El Gobierno nacional anticipó que impulsará una reforma laboral como una de las iniciativas centrales en la segunda parte del mandato de Javier Milei. Según informaron fuentes oficiales, el proyecto será parte del paquete legislativo que el oficialismo enviará al Congreso en diciembre, cuando espera ampliar su representación parlamentaria.
La Casa Rosada considera que la legislación actual desalienta la generación de empleo registrado, especialmente en pequeñas y medianas empresas (pymes). En ese sentido, la reforma buscará reducir la litigiosidad laboral y reformular el sistema de indemnizaciones, considerado por sectores empresariales como desproporcionado.
El año pasado, la Ley Bases incluyó algunos cambios iniciales, como la creación de la figura del trabajador independiente con colaboradores, y modificaciones al régimen indemnizatorio. No obstante, en el oficialismo reconocen que el impacto fue limitado y que persisten los altos niveles de conflictividad judicial.
“Industrias del juicio” y pymes en jaque
Empresarios, abogados laboralistas y funcionarios coinciden en señalar el peso de las demandas laborales sobre las pymes. Según un informe presentado ante el Senado, el 50% de las pequeñas empresas enfrenta al menos un litigio activo, y en muchos casos, los montos condenatorios superan en más de 10 veces el valor original reclamado.
Uno de los fallos citados como emblemático es el caso “Oliva c/ COMA S.A.”, en el que una condena por $2 millones se transformó en $165 millones por acumulación de intereses y recargos. La Corte Suprema de Justicia declaró la sentencia inconstitucional por considerarla “exorbitante y desproporcionada”.
En otro fallo reciente —“Lacuadra c/ DIRECTV”— el Máximo Tribunal volvió a cuestionar la razonabilidad de los montos indemnizatorios, aunque las decisiones no resultan vinculantes para tribunales inferiores, lo que limita su impacto estructural.
El caso de la psiquiatra y el fallo millonario
Uno de los ejemplos que circula en el ámbito empresarial involucra a una médica psiquiatra que, tras renunciar en 2017, demandó a la clínica donde trabajaba. Aunque su salario era de $32.550, la justicia condenó a la empresa y a su director en forma solidaria a pagar más de $125 millones, según consta en el expediente.
El abogado Carlos Cedro, patrocinante de la parte demandada, señaló que aplicando la tasa activa y la fórmula clásica de indemnización, el monto actualizado debería rondar los $1,8 millones. “Pero el fallo multiplica ese valor por más de 6.000%”, advirtió.
Un impacto sobre el empleo registrado
Analistas aseguran que este tipo de situaciones desincentiva la contratación formal, generando un entorno de riesgo elevado para quien decide emplear. De hecho, desde el Gobierno vinculan el crecimiento del trabajo no registrado —que se habría triplicado desde los años 90— al temor a la litigiosidad laboral.
“Este sistema está diseñado para desalentar al emprendedor”, argumentan en despachos oficiales. “Si queremos crear empleo genuino, necesitamos una legislación laboral moderna, eficiente y equilibrada”.
Un nuevo paquete legislativo
El oficialismo trabaja en una batería de proyectos que incluirán la reforma laboral, previsional y fiscal. La intención es presentarlos en diciembre, tras las elecciones legislativas intermedias. Desde el entorno presidencial reconocen que se trata de reformas “impopulares”, pero consideran que son indispensables para consolidar el modelo económico que propone Milei.
Mientras tanto, en el Congreso, la oposición ya anticipa resistencia. Desde la CGT y el sindicalismo apuntan a que cualquier intento de flexibilización será rechazado. Pero el oficialismo confía en que, con el respaldo electoral y la presión del sector privado, las reformas podrán avanzar.
