Corte Suprema confirma condenas por cortes de ruta y reabre causas por corrupción
En una serie de fallos emitidos este jueves, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó condenas relacionadas con cortes de ruta en las provincias de Jujuy, Salta y Chubut. Simultáneamente, el máximo tribunal reabrió una investigación por corrupción contra un exdiputado radical de Entre Ríos.
Condena a la mano derecha de Milagro Sala ratificada
La Corte desestimó el último recurso presentado por la defensa de Mirta Rosa «Shakira» Guerrero y Patricia Evangelina Jaldín, colaboradoras de la líder social Milagro Sala, confirmando así su condena a tres años y tres meses de prisión efectiva por el robo al equipo periodístico de Jorge Lanata en Jujuy en 2012. El incidente ocurrió cuando las condenadas, junto a otras personas, intentaron impedir la filmación de un informe sobre la Tupac Amaru, llegando a sustraer la cámara y la unidad de almacenamiento con el material grabado.
Tanto Guerrero como Jaldín enfrentan otras acusaciones penales relacionadas con su participación en la organización liderada por Sala. «Shakira» Guerrero, en particular, ya fue condenada a seis años de prisión por asociación ilícita y fraude a la administración pública en un caso que involucró la extracción de una importante suma de dinero de una sucursal bancaria.
Reapertura de causa contra exdiputado entrerriano y otros fallos
La Corte Suprema ordenó la reapertura de la investigación contra el exdiputado radical de Entre Ríos, Ricardo Troncoso, imputado por peculado en la causa conocida como «Contratos Truchos». La decisión revoca el sobreseimiento anterior dictado por la justicia entrerriana, argumentando que la fiscalía no había solicitado la prórroga en la investigación. El caso se centra en la presunta sustracción de fondos públicos a través de contratos fraudulentos durante el período en que Troncoso ejerció como diputado provincial.
En otros fallos, la Corte confirmó la validez de la investigación contra Ernesto «Kila» Gonza, exintendente de San Lorenzo, Salta, acusado de peculado, incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública por la contratación irregular de una empresa vinculada a un familiar. Asimismo, se desestimó un recurso y se dejó firme la condena de tres meses de prisión en suspenso para una docente de Chubut que participó en protestas por el pago de salarios atrasados en 2019.
