El Gobierno disuelve la Unidad de Investigación de $LIBRA: ¿Misión cumplida o capítulo cerrado en falso?
El Gobierno Nacional formalizó hoy la disolución de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) sobre la criptomoneda $LIBRA, creada en medio de la polémica por el criptoactivo que generó fuertes pérdidas a inversores.
A través del Decreto 332/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo argumenta que la UTI «ha dado cumplimiento a la tarea que le fuera encomendada».
La decisión, que lleva la firma del Presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, cierra un capítulo que comenzó con el escándalo de $LIBRA, una criptomoneda impulsada y promocionada por el propio Presidente antes de asumir su cargo. La creación de la UTI, dispuesta por el Decreto 114/25, buscaba, según se había anunciado, investigar el origen, desarrollo y posibles vinculaciones de $LIBRA, incluyendo la remisión de información al Ministerio Público Fiscal. Precisamente, el nuevo decreto establece que la información recopilada por la UTI ya fue remitida a la Justicia.
Sin embargo, la disolución de esta unidad genera más interrogantes que certezas.
¿Qué se investigó? ¿Quiénes son los responsables?
Hasta el momento, no se ha publicado ningún informe oficial o comunicado por parte del Ministerio de Justicia que detalle las conclusiones a las que llegó la UTI.
Tampoco se ha informado públicamente sobre la identidad de los desarrolladores originales de $LIBRA ni se han revelado posibles nexos con funcionarios del actual gobierno, una de las principales sospechas que rodeó el caso desde un principio.
La falta de transparencia en este proceso es motivo de preocupación. ¿Significa esta disolución que la investigación judicial está avanzada y que se han identificado responsables? ¿O es una forma de cerrar el tema sin dar explicaciones detalladas a los miles de damnificados por la criptomoneda?
La UTI se creó con el objetivo de arrojar luz sobre un caso que afectó a un gran número de ciudadanos. Ahora, su abrupta disolución, bajo el argumento de «misión cumplida», deja un sabor agridulce y la sensación de que muchas preguntas clave aún permanecen sin respuesta.
Será tarea del Ministerio Público Fiscal, que ahora tiene la información en sus manos, dar la continuidad necesaria a la investigación y, en su caso, llevar a los responsables ante la justicia.
