Paritaria estatal a la deriva: sueldos devaluados y despidos en la mira
La mesa de negociación paritaria para los empleados estatales correspondiente al período 2024-2025 se inauguró este miércoles, pero con el sabor amargo de la resignación. El objetivo manifiesto del encuentro, según voceros oficiales, fue protocolar: posibilitar el pago de un exiguo incremento salarial del 1% en los haberes de junio, un porcentaje que palidece frente a la inflación acumulada y la pérdida del poder adquisitivo denunciada por los gremios.
Desde ATE y UPCN, los principales referentes sindicales del sector, la lectura es lapidaria: los salarios de los trabajadores estatales habrían sufrido una caída del 36% desde la asunción del gobierno de Javier Milei en diciembre pasado. Este retroceso se suma a una drástica reducción de la planta estatal, que según cifras oficiales asciende a 47.100 agentes. Sin embargo, los gremios matizan esta cifra, advirtiendo que cerca de 10.000 empleados no fueron cesanteados, sino que se acogieron a retiros voluntarios o directamente renunciaron, agotados por la precaria situación económica y lo que califican como «maltratos» en el ámbito laboral.
Un ritual sin contenido
La reunión paritaria se llevó a cabo de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, y contó con la presencia de funcionarios de segunda y tercera línea en representación del Ejecutivo. Los delegados gremiales esperaban al menos una propuesta concreta que permitiera recomponer, aunque fuera mínimamente, el poder de compra de los salarios. Sin embargo, se encontraron con un escenario desolador: no hubo oferta salarial de ningún tipo, ni tampoco novedades sobre la actualización del ítem presentismo ni del régimen de dirección pública, un suplemento monetario clave para funcionarios jerárquicos que permanece congelado desde el año pasado.
Flavio Vergara, referente de ATE, no escatimó críticas y calificó el encuentro como «un ritual vaciado de sentido». Según su análisis, la respuesta oficial ante la pérdida salarial y la reducción de la planta estatal es evasiva. «Cuando le decimos que perdimos más del 40 por ciento del salario y el mismo porcentaje de la planta estatal se encuentra bajo la línea de pobreza, ni siquiera pueden sostener la mirada», expresó. Para Vergara, la única hoja de ruta del gobierno parece ser «la baja de salarios y el desguace de funciones esenciales para el pueblo».
La fuga silenciosa y la desesperación
El panorama se agrava al considerar otros focos de conflicto. El Hospital Garrahan es un ejemplo palpable, donde especialistas denuncian ingresos de $700 mil, sumas que resultan insuficientes para hacer frente a los costos de vida actuales. Paralelamente, el Ministerio de Desregulación y Modernización del Estado, bajo la órbita de Federico Sturzenegger, baraja posibles fusiones de organismos, como la ANAC y el ORNSA en el sector aeroportuario, lo que podría derivar en nuevos despidos o la colocación de personal en «disponibilidad». Actualmente, según ATE, unos 2 mil estatales se encuentran en esta situación, cobrando pero sin trabajar y sin reubicación, lo que podría significar su desempleo definitivo en los próximos meses.
En UPCN, la preocupación también es palpable. Recientemente, medio centenar de trabajadores del ministerio de Sturzenegger fueron cesanteados, señal de que la política de ajuste no se detiene. A pesar de que el propio Sturzenegger se jactó en los medios de comunicación de haber despedido a unos 47 empleados públicos, los gremios insisten en la cifra de casi 10.000 trabajadores que optaron por irse por su propia voluntad, hastiados de las condiciones laborales y salariales. En organismos clave como la ANMAT y el Instituto Malbrán, se registró la renuncia de unos 40 técnicos calificados en cada uno, una fuga de talento que debilita la capacidad del Estado en áreas sensibles.
La situación es crítica, y un relevamiento de ATE pone números a la desesperación: trabajadores en ministerios como las Fuerzas Armadas o la obra social IOSFA, con categorías iniciales que apenas superan los $330 mil, no llegan a cubrir la canasta básica alimentaria, que asciende a $502.291. Para aquellos que ingresaron bajo el convenio SINEP, los ingresos iniciales, aunque un poco mayores, tampoco alcanzan para sostener una vida digna. Las expectativas de los gremios son bajas: no esperan que los futuros aumentos superen la pauta del 1% mensual, dejando entrever que la política de ajuste llegó para quedarse, al menos por ahora.
