El vocero presidencial Manuel Adorni explicó este viernes el impacto fiscal de la medida aprobada en el Congreso, señalando que tendrá un costo de 1,9 billones de pesos. En conferencia de prensa, expuso distintos escenarios para dimensionar la magnitud del gasto adicional.
Las alternativas que planteó Adorni
Según el vocero, financiar ese nivel de erogación equivaldría a:
- Suspender por cuatro meses el presupuesto del Poder Legislativo, lo que implicaría que diputados y senadores dejen de percibir sus sueldos.
- Incrementar en tres puntos el IVA, con el consecuente impacto sobre precios y consumo.
- Suspender por cuatro meses los planes sociales que hoy llegan a millones de beneficiarios.
- Recortar durante cuatro meses el presupuesto del Poder Judicial.
Adorni subrayó que “cada peso que se gasta debe financiarse” y remarcó que el desafío del Gobierno es sostener el orden fiscal en un contexto de alta sensibilidad económica. “Hay que ver si los legisladores que votaron están dispuestos a asumir los costos que implica”, apuntó.
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Un mensaje político y económico
El análisis del vocero buscó marcar la contradicción entre la aprobación de la medida y las fuentes reales de financiamiento. “No existen los recursos mágicos: cualquier decisión de gasto implica elegir entre recortes o mayores impuestos”, insistió.
La advertencia abre un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, en momentos en que la administración busca mostrar disciplina fiscal y contener las expectativas inflacionarias. Mientras tanto, el debate político gira en torno a quién pagará la cuenta de los 1,9 billones de pesos adicionales.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió que la medida aprobada en el Congreso tendrá un costo fiscal de 1,9 billones de pesos y planteó que, para financiarla, deberían aplicarse recortes drásticos como suspender por cuatro meses el presupuesto legislativo o judicial, congelar los planes sociales o incrementar en tres puntos el IVA.
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Zappo te lo cuenta
Cuando el vocero Manuel Adorni tomó el micrófono, el aire en Casa Rosada se volvió casi de stand-up económico. Con tono serio, lanzó la cifra que busca sacudir conciencias (y bolsillos): lo aprobado ayer cuesta 1,9 billones de pesos. El equivalente a apagar las luces del Congreso cuatro meses y mandar a diputados y senadores a hacer home office… sin sueldo.Como si se tratara de un menú de recortes imposibles, Adorni ofreció las otras opciones: subir el IVA tres puntos —una especie de “combo” inflacionario para todos—, suspender por cuatro meses los planes sociales o recortar el presupuesto judicial. El mensaje fue claro: si quieren gastar, alguien va a tener que poner la billetera.Más allá del dramatismo fiscal, el discurso buscó dejar en evidencia la magnitud del costo y trasladar la presión política hacia quienes celebraron la votación. Porque en la narrativa oficial, el gasto no es un número neutro: es un juego de suma cero donde lo que se aprueba en el recinto se paga en la calle.
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