juez Gallardo
El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, no solo rechazó el fallo sino que también solicitó una investigación contra el juez Gallardo por «mal desempeño». Según Fernando Soto, representante legal del Ministerio, el amparo se basó en «una situación futura e hipotética» y en «un planteo abstracto, basado en noticias periodísticas». Además, criticó que Gallardo no haya considerado la opinión de la fiscalía, que calificó una posible intervención judicial de «palmariamente indebida». La denuncia del Ministerio acusa al juez de haber asumido su jurisdicción «en tiempo récord» para justificar su intervención.
